De conservarse esa tendencia, el deterioro ambiental costará 30% del PIB, anticipa

América Latina requiere ahora de la participación social como nueva forma para gobernar, afirma Carlos Jarque

ANTONIO CASTELLANOS ENVIADO

Fortaleza, Brasil, 16 de marzo. Con graves problemas sociales que incluyen un crecimiento mínimo de 1.5 por ciento en América Latina, un incremento del número de pobres en 8 millones, elevando a 180 millones la cifra de personas que viven en condiciones de miseria, y enormes daños para los mantos acuíferos y el ambiente, comienza en Monterrey la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.

Carlos Jarque, gerente del departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), planteó este dramático panorama: "El costo por la contaminación del agua, del aire, por la sobrexplotación de recursos naturales, por erosión o deforestación", llega en algunos países de la región a niveles de casi 10 por ciento del PIB.

En el escenario de Monterrey, sostuvieron los dirigentes de la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL), encabezados por su secretario ejecutivo, José Antonio Ocampo, deberá analizarse los efectos de que en 2002 se completarán tres años consecutivos de disminución de flujos provenientes de la inversión extranjera directa.

Jarque indicó que las estadísticas sobre medio ambiente son alarmantes, pero quizás lo sea más el hecho de que si se mantienen esas tendencias de deterioro durante las próximas décadas, en los próximos 30 años, lo que habrá de deducirse del PIB ya no será 10, sino 33 por ciento. Es decir, para la próxima generación el costo ecológico pudiera significar más de 30 por ciento del valor total de la producción.

Jarque, ex director del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, presentó un estudio sobre la situación en América Latina y cuestionó las políticas ambientales. Si se analizara su comportamiento, se encontraría que cada gobierno llega con su propio programa social. Muchas veces no se consulta a la sociedad y muchas veces no hay evaluación de los esfuerzos previos.

No hay, indicó, permanencia. Los beneficios potenciales con frecuencia se ven truncados y la gente sigue en la pobreza y en la desilusión. Por eso el desarrollo democrático, el crecimiento económico sustentable y el bienestar social están interrelacionados. Por ello el pensamiento segmentado de lo político, lo económico y lo social ya no es adecuado.

Manifestó que el desarrollo de la democracia y el avance económico de la región exigen una nueva forma de gobernar; gobernar con la participación. Esto exige superar la exclusión social, integrando la democracia a la actitud económica y al bienestar de todos los ciudadanos independientemente de su sexo, religión, ideología o raza.

Pero, aclaró, hay muy pocas experiencias y muy poco conocimiento de cómo hacerlo y hacerlo bien. Es decir, de cómo tener procesos de gestión eficientes y transparentes, que involucren a la sociedad reconociendo su derecho y su responsabilidad.

Este es uno de los grandes desafíos del gobernar de hoy, y es un desafío especialmente crucial para la ejecución de las políticas sociales y ambientales en las que el éxito de las políticas descansa precisamente en la participación y el compromiso de la población.

En el BID, aseguró, estamos convencidos que los procesos de diálogo ambiental y social constituyen la base indispensable para asegurar políticas de Estado efectivas y sustentables. Por ello promoverá esos procesos en la región y apoyará a los gobiernos para que lleven a cabo esos proyectos.

Es muy importante, agregó, atender políticas ambientales con visión de largo plazo y en eso el diálogo social es básico. Ahí descansa una conciencia colectiva que también debe velar por el futuro.

Se refirió al enorme reto en materia de pobreza. Habló de los 180 millones de pobres en la región y del propósito de los gobiernos latinoamericanos para reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la marginación para 2015. Esto significará lograr un crecimiento de 3.4 por ciento per cápita en forma anual.

Dijo que en 2001 se estima que el crecimiento por persona estuvo entre 0.5 a 0.7 por ciento. Para este año puede estar entre 2 y 2.5 por ciento. En 2003 se tiene la proyección de 3 por ciento. A estas cifras hay que deducirle el crecimiento poblacional.

Así que, de llegar a un crecimiento de 3.4 por ciento per cápita anual, es algo que costará trabajo, por lo menos en los próximos años. De hecho esta tercera parte del tiempo de ahora hasta 2015, será difícil alcanzar estas cifras de 3.4 por ciento.

Por eso es que se debe buscar el mayor impacto en reducción de la pobreza, por cada punto porcentual del crecimiento; esto implica que debemos concretar mejores estrategias, que debemos lograr sustento social en los programas y visión más allá del corto plazo.

Sin duda, el diálogo social es un elemento básico de las democracias modernas, pero también es esencial para el crecimiento económico, para el bienestar, para la eficacia de las políticas públicas y para aproximarnos a las políticas de Estado.

Jarque puntualizó que la experiencia demuestra que para la eficacia de las políticas públicas deben ser concebidas éstas como un tema de las sociedades, de los gobiernos y de los ciudadanos.

Lo anterior es particularmente cierto en ambientes democráticos, en los cuales ahora viven nuestros países que debemos fortalecer. La legitimidad de origen de nuestros gobiernos son las elecciones libres.

Los gobiernos deben ser renovados cotidianamente mediante el funcionamiento efectivo y transparente de las instituciones de la democracia, pero también abriendo canales de participación de los ciudadanos en el diseño y en la implementación de políticas públicas.

Concluyó: "Las políticas públicas requieren para su eficacia y sustentabilidad ser consensuadas, pero también concebidas con un horizonte temporal que cubre no sólo más de un periodo de gobierno, sino como en el caso de las políticas sociales y de medio ambiente, una o más generaciones".