Luis Javier Garrido
La sombra
La confirmación de que la política exterior de México está al servicio de los intereses de Washington ha dañado seriamente al gobierno foxista y está comprometiendo la viabilidad del sexenio.
1. El nuevo escándalo suscitado por el presidente Vicente Fox y su canciller Castañeda en ocasión de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la ONU, reunida en Monterrey (21-22 de marzo), al actuar como mocitos de la Casa Blanca para imponer un documento intervencionista con el que el gobierno de Washington busca someter aún más a los países pobres, excluyendo a Cuba, según las órdenes de George W. Bush, y ofendiendo a los representantes de países como Filipinas, ha suscitado una viva polémica por múltiples razones, pero sobre todo porque evidencia que el gobierno actual no está al servicio de los mexicanos, sino de los grandes intereses trasnacionales.
2. El gobierno foxista ha buscado tergiversar la cuestión pretendiendo que la protesta que ha aparecido en todos los sectores, y que contribuye a minar aún más su ya desprestigiada administración, tiene como origen una defensa de los derechos de Cuba, cuando lo cierto es que éstos, como los de todos los pueblos, son y debe-rían ser fundamentales para México, pero lo que está en discusión es si la política exterior mexicana debe servir a los intereses de México o a los de Estados Unidos.
3. El problema de México no lo constituye tampoco un canciller supuestamente incontrolable como Jorge G. Castañeda, al que se reprocha haberse puesto al servicio del Departamento de Estado estadunidense para favorecer sus ambiciones personales, sino Vicente Fox, quien en términos del artículo 89, fracción X de la Constitución es responsable de dirigir la política exterior de México, y no puede argumentar su ignorancia en la materia para aducir irresponsabilidad. Los cancilleres mexicanos sometidos al gobierno estadunidense no han faltado en nuestra historia, como Ezequiel Padilla, quien pretendió imponerse en la silla presidencial en 1945 con el apoyo de Washington, pero el caso actual es el extremo, pues en unos cuantos meses se ha redefinido por completo la política exterior de México para satisfacer las exigencias de la Casa Blanca.
4. México vive grandes regresiones en todos los órdenes, pues aun los gobiernos más conservadores, y México los tuvo durante el régimen priísta, tuvieron una política exterior propia, pero con Fox no hay más que la entrega absoluta de los recursos nacionales y de los derechos de los mexicanos.
5. La cuestión central es determinar ahora mismo, en el segundo año del sexenio, si los otros dos poderes de la Unión van a aceptar que el Ejecutivo mexicano siga violando la Constitución en materia de política exterior, como está haciendo Fox, y que en aras "del cambio" siga comprometiendo la soberanía nacional, lo que significa que está enajenando la nación y subordinado los derechos del pueblo mexicano a los intereses de los grandes consorcios trasnacionales, lesionando los derechos de las próximas generaciones.
6. El texto del artículo 89 constitucional, fracción x, tantas veces citado, no deja lugar a dudas, y el Ejecutivo queda por éste obligado a conducir la política exterior observando siete principios normativos, que Fox ha transgredido impunemente, aun desde antes del 11 de septiembre, al que tanto alude para justificarse: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Y las consecuencias están a la vista.
7. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra en manos de oscuros abogados conservadores designados por Ernesto Zedillo en 1994, tiene la facultad, que es a la vez obligación, de actuar de oficio y examinar la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo (haciendo ejercicio de un derecho, que hasta ahora no ha ejercitado en ninguna ocasión y que permanece como letra muerta) para, de confirmarse que es el caso, exigir a Fox de inmediato que se ciña a lo prescrito por el texto constitucional.
8. El Congreso de la Unión, integrado hoy en día no por representantes del pueblo, sino por los partidos, tiene a su vez la atribución, que es asimismo un deber, de corregir la situación: no sólo al analizar a través del Senado la política exterior, como ordena el artículo 76, llamando en su caso a cuentas al titular de Tlatelolco, sino actuando en términos del título cuarto de la propia Constitución, y sometiendo a éste a juicio político, pero también y sobre todo procediendo contra el principal responsable de que se estén comprometiendo de manera tan grave los destinos de México, que es Vicente Fox, el ex empleado de Coca Cola, quien está anteponiendo sin ningún recato los derechos de los mexicanos a los intereses del capital trasnacional, incurriendo en la causal de traición al pueblo de México que establece el 108, lo que podría llevar a su destitución.
9. La discusión sobre la ineptitud del gobierno foxista para dirigir la política exterior plantea otra cuestión de fondo mayor: Ƒtiene Vicente Fox no se diga la capacidad, sino la ética necesaria y el patriotismo para seguir asumiendo el Poder Ejecutivo?
10. La rectificación institucional de las desviaciones del gobierno actual, como es en materia de política internacional, no parece probable, pues un problema mayor que México enfrenta es que ante al gobierno foxista no hay una oposición congruente de parte de los partidos a la altura de los reclamos de la sociedad. Y ello hace emerger una sombra para el futuro inmediato del país.
