Sanciones a 236 funcionarios públicos
Alto índice de quejas contra la PGJDF
Le siguen Reclusorios y Seguridad Pública
Hoy comparece el ombudsman ante la ALDF
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
De
las 5 mil 893 quejas que recibió la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal en el último año, 3 mil 927
fueron admitidas como presuntamente violatorias de los derechos humanos,
y de éstas, mil 608, casi 40 por ciento del total, son contra la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 800 contra
los diferentes reclusorios varoniles de la ciudad y 526 contra la Secretaría
de Seguridad Pública.
El informe anual que entregó la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, previo
a la comparecencia, este lunes, del comisionado Emilio Alvarez Icaza, señala
además que resultado del seguimiento de las quejas, un total de
236 funcionarios han sido sancionados mediante suspensión, inhabilitación
temporal, multa, amonestación, sanción económica e
incluso con la consignación penal y la prisión.
En este caso, la lista también la encabeza la PGJDF,
con 117 servidores públicos sancionados, seguida con 95 de la SSP,
21 de otras dependencias del gobierno capitalino y tres del Tribunal Superior
de Justicia del DF.
Además, la CDHDF da seguimiento a 781 procedimientos
administrativos, 624 averiguaciones previas y 75 procesos penales contra
funcionarios públicos.
Solo tres recomendaciones cumplidas
En el periodo comprendido del primero de abril de 2001
al 28 de febrero de 2002, de los cuales los últimos cinco meses
corresponden a la gestión de Alvarez Icaza, quien sucedió
en la presidencia del organismo a Luis de la Barreda, se emitieron ocho
recomendaciones, de las cuales solamente tres fueron cumplidas por las
autoridades requeridas: la SSP, por la destitución injustificada
de un policía; la PGJDF y la Dirección General de Prevención
y Readaptación Social, por omitir notificar a los jueces del cumplimiento
de órdenes de aprehensión e internamiento de inculpados,
y la delegación Iztapalapa, por el arrendamiento irregular de lanchas
de motor.
En un caso, por la negativa infundada de instalar una
toma de agua, la delegación Xochimilco se negó a aceptar
una recomendación.
En los restantes cuatro las dependencias a las que se
dirige no han dado total cumplimiento: dos la jefatura de Gobierno del
DF relacionados con deficiencias en los juzgados cívicos y por la
calidad de los chalecos blindados de los policías de la SSP; la
Secretaría de Transporte y Vialidad, por ineficiencia del Instituto
del Taxi, y el TSJDF, deficiencias en la vigilancia de sus instalaciones.
Funcionarios sancionados
Del informe de la CDHDF, en el apartado del programa Lucha
contra la Corrupción, se desprende que de los funcionarios sancionados
con suspensión temporal de labores un total de 68 pertenecen a la
PGJDF, de los cuales 52 son agentes del Ministerio Público, 11 policías
judiciales, 2 oficiales secretarios, un perito y dos administrativos.
De la SSP fueron 22 servidores públicos suspendidos,
entre éstos 15 policías sectoriales y tres metropolitanos,
un auxiliar y tres administrativos. Otros seis funcionarios sancionados
pertenecen a diferentes áreas del gobierno de la ciudad.
De los funcionarios contra los que se ejercitó
acción penal, 18 son policías judiciales, entre ellos un
jefe de grupo; 19 son preventivos de la SSP y uno administrativo de la
misma dependencia; cinco son custodios de los reclusorios varoniles; dos
de la Secretaría de Salud y un empleado de la delegación
Miguel Hidalgo.
De éstos, están en la cárcel 29 policías
de Seguridad Pública, dos agentes judiciales, un custodio y una
enfermera.
Ausente el caso Digna Ochoa
El informe omite adelantar sobre la investigación
que el ombudsman realiza sobre la actuación de la PGJDF relacionada
con las denuncias que presentó la abogada Digna Ochoa y Plácido
antes de su muerte, y sólo menciona entre sus actividades relevantes
el pronunciamiento que los diez integrantes del Consejo de la CDHDF emitió
el 31 de octubre pasado respecto de la muerte de la defensora de derechos
humanos.
Destaca cuatro programas de acción: Fortalecimiento
Institucional; Divulgación y Difusión institucional; Vinculación
Social y Participación Ciudadana; Combate a la delincuencia y educación
y capacitación en derechos humanos.
En el marco de las acciones contra la discriminación,
la CDHDF se reunió con más de 100 representantes de organizaciones
de mujeres, personas que viven con VIH/sida, comunidad de sordos y grupo
lésbico gay. Proporcionó asesoría jurídica
a 60 mujeres sexotrabajadoras de la zona de La Merced para asuntos relacionados
con abuso y violación sexual, maltrato infantil, violencia familiar,
detención arbitraria y tutela de menores, además se mantuvo
en constante relación con autoridades de la delegación Venustiano
Carranza para establecer convenios que impidan detenciones arbitrarias,
abuso de poder y extorsión en contra de las trabajadoras sexuales.
Proporcionó cursos y talleres a 3 mil 167 funcionarios,
entre ellos de la PGJDF, la SSP, la Secretaría de la Defensa Nacional
y comisiones de Derechos Humanos estatales.
Finalmente, la Casa del Arbol recibió a 10 mil
995 niñas y niños de diferentes escuelas e instituciones
públicas y privadas; capacitó a 308 profesores en materia
de derechos de la infancia, y mediante el programa Te oímos
atendió 152 llamadas telefónicas relacionadas con problemas
de maltrato emocional y físico, derechos de los niños, violencia
familiar, orientación a padres, abuso sexual, problemas conductuales
y emocionales.