Malos manejos de agentes de la comisión, refiere Di Costanzo

$350 mil millones, el monto del saneamiento

ANTONIO CASTELLANOS

El monto de los recursos destinados al programa de intervención y saneamiento asciende a 350 mil millones de pesos, cifra que representa 47 por ciento de los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB). Es necesario realizar una auditoría al desempeño de los interventores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), porque hay evidencias de negligencia, corrupción y discrecionalidad

Al finalizar la reunión de diputados con el presidente de la CNBV, Jonathan Davis, Mario Di Costanzo, ex secretario técnico de la Comisión para Investigar el funcionamiento del IPAB, manifestó también que se requiere a la brevedad contar con un inventario físico y legal de la situación de los activos de la banca intervenida, así como de su valor real.

Hizo ver que se requiere modificar la ley del IPAB y su programa de enajenación de activos, para realizar la venta de éstos de manera expedita. Y advirtió: "de no ser así, es muy probable que al IPAB le cueste más administrar los activos que recibirá de la banca intervenida, que los recursos que obtenga de la enajenación de ellos".

A juicio del investigador, la banca intervenida no cuenta con un control eficiente ni con proyecciones acerca del valor real de sus activos, y en muchos casos se sobrestima el monto de los activos y de su recuperación.

Después de presentar un análisis de la banca intervenida, expuso que existe un manejo poco transparente de ésta. A grado tal es la situación que ni siquiera el IPAB cuenta con un inventario y un control real de los activos que tienen dichas instituciones. Esta situación tiene su origen en la actitud negligente y sospechosa que la CNBV ha asumido.

Ello también ha impedido que el IPAB asuma el control y la administración de los bancos intervenidos.

Jonathan Davis precisó que ya sólo faltan por entregar al IPAB tres bancos intervenidos: Anáhuac, Industrial y Sureste. El instituto deberá decidir si se venden o se liquidan. En el caso de Quadrum, precisó, se actuó con prontitud y se calcula que el costo fiscal será de mil millones de pesos. Se busca actuar de manera pronta cuando un banco presente deficiencias en su salud financiera.

Sin embargo, Di Costanzo afirmó que, con la información entregada por el IPAB, resulta imposible conocer el valor real de los activos y mucho menos el estimado de recuperación.

Según el analista, frente a la indiferencia de la CNBV acerca de los requerimientos del IPAB, éste deberá ejercer las medidas legales conducentes para que se finquen las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales contra los responsables de negligencia y se proceda a completar la solicitud de información.