El jueves de la semana pasada este diario dio cuenta, en su primera plana, de un fallo discriminatorio y atroz de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos contra los migrantes indocumentados en ese país, a quienes les fueron cancelados sus derechos laborales. Según el dictamen, los trabajadores sin visa no pueden, en adelante, demandar a las empresas que los despidan o que violen sus condiciones de trabajo. De esa forma, queda formalmente roto en el país vecino el principio elemental de la igualdad de las personas ante la ley, y en adelante los empleadores estadunidenses podrán someter a sus trabajadores indocumentados a condiciones semejantes a la esclavitud.

Habida cuenta de la gran masa demográfica que representan los mexicanos que viajan sin papeles "al otro lado" en busca de oportunidades laborales, de los cuantiosos recursos que esos connacionales aportan a la economía y de la obligación constitucional del Estado de proteger los derechos y las garantías de los ciudadanos mexicanos, la decisión discriminatoria del máximo tribunal estadunidense debió suscitar una enérgica reacción por parte del actual gobierno. Sin embargo, tal reacción se limitó a un comunicado tímido de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que esa dependencia expresó su "seria preocupación" por la medida y "lamentó" los abusos y los atropellos contra mexicanos a que dará lugar el fallo.

La inopinada obsecuencia --que, según el diccionario, es sinónimo de amabilidad y condescendencia, pero también de sumisión-- de la respuesta mexicana a lo que constituye una injusticia mayúscula y escandalosa, resultó demasiado poco y llegó demasiado tarde, y representa una nueva expresión de la ausencia de una política exterior apegada, en este caso, a la defensa de los derechos de nuestros connacionales, independientemente de que tengan o no documentos para trabajar en el vecino país.

En el ámbito estricto del problema migratorio, el fallo de la corte estadunidense y la inadmisible tibieza de la réplica mexicana confirman que el tema está fuera de la agenda bilateral o que ocupa en ella un lugar irrelevante, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Jorge G. Castañeda, se ha desentendido del asunto.

Es obligado, en estas circunstancias, voltear la vista al Senado de la República, responsable constitucional de fiscalizar la política exterior, y preguntarse si los integrantes de ese órgano legislativo no han optado también por renunciar al ejercicio de sus obligaciones en esta materia. ¿Les interesa a los senadores enterarse de qué está negociando con Estados Unidos el actual canciller en materia de integración energética, por poner un ejemplo? En la próxima comparecencia de Castañeda, a efectuarse mañana, ¿le pedirán cuentas sobre el sometimiento de la nación a las estrategias globales de Washington? ¿Cuestionarán las propuestas orientadas a establecer puestos aduaneros del gobierno vecino en territorio nacional? ¿Se preocuparán por el abandono de los principios rectores que por décadas dieron presencia, sentido y prestigio internacionales a la diplomacia mexicana? En suma, ¿se comportarán los integrantes del Senado a la altura de su responsabilidad, o se someterán al Ejecutivo federal?

Pero si a esa progresiva claudicación de principios se agrega el uncimiento de México a los dictados geoestratégicos de Washington, el entusiasmo de la cancillería por la construcción de una "frontera inteligente" que significaría una grave e inaceptable cesión de soberanía --en concreto, convertir a nuestro país en guardaespaldas fronterizo de Estados Unidos-- y las groserías y desatenciones del gobierno mexicano a Fidel Castro y otros mandatarios en la cumbre de Monterrey, resulta inevitable sospechar que la gestión del actual titular de la SRE no está al servicio de los intereses de México, sino de los estadunidenses y de los afanes personales del propio Castañeda.

¿Quién gana y quién pierde en esta partida que apenas comienza?