Los estatutos admiten varias interpretaciones sobre condiciones para acceder al cargo

La definición sobre la secretaría general del PRD quedaría en manos del Consejo Nacional

La comisión de garantías examina mecanismos para nuevos comicios en seis entidades

Aún por resolverse, una parte de la distribución de los delegados al Congreso Nacional

RENATO DAVALOS

La Comisión de Garantías y Vigilancia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) analizará la definición de la secretaría general del partido y turnará el caso al Consejo Nacional para su resolución. Asimismo se determinarán los mecanismos para los nuevos comicios locales en siete entidades, seenfrentará un dilatado litigio de un mes para ventilar impugnaciones y abrir paso a la instalación de los nuevos congreso y consejo nacionales, a principios de mayo.

El complejo proceso que significó hacer ocho elecciones en un mismo día apenas ha dado luz sobre los resultados relativos a las presidencias partidistas nacional y estatales. Además todavía falta la distribución, con base en la votación, de los delegados al congreso y los nuevos consejeros nacionales.

Se trata de los máximos órganos de dirección del PRD. El Congreso Nacional es la instancia suprema de decisión, integrada por mil 100 delegados electos el domingo 17, distribuidos geográficamente con base en la representación proporcional, más ocho delegados y delegadas en cada consejo estatal también bajo el principio proporcional y los integrantes del saliente Consejo Nacional.

De los listados que presentaron las distintas planillas en los estados, la asignación se hará de acuerdo con la afiliación en cada entidad y los votos totales y porcentajes que tuvo el PRD en la última elección de 2000. Por ejemplo: al Distrito Federal y al estado de México, las dos entidades más importantes para el perredismo, corresponden unos 330 delegados, es decir, 30 por ciento del total nacional.

En este congreso se sumará también la representación partidista en Estados Unidos y un número aún indeterminado de invitados.

El caso del consejo a la hora de la distribución es análogo. Se atiende también a la afiliación en cada entidad y a los votos y porcentajes estatales en la última elección federal.

El consejo se integra por 256 miembros, de los que 192 fueron electos -en realidad 187, según los reportes del Servicio Electoral- el pasado día 17. Los restantes 64 serán escogidos en el congreso que se efectuará en Morelia a principio de mayo, al que seguirá la primera sesión del nuevo Consejo Nacional.

Sin embargo, los resultados de la elección y la asignación de consejeros por estado en los pasados comicios se prevé que estén listos el viernes, según Irene Aragón, integrante del Servicio Electoral.

En la convocatoria para las elecciones pasadas se contempló el número de consejeros que corresponden a cada entidad. De manera conjunta, el DF y el estado de México suman casi 30 por ciento. En cada estado los militantes votaron por una lista y si, por ejemplo, una planilla hubiese obtenido 20 por ciento de los sufragios le corresponderían cinco consejeros.

Sin embargo, la complejidad del estatuto obligó a cada planilla en cada estado a registrar con base a género, jóvenes e indígenas. Así, por cada tres de un mismo género deberá haber uno de otro, y por cada cinco del listado debió registrarse a una persona joven.

El caso de los indígenas se resolverá hasta que termine el cómputo. Será una asignación derivada de acuerdos, ante la imposibilidad de fijar criterios estatutarios al respecto.

En el caso de seis entidades -más Hidalgo, donde se suspendió la elección-, la repetición de los comicios será sólo en el ámbito estatal, pues sí contará la votación recogida para el caso de consejeros nacionales. Fue válida para los delegados al congreso y para la presidencia y secretaría general nacionales.

Un dilema por resolver

Los nuevos presidente y secretario general asumirán sus cargos una vez que se declare la validez de la elección, plazo que vence a finales de abril. No obstante, ello ocurrirá una vez que se ventilen los recursos de impugnación en la Comisión de Garantías y Vigilancia. El primero de los tres días señalados para recibir los recursos empezó ayer. Será el Servicio Electoral el órgano que entregue la constancia de mayoría a Rosario Robles.

Sin embargo, el comité ejecu- tivo saliente, excepto Amalia Gar- cía, se mantendrá hasta la celebración del consejo. Robles tendrá que tra-bajar al menos unos días, según marca el estatuto, para la organización del congreso.

Pero el artículo 64 de los estatutos no dice ante quién deberá protestar Robles. Sí hace la distinción en el caso de los presidentes municipales, estatales, de los consejeros estatales y de los delegados al congreso y consejeros. Sólo contempla que el plazo límite para la toma de posesión del nuevo comité será en la tercera semana de mayo.

En el caso de la secretaría general el estatuto no marca que necesariamente el candidato de la fórmula que ocupó el segundo lugar en la votación, en este caso Jesús Ortega, tenga que ocupar el cargo ante la insuficiencia de sufragios que impidió a la fórmula de Rosario Robles que lo hiciera Higinio Martínez, su compañero de campaña.

La norma tampoco señala que la secretaría general deba ser ocupada por el compañero de fórmula de Ortega, en este caso el también senador Raymundo Cárdenas. Por ello el asunto será resuelto por la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia, que en una resolución previsible turnará la decisión definitiva al Consejo Nacional, si se confirma que Ortega no quiere esa cartera, informó Javier Hernández Manzanares, secretario de la comisión.

Será esta comisión la responsable de decidir el futuro de los 111 militantes que fueron acusados por el comité ejecutivo saliente de incurrir durante la jornada electoral en prácticas que violentaron la normatividad vigente para los comicios internos. Asimismo determinará la procedencia de los casos y si conciernen a amonestaciones, inhabilitaciones o expulsiones.

El nuevo comité y el secretario general serán electos en el Consejo Nacional. Se trata de 13 integrantes del mando perredista, pues dos de las carteras corresponden a los coordinadores parlamentarios.