Si el presente gobierno parece, por momentos, hacer agua por sus múltiples ineptitudes, su carencia de una política exterior propiamente dicha no sólo resulta desastrosa para el actual grupo gobernante sino para el país en su conjunto. Es cierto que esa carencia no empezó con la presidencia de Vicente Fox, sino en el sexenio anterior, y que en los gobiernos de Salinas y De la Madrid el quehacer de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue perdiendo eficiencia, claridad y principios. Pero hoy es sumamente grave que, en los últimos 15 meses, la política externa ha sido remplazada por las filias, las fobias y los intereses personales del canciller Jorge G. Castañeda.

En una primera apreciación, sería inevitable pensar que el objetivo del actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores es socavar en forma acelerada la imagen nacional e internacional de su jefe, el Presidente de la República; sin embargo, la falta de reacción de éste y de los integrantes del equipo presidencial ante las catástrofes provocadas por Castañeda obligan a preguntarse si el pleno uncimiento de nuestro país a los lineamientos geopolíticos de Estados Unidos es realmente un objetivo sexenal o una mera maquinación personal del actual canciller.

El hecho es que, en el proceso de sometimiento a Washington, se ha desmantelado el perfil característico del Estado mexicano en la comunidad internacional y se han desechado las nociones básicas de soberanía, defensa de la autodeterminación, no intervención, vigencia de la legalidad internacional y solución pacífica y negociada de los conflictos internacionales y nacionales.

En esa lógica se inscribiría el caudal de provocaciones contra el gobierno cubano. El régimen de Fidel Castro puede no ser del agrado de Castañeda, pero ello no lo convierte en el enemigo de los mexicanos, como podría concluirse de la actuación de la cancillería frente a La Habana. En esa misma lógica podría comprenderse el empeño de Tlatelolco por justificar y acompañar el atroz viraje a la ilegalidad emprendido por Washington a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre, así como la creciente distancia entre el optimismo del discurso oficial ante las relaciones bilaterales con Estados Unidos y la total ausencia de resultados en las negociaciones con ese país --si es que realmente ha habido tales negociaciones-- en materias que debieran ser absolutamente prioritarias para México, como el cese del hostigamiento y la persecución contra los connacionales que buscan trabajo del otro lado del río Bravo.

El actual gobierno parece haber decidido cargar con el enorme costo político de ese viraje, pero la sociedad en su conjunto no tiene por qué pagar las consecuencias. En esa medida, la ausencia de política exterior y su remplazo por una simple gestión de sometimiento debe ser motivo de una movilización social tan decidida como han sido diversos desatinos gubernamentales en materia de política económica. En esta perspectiva, el Poder Legislativo debe manifestar claramente si responde a sus electores o, como sucedía en tiempos del priato, al Ejecutivo y sus empleados.