La muerte del presunto plagiario Guillermo Vélez Mendoza, ocurrida entre el viernes y el sábado pasados, y atribuida por la Procuraduría General de la República (PGR) a un forcejeo y a la aplicación al fallecido de una llave china por parte de policías judiciales, ha desatado un justificado escándalo por los numerosos indicios que apuntan al asesinato por torturas del supuesto delincuente, en el contexto de una típica "fabricación de culpables".

Por una parte, saltan a la vista las contradicciones de los empleados de la PGR, particularmente entre los testimonios de los agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) involucrados en el presunto homicidio, quienes aseguraron que Vélez Mendoza murió a consecuencia de una caída cuando trataba de huir de sus captores --lo que le habría producido "traumatismo de cuello y asfixia por sofocación"--, y la declaración de Leopoldo Alvarez Negrete, fiscal de la dependencia, quien aseguró al padre de la víctima que ésta falleció "de muerte natural". La autopsia practicada por el Servicio Médico Forense (Semefo) registra más de treinta lesiones en el cuerpo del presunto secuestrador, lo que hace insostenibles las versiones oficiales del tropezón y de la llave china presentadas anteayer, en conferencia de prensa, por el visitador general de la PGR, Angel Buendía, en lo que constituyó una burla y un insulto al sentido común y al civismo.

Significativamente, ayer el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, confirmó la existencia de indicios de tortura en el cadáver, aunque hubo de deslindar de las investigaciones a la dependencia que preside, toda vez que corresponden al fuero federal.

Por si hicieran falta más datos de irregularidades, Guillermo Vélez Mendoza fue sacado de su domicilio con engaños y sin orden de aprehensión por un grupo de cinco agentes entre los que se encuentra Norberto Amezcua, actualmente sujeto a proceso penal por homicidio. Amezcua, junto con otros tres de los participantes en el secuestro del victimado --Luis Alberto Martínez López, Luis Manuel Villalobos y Alfredo Cruz Pérez--, fueron liberados tras unas pocas horas de detención porque el Ministerio Público no consideró viable fincarles responsabilidades. Sólo uno de los agentes, Diego Armando Muro Arellano, fue enviado al Reclusorio Sur, acusado de "homicidio culposo", delito por el que podría alcanzar libertad bajo fianza.

Hay, pues, numerosos elementos para elaborar con fundamento tres hipótesis desoladoras: que la captura de Vélez Mendoza se dio en el marco de un intento de "fabricación de culpables"; que fue secuestrado, torturado y asesinado, y que en las filas de la PGR se prepara un operativo orientado a asegurar la impunidad para los empleados públicos sobre quienes recae la presunta responsabilidad por esos actos criminales.

Se debe exigir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elabore un informe inequívoco sobre el caso, que presente a la PGR las recomendaciones pertinentes para asegurar que se haga justicia y que la segunda dependencia las acate de inmediato, esclarezca lo sucedido y lleve a los tribunales a los servidores públicos involucrados.

Más allá de esas consideraciones obligadas, este episodio indignante, inaceptable y bárbaro da cuenta de la verdadera situación presente de los derechos humanos en el país y diluye la autoridad moral con la que el actual gobierno pretende presentarse, en la arena internacional, como defensor de esos derechos en otras latitudes.