"Ofensivo para millones de mexicanos", aduce diputado al presentar iniciativa

Quieren eliminar salario vitalicio a ex presidentes

También atendió el pleno camaral planteamientos sobre seguridad pública y respecto al IPAB

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

El diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, presentó ayer al pleno de la cámara una iniciativa para eliminar la partida especial que garantiza a los ex presidentes un salario de por vida, además de otros servicios extraordinarios.

De acuerdo con el legislador, "resulta ofensivo para millones de mexicanos saber que alguien goza de un salario sin devengarlo". Recordó que fue un acuerdo presidencial en 1987 el que otorga a los ex presidentes una percepción económica con cargo al erario federal "por sus servicios prestados a la patria".

Precisa que antes de la salida del ex presidente Ernesto Zedillo, dicha partida representaba anualmente 6 millones 142 mil 288 pesos para cuatro ex mandatarios aún vivos. Al término de ese sexenio, esa partida aumentó en un millón 510 mil 572 pesos. "A partir del 30 de diciembre de 2000, Zedillo cobrará su inconstitucional pensión vitalicia de 128 mil 295.15 pesos al mes, y uno se pregunta: Ƒes de justicia que realmente un ex presidente de la República goce de este tipo de derechos y canonjías, cuando en el país nadie honrado, si no trabaja por lo menos 30 años, tiene derecho a una pensión, por cierto insuficiente para su manutención y la de las personas que dependan de él o ella?", planteó el legislador veracruzano.

En su oportunidad, el diputado priísta Omar Fayad Meneses presentó una iniciativa respecto de la seguridad pública y la sanción a delincuentes, que pretende dejar claramente establecidas las atribuciones del Congreso para legislar en esta materia.

Asegura que dentro del complejo fenómeno social de la criminalidad "aparece frecuentemente, con características graves, la impunidad. Frente al drama constante y diario ocasionado por la delincuencia preocupa la falta de castigo a los delincuentes, ya que ello hace que nazca la desconfianza, crea entre la ciudadanía un sentimiento de inconformidad, establece un clima de inseguridad colectiva y da origen al afán vindicativo de los individuos afectados.

"En la actualidad observamos y sentimos cómo el delito sigue proliferando sin que tenga fronteras en el ámbito nacional e incluso internacional. Los delincuentes se mueven con enorme soltura, sin que tenga límites su acción. Esta lamentable situación que vivimos día a día, ya común para todos, obliga a replantear de manera urgente e integral el tema de la seguridad pública.

"Y aquí, compañeras y compañeros diputados, está el meollo del asunto que hoy vengo a plantearles. Dice el artículo 73 que el Congreso tiene facultades para legislar en materia de bases de coordinación. Y lo que nosotros sostenemos es que el Congreso debe tener facultades para legislar en todo lo relacionado con la seguridad pública. Por eso venimos a hacer este planteamiento, para que todas las fuerzas políticas representadas en esta cámara puedan aprobar esta reforma y con ello dar paso a una serie de cuestionamientos que tendremos que formular, y a la elaboración de leyes en materia de seguridad pública", apuntó Fayad.

Jaime Salazar Silva, del PAN, presentó una iniciativa de reformas al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), "ya que después de 37 meses de la entrada en vigor de esta ley, y con la experiencia acumulada por el instituto durante su operación cotidiana, se demuestra que es preciso agilizar y hacer más eficiente su desempeño".

Destaca que "el instituto se ha visto limitado ante la carencia de una disposición expresa que faculte a la autoridad para interpretar las leyes para efectos administrativos; y que tampoco existe en la Ley de Protección al Ahorro Bancario la facultad para que el instituto pueda refinanciar sus obligaciones de pago y otorgar liquidez a sus títulos".

También considera necesario reubicar y especificar el concepto de bienes que para su administración, enajenación y control dispone el instituto, ya que la ley actual no especifica si su participación en instituciones de banca múltiple y otras sociedades debe ser mayoritaria para que los créditos, derechos, acciones y otros bienes de los cuales sean titulares o propietarias dichas instituciones y sociedades puedan ser sujetos de enajenación por parte del instituto.