Miguel Concha

Cambios pertinentes

Al comparecer por primera vez como ombudsman ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el maestro Emilio Alvarez Icaza informó de algunas medidas que se han tomado en su nueva administración con el propósito de elevar los índices de eficiencia, transparencia y cercanía a la gente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Además de dar cuenta del número de personas atendidas, expedientes tramitados, tipos de violaciones calificadas, autoridades señaladas y funcionarios sancionados del primero de abril de 2001 al 28 de febrero de 2002, y particularmente del primero de octubre de 2001 al 29 de febrero de este año, el ombudsman capitalino se refirió a algunas innovaciones jurídicas, procedimentales y administrativas, que vale la pena destacar.

Aludió igualmente a la intención de consolidar a mediano plazo a la CDHDF como una auténtica defensoría del pueblo, que retome lo mejor de la tradición y de la historia de nuestras instituciones de servicio público, destinadas a atender a los más vulnerables, como lo fue la Procuraduría de Pobres en San Luis Potosí, con Ponciano Arriaga a la cabeza. De hecho, tres de cada cuatro ciudadanos que acuden a la comisión provienen de hogares cuyo ingreso es de hasta un salario mínimo, y las familias de 92 por ciento de los encuestados reciben de cero a tres salarios mínimos.

Entre los cambios jurídicos es importante subrayar la determinación de utilizar en la calificación de las quejas y en la elaboración de las recomendaciones no únicamente el marco legal nacional, sino también los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Senado, con el propósito de que las autoridades de la capital se apeguen a su normatividad, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello ha dado como resultado que únicamente en el periodo de la nueva administración 32 quejas hayan sido calificadas como tortura, en comparación con las cuatro que fueron calificadas como tal entre el primero de abril y el primero de octubre de 2001, lo que también confirma que la sola aplicación de "mano dura" para combatir el crimen aumenta el riesgo de incurrir en ella.

Desde el punto de vista procedimental hay, que subrayar la creación de la Coordinación de Seguimiento de Recomenda-ciones, que en su primera etapa de funcionamiento ya ha puesto en evidencia el incumplimiento de 18, entre las que destacan las relativas al mal estado en que se encuentran los juzgados cívicos, la insuficiencia y pésimas condiciones de trabajo y de salarios de los defensores de oficio, así como la falta de psicólogos e insuficiencia de personal médico en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Con toda razón el nuevo presidente de la CDHDF vuelve a insistir en la necesidad de que se cumpla con el primer punto de la recomendación 4/00, la cual señala que es preciso restructurar la defensoría de oficio, de tal manera que sea una institución autónoma al servicio de la ciudadanía. De manera oportuna Alvarez Icaza puso también a consideración de la ALDF la conveniencia de que el instrumento de la recomendación tenga carácter de obligatorio cumplimiento y/o que exista alguna forma de garantizar una respuesta positiva de la autoridad, mediante mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Es de alabarse, igualmente, la creación de la Tesorería de la CDHDF, con la finalidad de obtener los máximos rendimientos de los excedentes de flujo con los que cuenta la institución, así como la aprobación por el consejo de un paquete de manuales de procedimientos, propuestos por el actual presidente, para el estricto control del ejercicio presupuestal y la mejora de la administración. No hay que soslayar tampoco la voluntad de iniciar con los organismos de la sociedad civil un proceso de alianzas estratégicas, para establecer programas descentralizados y multiplicadores en el área de la educación y la formación en derechos humanos de la población. Al finalizar, el presidente de la CDHDF enfatizó igualmente con oportunidad la necesidad de reforzar la autonomía de la comisión como una institución de Estado, no de gobierno, haciendo las adecuaciones legales pertinentes en la ley de la comisión, en el Estatuto de Gobierno del DF y en la propia Constitución. Con un mejor presupuesto podrá el año próximo ampliarse el número de visitadurías y crear en algunas delegaciones los órganos desconcentrados, para hacer más accesible la CDHDF a la gente.