Existe dilación en la integración de la averiguación, admite Sales
Rechaza Bátiz el informe de quejas contra la PGJDF; pide analizar cuántas son procedentes
SUSANA GONZALEZ Y ANGEL BOLAÑOS
Frente al primer lugar que mantiene la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el número de quejas que en su contra ha recibido la CDHDF, Bernardo Bátiz, titular de la dependencia, consideró que "un gran número son argucias de los abogados o de las personas que están sujetas a una indagatoria o averiguación previa y que se quejan como modo de defensa".
Bátiz fue entrevistado en la Asamblea Legislativa, donde Emilio Alvarez Icaza, presidente de la CDHDF, informó durante su comparecencia que en el último año ha recibido mil 608 quejas contra la procuraduría capitalina, que representa 39.2 por ciento del total de casos atendidos por el organismo y que prácticamente duplica los de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del gobierno capitalino.
Sin embargo, el procurador manifestó que debe analizarse cuidadosamente cuántas de esas quejas "son procedentes y tienen fundamento". Muchas de ellas, agregó, se refieren a atrasos en los procedimientos judiciales o violaciones procesales, pero subrayó que en la PGJDF se procura no violar las garantías individuales y prueba de ello es que ya no son frecuentes las acusaciones de tortura, como ocurrió en el pasado.
En cambio, según dijo luego de la reunión del gabinete de seguridad pública, el número de quejas que proceden no es tan importante y lo atribuyó a que "cuando hay personas que son detenidas o que son puestas a disposición del Ministerio Público o ante el juez, pues su respuesta es quejarse". No obstante, insistió en que todas ellas "se aclaran perfectamente".
Por su parte, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia, admitió que la PGJDF tiene "una serie de problemas por solucionar", ya que muchas de las quejas "provienen de la dilación en la integración de la averiguación previa y de la atención al público en las agencias ministeriales, situaciones que muchas veces responden a "un problema sistemático de nuestra estructura procesal que tiene que ser modificado".
Comentó que la carga de trabajo es muy amplia, por lo que es necesario aplicar mecanismos que permitan agilizar la integración de las indagatorias y atender al público con eficiencia y rapidez, puesto que hay casos en los que una agencia del MP atiende simultáneamente un homicidio, una violación y un daño en propiedad ajena.
En otros casos son cuestiones que de ninguna manera son imputables a la Procuraduría, por ejemplo, cuando es el médico legista el que no está disponible para practicar alguna diligencia.