ASTILLERO
Julio Hernández López
UN CARPINTERO ha dejado de cargar la cruz y ha vuelto a ser libre. Durante siete meses estuvo recluido en el penal de alta seguridad de La Palma, sometido a las extremas y traumáticas medidas de seguridad que allí se aplican, entre otros, a los capos del narcotráfico. Un tribunal federal, sin embargo, lo consideró este martes inocente de tres de los cuatro cargos que le había fincado la Procuraduría General de la República (PGR), la cual lo acusaba de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en la colocación de los artefactos de fabricación casera que el 8 de agosto de 2001 estallaron en tres sucursales capitalinas de Banamex.
NADA HABIA QUE INCULPARA a Sergio Galicia Max en la comisión de los delitos de daño en propiedad ajena, terrorismo y delincuencia organizada, como finalmente reconoció el segundo tribunal unitario de Toluca (a unos días de su detención se supo con claridad que Sergio era un trabajador de la madera sin complicaciones ideológicas o políticas, dedicado a ganar lo necesario para el sustento diario, lector de periódicos deportivos que cuando fue estudiante reprobó materias de ciencias sociales). Según lo que con mucho optimismo fueron autodenominadas investigaciones policiacas, el carpintero que no era de Nazaret fue inculpado por tres motivos: uno de los automóviles en que se habrían trasladado los colocadores de explosivos habría estado esa noche de los estallidos afuera de su casa, sería suya una credencial encontrada en el hogar de los hermanos Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo Contreras (acusados de los mismos delitos, junto con Pablo Flores Alvarado), y la casa que habitaba le había sido vendida por la madre de los Cerezo, que habría usado un nombre ficticio.
TODO RESULTO FALSO o insuficiente pero, aun así, sus acusadores (la PGR) sostuvieron durante esos siete meses el proceso que lo mantuvo en la cárcel e, incluso, sus juzgadores le quitaron tres de las cuatro causas pero le mantuvieron viva la correspondiente a la posesión de cartuchos de uso particular y reservado, pues en su casa le fueron encontradas cuatro balas de calibre 16 y nueve de calibre 30-30 (pertenecientes éstas, según se dijo en aquel agosto de los petardos inocuos, a la carabina revolucionaria de un abuelo que sólo alcanzó a dejar como recuerdo los proyectiles no usados).
LA FALSEDAD DE LAS ACUSACIONES, pero sobre todo las evidencias tempranas de esa falsedad, mostraron la urgencia del gobierno foxista de castigar presuntos responsables y dar por cerrado (presuntamente solucionado) un episodio que le incomoda especialmente: los riesgos de la insurrección armada. Adolfo Aguilar Zinser, antes de pasar de los asuntos de inteligencia y seguridad nacionales a la embajada ante la ONU (que lo mantiene en Nueva York, pero no le permitió acercarse al Monterrey castañedista), llegó al extremo frívolo de proponer a los grupos guerrilleros que optaran por métodos de relaciones públicas: "... yo les garantizo -dijo, al otro día de los estallidos- que cualquiera de estos grupos puede organizar una conferencia de prensa, y tener mucho más impacto en la sociedad, y explicarnos mejor cuáles son sus causas, que poner bombas en bancos".
LA URGENCIA DEL GOBIERNO foxista en desarmar las utopías de izquierda le llevó, pues, a construir acusaciones mentirosas contra el carpintero Galicia Max, y a mantener en prisión a los hermanos Cerezo Contreras, a cuyas presunciones de culpabilidad el gobierno sumó el terriblemente condenatorio expediente de su participación abierta en el activismo huelguista de la UNAM. A todos, al carpintero, a los hermanos Cerezo y a Flores Alvarado, se les encarceló a partir de los sospechosos estallidos en las sucursales de Banamex, a pesar de que desde un principio se desechó el basamento jurídico clave del daño en propiedad ajena. De cualquier manera, el terrorismo y la delincuencia organizada se mantuvieron como causas punitivas, a pesar de que no se habían expresado en daños, sino en humo y escándalo.
EN SANTA ANA, una población cercana a Los Angeles, habitada principalmente por personas de origen latinoamericano, Carlos Bartolomé Vázquez vive una pesadilla a causa de haber tomado grabación en video de la ciudad donde vive para enviársela a sus familiares en Puebla, su lugar de nacimiento. Entre las tomas que hizo incluyó un edificio federal, lo que convirtió a este "hispano" -como impropiamente llaman en Estados Unidos a los latinoamericanos- en sospechoso de preparar actos terroristas. Según la detallada información que envió a El Universal su corresponsal en San Francisco, Araceli Martínez Ortega, el poblano ha sido interrogado intensa y a veces ofensivamente por agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN). Desesperado, "yo hasta les dije que, por Dios, que no era culpable de nada, y ellos me dijeron que esos que citan a Dios o a su madre son los peores".
CARLOS BARTOLOME VAZQUEZ se dedicaba a la venta de helados en su propio vehículo, y estaba en espera de que el gobierno estadunidense le resolviera su petición de estancia legal a partir de que un hermano suyo es ciudadano de aquel país y estaba solicitando la unificación familiar. Luego de interrogatorios, algunos de ellos acompañados de detectores de mentiras, y presentación de fotografías de un árabe que era comprador de sus helados, el mexicano fue citado el 20 de diciembre en las oficinas de la FBI. "En mi desesperación por encontrar ayuda ante el problema que estoy viviendo -explicó-, y no acudir solo a la cita, fui al consulado, y pedí hablar con el cónsul en Santa Ana, pero me dijeron que estaba ocupado, y me atendió una persona de protección que se apellida Calderón. A su vez, él me mandó con otra persona, quien a su vez me recomendó a un abogado que me cobraba 2 mil 500 dólares, nomás de entrada. Por supuesto, yo no tenía ese dinero, y tuve que enfrentarme de nuevo con la gente de la FBI, solo, sin ayuda legal".
EL 3 DE ENERO del presente año, el poblano fue invitado por agentes del SIN a "acompañarlos". En realidad, le dijeron "que era un indocumentado, y me tuvieron encerrado durante un mes en Lancaster". Su hermano, que había estado en Puebla, pagó 5 mil dólares de multa cuando regresó y se enteró de la detención. Ahora, Carlos Bartolomé Vázquez tiene cita para el 18 de abril y ni siquiera puede trabajar, pues le quitaron la licencia de manejo del vehículo en que vendía nieve. Cree, según le dijo a la corresponsal Martínez Ortega, que existen más mexicanos en condiciones similares, pero que "no lo reportan por temor". Yo siento, agregó, "que con los latinos se han ensañado más, y no creo que a otras razas las estén hostigando como a nosotros. Alguien tiene que denunciar los excesos que está cometiendo la FBI en contra de los latinos".
DOS CASOS PARA estos días de reflexión.
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