Instó al gobierno federal a concretar esa meta aun con más recortes al presupuesto

La IP advirtió que de no llegar a déficit público cero, el país estará al borde de la bancarrota

Criticó la larga discusión sobre la rectoría del Estado en materia energética

HUMBERTO ORTIZ MORENO

El sector privado advirtió que de no abatirse el déficit público para dejarlo en ceros y propiciar un superávit sostenido de las finanzas públicas antes de concluir el sexenio, incluyendo los pasivos del IPAB y del IMSS, el gobierno de Vicente Fox dejará al país al borde de la bancarrota, como están otros países de la región.

Este objetivo deberá concretarse aun con más reducciones en el gasto corriente, pero es fundamental que los actores políticos muestren ya disponibilidad en el Congreso para consensar y dictaminar una reforma fiscal integral que dote a la administración federal de ingresos suficientes, puntualizó.

Al mismo tiempo, exigirá que el gobierno foxista aclare ante la nación su visión sobre la rectoría económica del Estado y si en realidad es necesario mantenerla, sobre todo en el sector energético, porque ha sido un asunto que ya ha causado muchos males al país.

Estos puntos serán planteados por la cúpula empresarial el próximo lunes durante la firma del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional (APNDN). Asimismo, en virtud de la preocupación social por tan alta incidencia delictiva en México, pedirá activar de inmediato el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Fuentes cercanas a las negociaciones con el gobierno federal explicaron que hubo divisiones en el seno del Consejo Coordinador Empresarial para lograr el consenso sobre la firma del APDN, porque solamente cuatro organismos -Coparmex, Concanaco, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora (CNIM) y la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD)- empujaron la suscripción del documento, y advirtieron ante Claudio X. González, líder del organismo cupular, que irían solos en caso de no haber una decisión del pleno de la Comisión Ejecutiva.

El pasado 8 de marzo, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, acudió al llamado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para escuchar los planteamientos, inconformidad y argumentos de los empresarios que no aceptaban firmar el APDN, y les pidió reconsiderar su posición.

La respuesta de los patrones fue que analizarían el documento y le manifestarían a la brevedad su posición.

En siguientes sesiones de su Comisión Ejecutiva, la Coparmex determinó que "sí vale la pena" suscribir el acuerdo, pero con la condición de que fuera abierto un espacio para incluir las observaciones del empresariado y fijar su participación en la fase operativa, para que no constituya solamente un acto protocolario.

Finalmente, el titular de Gobernación aceptó la propuesta del sector privado. Sin embargo, en el seno del CCE no había coincidencias en cómo ir al APDN. Los representantes de la Concanaco, Coparmex, el CNIM y la ANTAD, quedaron en concurrir juntos a la firma del acuerdo, una vez que Creel dio entrada a sus peticiones.

Con todo, Claudio X. González seguía mostrándose firme en su posición y en declaraciones públicas rechazaba rubricar el APDN. Lo secundaban la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y, por supuesto, el poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que reúne a los empresarios más ricos e influyentes del país.

"Todo fue una estrategia del CCE y de Claudio para obtener ventajas", dijeron las fuentes consultadas.

El asunto quedó arreglado el martes por la noche en el pleno de la Comisión Ejecutiva del CCE, donde limaron asperezas, y el miércoles los socios del organismo cupular se presentaron en la Secretaría de Gobernación para reunirse con Santiago Creel y entonces le dieron a conocer sus acuerdos: sí a la suscripción del APDN.

La condicionante fundamental del sector empresarial estriba en echar a andar cuanto antes las reformas estructurales que requiere el país. La propuesta contiene 10 puntos, incluyendo el asunto educativo.

Básicamente pide al gobierno federal definir su posición acerca de la rectoría del Estado, particularmente en materia energética; poner a funcionar al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; incluir en la reforma del Estado la revisión y modernización del Poder Legislativo, incluida la reducción del número de diputados y senadores, y la relección inmediata, entre los más significativos.

En materia financiera, el CCE demandará que las finanzas públicas ya no generen más déficits de aquí al final del sexenio, sino superávits, y considerar este asunto en forma amplia, porque no es real el dato del 0.65 por ciento del PIB si se consideran los pasivos del IMSS y el IPAB que no están incluidos.

Esto, a juicio de la iniciativa privada, es primordial para el país, toda vez que de no lograrlo "nos va a pasar lo que a Argentina, que no cuidó estos detalles y se fue a la bancarrota".

Lo importante, señalan los empresarios, es que se vaya generando el ingreso para enfrentar estos compromisos, si es posible con una verdadera reforma fiscal integral, pues de lo contrario deberá recortarse el gasto público "donde se pueda", especialmente el gasto corriente.

"Los legisladores deben recapacitar después de las señales que nos está mandando la sociedad", remarcaron las fuentes empresariales.