En una nación así se puede cometer cualquier abuso, alertan ONG

En riesgo, el estado de derecho en el país vecino

KARINA AVILES

El fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que deja a los trabajadores indocumentados en una completa indefensión laboral, coloca en un grave riesgo -''si no es que ya se rompió''- al estado de derecho en aquel país. En una nación sin estado de derecho se puede cometer cualquier abuso, porque una persona está indefensa ante las decisiones arbitrarias del poder y eso es lo que hoy pasa en el vecino país, alertaron organizaciones de derechos humanos y de defensa de los migrantes.

Coincidieron en que la decisión de la corte estadunidense ''legaliza'' los abusos en contra de los migrantes, además de ser claramente ''discriminatoria y racista''. Por lo anterior exigieron al gobierno mexicano tener una reacción enérgica y no tímida frente a esta determinación, que significa también una violación a las normas internacionales y a los derechos humanos, manifestaron.

El coordinador del área de Derechos Humanos Laborales del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), Rodrigo Olvera Briseño, destacó que uno de los puntos fundamentales para que exista el estado de derecho es justamente el respeto a las garantías individuales.

Sin embargo, después de los hechos del 11 de septiembre el gobierno de Estados Unidos ha incrementado su desprecio hacia las reglas de la justicia internacional. Y de ello surgen ejemplos de violaciones a derechos humanos en prisiones afganas, las presiones de Estados Unidos a Mary Robinson -quien anunció hace unos días su retiro como alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU- y actualmente la determinación de la corte estadunidense que dictaminó que los trabajadores indocumentados no tienen el derecho de libre asociación en sindicatos ni protección contra empresarios que violan sus garantías laborales.

Hay un doble discurso del gobierno de Estados Unidos; por un lado, se dice paladín de la democracia y de las libertades y, en los hechos, su actuación es ''discriminatoria y violatoria de los derechos humanos''. En aquel país ''se está poniendo en grave peligro -si no es que ya se rompió- al estado de derecho''.

Enfatizó que en una nación en donde no existe el estado de derecho las personas están indefensas ante las decisiones arbitrarias del poder, ''y eso es lo que está pasando en Estados Unidos'' con el fallo de la corte.

Con base en el derecho laboral, el abogado explicó que los trabajadores mexicanos indocumentados podrían interponer demandas en México en contra de las empresas extranjeras que violen sus garan-tías laborales. La justificación se basa en que la Ley Federal del Trabajo incluye la labor de los mexicanos en el extranjero, en caso de que la relación laboral haya nacido en México.

Los trabajadores indocumentados podrían recurrir a las demandas cuando son enganchados en México. ''Aquí se les contrata y en muchas ocasiones hasta se les paga el transporte''. Olvera dijo que ''en un nivel del orden jurídico estadunidense se está legalizando el abuso'' en contra de los indocumentados.

Sin embargo, Estados Unidos ''sigue violando los derechos laborales porque forma parte de la Organización Internacional del Trabajo y está obligado a cumplir los compromisos''. Por su parte, el Estado mexicano está obligado legal, política y moralmente a proteger a todas las personas en su territorio y a los nacionales que vivan en otro país. ''Si no lo hace estaría violando sus obligaciones, se haría cómplice y, en consecuencia, tendría una responsabilidad.''

A su vez, el presidente del Centro Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, manifestó que con esta decisión de la corte ''quedan legalizados los abusos'' en contra de los indocumentados, además de que la determinación ''es discriminatoria y estimula la actuación racista en las instituciones y en la sociedad de Estados Unidos''.

Concha recordó que el gobierno de Washington es en el mundo el que menos instrumentos internacionales ha ratificado en la materia. Lamentablemente, añadió, no ha firmado el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, en el que está el derecho humano a la formación de sindicatos y a la libre elección de dirigentes. El que sí ratificó fue el pacto internacional de derechos civiles y políticos, que contempla el derecho a la libre asociación. Por lo tanto, está violando dicho pacto.

Externó que un gobierno en donde se impide el acceso a estos derechos ''es un gobierno autoritario, no democrático, que cada vez más está limitando y coartando el ejercicio de las libertades públicas y de los derechos humanos, lo cual es muy peligroso''. También señaló que hasta el momento la reacción del gobierno mexicano ha sido tímida ''y lo que nosotros esperamos es una reacción firme''.

Por su parte, Blanca Villaseñor, integrante del Foro Migraciones, manifestó que en Estados Unidos ''se está rompiendo el estado de derecho en forma cada vez más burda y evidente. La legalidad se está convirtiendo en un regulador sin ética y sin justicia'', sobre todo, en la materia económica.

Apuntó que tal parece que el gobierno mexicano ''está siguiendo la tónica de muchos de los gobiernos priístas que guardaron silencio frente a esta problemática''.