Jorge Santibáñez Romellón*

Migrar a EU, delito mayor

El pasado 27 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidió que la empresa que contrató a José Castro, uno de los más de 3 millones y medio de mexicanos indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos, no estaba obligada a pagarle ni salarios atrasados ni ninguna otra compensación, a pesar de haberlo despedido de manera injustificada. Se preguntará usted cuál fue entonces el gravísimo delito que cometió José como para que el más alto tribunal del país más poderoso del mundo decidiera despojarlo de la protección que la justicia otorga desde que la esclavitud fue abolida. La respuesta es muy simple: José Castro cometió el delito de ser un migrante mexicano indocumentado, el mismo que están cometiendo actualmente casi 7 millones de personas en Estados Unidos, la mitad de los cuales son nacidas en México.

Las interpretaciones que se pueden dar a este apretado fallo (pero fallo al fin) son muy graves. Más allá del caso de José Castro, por quien ya nadie puede hacer nada o muy poco, el fallo de la Suprema Corte y los argumentos que fundamentaron la decisión, establecen que la misma se toma para evitar que "se estimule la evasión exitosa de la Patrulla Fronteriza, se condonen violaciones previas a las leyes migratorias y se estimulen futuras violaciones". En síntesis, el más alto tribunal de un país considera que el migrante indocumentado es un delincuente que ha cometido un delito tan grave, que entonces se le puede despojar de sus derechos básicos, los mismos que se otorgaron al abolir la esclavitud, ni más ni menos.

Para quien todavía tenga dudas de cómo son vistos los migrantes indocumentados mexicanos, después de leer el documento de Tom Ridge, zar antiterrorista de Washington -quien identifica a los migrantes indocumentados como "peligros" tan graves para Estados Unidos como los terroristas, narcotraficantes o las armas de destrucción masiva-, un documento oficial que establece la política estadunidense con respecto a sus fronteras, del cual además se derivan los acuerdos que el gobierno mexicano firmó con el gobierno de Estados Unidos en Monterrey, debe ahora quedar mucho más claro que Ridge no es el único en pensar de esa manera.

Se preguntará usted qué se puede hacer ahora además de indignarnos. En primer lugar, sería bueno indignarnos oficialmente. Resulta inaceptable que este fallo se dé apenas cinco días después de que México y Estados Unidos se ratificaron, una vez más, una amistad profunda y de que el presidente Bush declaró, una vez más también, que la migración de los mexicanos era un tema prioritario para su administración. Si fuera tan prioritario y se hubiera promovido la regularización de los mexicanos en Estados Unidos, tal y como lo formuló México desde febrero del año pasado durante la "exitosa" visita de Bush al rancho del presidente Fox, entonces José Castro hubiera recibido sus 67 mil dólares y los otros 3 y medio millones de mexicanos no estarían a la merced de sus patrones, quienes hoy, sin más trámite, los pueden despedir de manera injustificada y sin ningún costo para ellos.

Por otro lado, el asunto puede ser bastante rentable para México. Que me disculpe José Castro, pero su caso puede ser explotado favorablemente para la agenda mexicana. La razón es muy sencilla. Los sindicatos en Estados Unidos no pueden, aun tratándose de mexicanos indocumentados, aceptar un fallo de esa naturaleza. Los organismos afines a los intereses latinos en Estados Unidos tampoco pueden festejar el fallo de la Suprema Corte. Así las cosas, México cuenta ahora con aliados fuertes e importantes, que en el escenario político de Estados Unidos tienen una voz y un peso relativo digno de tomarse en cuenta y eso, en año de elecciones, no es despreciable. Por el contrario, puede ser altamente rentable.

Los sindicatos y organismos mencionados pueden ahora ser aliados mucho más decididos en, por ejemplo, la propuesta de regularización de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, que hasta ahora ha sido despreciada por nuestros socios y amigos; México podría ser ahora mucho más agresivo ya que estaría mucho más autorizado para promover esa regularización, con el simple y contundente argumento de que, como lo demuestra el fallo de la Suprema Corte, la mejor y quizá única forma de evitar violaciones a los derechos de los migrantes indocumentados, es que no haya migrantes indocumentados. Así como no habrá frontera más inteligente que la que no existe.

El fallo de la Suprema Corte debe marcar un cambio de la estrategia mexicana en la negociación migratoria; de no hacerlo, México estaría permitiendo, por no decir avalando, la violación de los derechos básicos de sus nacionales. Quizá es tiempo de recordarle al presidente Fox que él prometió ser Presidente de 120 millones de mexicanos, los 100 de aquí más los 20 de allá.

* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte