Represor camaleónico, empresario efímero, torturador capturado
Hace casi año y medio que Ricardo Miguel Cavallo es uno más de los internos del Reclusorio Oriente, lugar al que fue remitido tras su detención el 24 de agosto de 2000 en el aeropuerto internacional de Cancún, identificado como uno de los principales torturadores de la dictadura militar que asoló Argentina de 1976 a 1983.
No obstante, los que quisieran no haberlo tenido enfrente nunca y lo recuerdan por sus alias de Marcelo y Sérpico no podrán ver cumplido su anhelo de que sea extraditado a España por los tres delitos de los que se le acusa: genocidio, terrorismo y tortura, ello debido a que el juez primero de distrito B de amparo en materia penal, Juan García Orozco, ordenó ayer a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sacar del acuerdo mediante el cual concede la extradición el cargo de tortura, porque éste "ya prescribió".
Pese a su tenebroso pasado, sobre el cual al parecer ninguna autoridad mexicana indagó, Ricardo Miguel Cavallo o Miguel Angel Cavallo -nombre con el cual fue solicitada su extradición- se convirtió en 1999 en director del Registro Nacional de Vehículos (Renave), al ganar su adjudicación, dejando atrás su faceta de capitán de corbeta en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), considerado uno de los principales centros de represión de aquel régimen militar encabezado por Jorge Rafael Videla.
Pero en su nuevo papel de empresario no duró mucho, ya que poco menos de un año después fue arrestado por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) cuando tramitaba su documentación migratoria, tras una breve escala realizada por el vuelo 1691 de Mexicana de Aviación en Cancún, que lo llevaría a su natal Argentina a buscar las pruebas que supuestamente lo desligarían de los señalamientos de un reportaje que dejó al descubierto su identidad.
Era un viaje redondo: su regreso a México estaba previsto para el jueves 31 de agosto, pero se frustró gracias al trabajo conjunto de la Interpol, la Procuraduría General de la República (PGR), la PFP y el Instituto Nacional de Migración, pero sobre todo a una entrevista telefónica en vivo que concedió a un noticiario radiofónico y que permitió identificar en dónde se encontraba, con lo que se logró evitar su aparente fuga.
A este ex marino, que se acogió en su país a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las que lo liberan de cualquier delito cometido durante la dictadura, se le acusa de estar implicado en 423 actos genocidas.
Es por estos delitos de lesa humanidad que involucran a ciudadanos españoles que el juez Baltasar Garzón giró la orden de extradición en su contra. Y es que para el juzgador de la Audiencia Nacional de España está acreditada con el testimonio de 22 personas que padecieron sus excesos entre 1976 y 1980, su identidad como "interrogador-torturador".
Allí están los testimonios de sus víctimas, Víctor Bazterra, quien fue secuestrado junto con su esposa, Dora Seoane, y su hija de dos meses, y de Osvaldo Barros, así como el secuestro del periodista Juan Gasparini, de Thelma Cabezas y la desaparición de Carlos Alberto Chiappolini, entre tantos otros.
Para Garzón no existe duda de que Cavallo fue uno de los integrantes del llamado grupo de tareas de la Esma, que se encargaba de las desapariciones, eliminación de personas, delitos contra la propiedad y allanamientos, y que habría sido uno de los creadores de los campos de trabajos forzados en los que los prisioneros eran utilizados como "mano de obra esclava".
La detención de Ricardo Miguel Cavallo no sólo trajo consecuencias para él, sino también para Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Normatividad de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) -que encabezaba Herminio Blanco-, quien aparentemente al no soportar el fracaso en que se empezaba a convertir el Renave a raíz de la detención del marino argentino, decidió la madrugada del 7 de septiembre de 2000 quitarse la vida en circunstancias poco claras.
Su cuerpo desangrado fue encontrado cerca del parque nacional La Marquesa con dos cortes en el cuello, otros en ambas muñecas y uno en el muslo derecho. Dejó seis cartas póstumas en las que se deslindó del escándalo generado por la llegada de Cavallo al Renave.
El primer paso para llevar a cabo la extradición del argentino a España lo dio el entonces juez sexto de distrito en materia de procesos penales federales, José Guadalupe Luna Altamirano, quien el 12 de enero de 2001 emitió su opinión jurídica sobre la solicitud de extradición, convalidando ésta al considerar que España tenía extraterritorialidad para conocer del caso.
Aunque su opinión jurídica sólo establecía que la extradición de Ricardo Miguel Cavallo era procedente por los delitos de terrorismo y genocidio, lo que sentó las bases para que el 2 de febrero de ese mismo año la SRE emitiera el acuerdo -que hoy debe ser modificado- mediante el cual México concedió la extradición, proceso que se ha prolongado más de lo que esperaban quienes conocieron y padecieron a Marcelo o Sérpico, y que vuelve a verse retrasado ahora que el juez García Orozco concedió el amparo solicitado por la defensa de Cavallo, a cargo de Manuel García Plata, aunque sólo para que se corrija el acuerdo de la cancillería y se conceda la extradición por los delitos de genocidio y terrorismo.CAROLINA GOMEZ MENA
