Sería parte de la corrupción descubierta por Tamez Pérez, la regidora ejecutada

Interrogan al tesorero municipal de Atizapán por presunto desvío de recursos por $30 millones

SILVIA CHAVEZ GONZALEZ CORRESPONSAL

Atizapan de Zaragoza, Mex., 26 de marzo. Alberto Torres, tesorero municipal, fue citado por la Procuraduría General de Justicia mexiquense para que explique un presunto desvío de 30 millones de pesos, que sería parte de la corrupción descubierta por la regidora panista María de los Angeles Tamez Pérez, ejecutada el pasado 5 de septiembre.

Durante dos horas el agente del Ministerio Público interrogó a Torres Almeida sobre el presunto uso irregular de 30 millones de pesos que según el procurador estatal, Alfonso Navarrete Prida, se tiene como una prueba "preliminar de desvío" de recursos públicos municipales de Atizapán.

Torres Almeida insistió en declarar que "no hay tal desfalco".

Entrevistado en sus oficinas de palacio de gobierno, el tesorero atizapense comentó que fue citado a rendir una segunda declaración ministerial, al igual que la subdirectora de Recursos Financieros, María del Carmen Olvera, y la jefe de Departamento, Sandra Martínez -quien no acudió a la cita debido a que se encuentra de vacaciones-, como parte de las diligencias judiciales que se siguen para el esclarecimiento del homicidio de la regidora Tamez Pérez.

Dijo que en su interrogatorio una y otra vez explicó al Ministerio Público que hay un dictamen parcial, no oficial, de Glosa, en el que refiere observaciones administrativas por 30 millones de pesos, mismas que de confirmarse deberán ser solventadas con la presentación de los documentos necesarios, pero aclaró que ello no implica la existencia de un desvío de recursos públicos.

Por su parte, el alcalde interino Enrique González señaló que para terminar con especulaciones solicitó a la Contaduría General de Glosa efectúe una auditoria integral a las direcciones de Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Protección Civil, en las que "puede haber focos de corrupción que no queremos asumir como propios", dijo.

Explicó que las investigaciones seguidas por la procuraduría mexiquense han creado un ambiente de intranquilidad en el gobierno atizapense.

Por ello, dijo, es necesario que la dependencia actúe legalmente "si asegura contar con pruebas sobre irregularidades detectadas en la administración", y si el alcalde Antonio Domínguez Zambrano y los otras seis personas arraigadas en un hotel de Tlalnepantla tienen alguna responsabilidad, "pues que se actúe en consecuencia", aseveró.

González Fonseca consideró que el gobierno mexiquense efectúa acciones de presión política contra municipios que son gobernados por el Partido Acción Nacional, tales como Huixquilucan, Ecatepec y Tepotzotlán, entre otros.

En tanto, este martes el alcalde atizapense arraigado, Antonio Domínguez Zambrano, recibió la visita de su abogado Marcos Castillejos, quien aún no ha sido reconocido por la Procuraduría General de Justicia del estado de México como tal.