El turno de Bufete Industrial
La industria de la construcción no detiene su derrumbe: a los expedientes de concurso mercantil de Tribasa (determinado por un juez federal el pasado 26 de marzo) y la solicitud de Grupo Iconsa se suman ahora sendas demandas laborales del ex presidente de Bufete Industrial, José Mendoza Fernández, y de su hijo y ex vicepresidente, Luis Felipe Mendoza Escalante, en contra del corporativo que dirigió durante 50 años y que vendió el año pasado al empresario Sergio Bolaños Quesada.
Con demandas por separado, padre e hijo exigen el pago conjunto superior a 45 millones de pesos, más lo que resulte de la parte proporcional de vacaciones y prima vacacional por el último año de servicios. Expuestas en términos similares ambas demandas, presentadas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, reclaman además "el pago de salarios caídos, vencidos y por vencer contados a partir del 8 de febrero del año 2002", fecha a partir de la cual rescindieron sus respectivos contratos y la relación individual de trabajo "por causas imputables al patrón".
Bufete Industrial, empresa constructora que llegó a ser una de las más dinámicas de la industria de la construcción en el país, al igual que alrededor de 45 por ciento de las empresas dedicadas a esa actividad en el país vio decrecer paulatinamente sus contratos de obra al tiempo que sus pasivos y deudas se elevaron significativamente durante la última década, al grado de no poder pagar alrededor de 400 millones de dólares.
En enero de este año, después de haber sido adquirida por Bolaños Quesada (quien sólo pagó a Mendoza Fernández mil pesos de mane- ra simbólica para asumir los adeudos), Bufete Industrial se acogió a la Ley de Concursos Mercantiles, a fin de llevar a cabo una restructuración financiera ordenada con sus acreedores.
Fuentes cercanas al proceso descalificaron la pretensión tanto de Mendoza Fernández como de Mendoza Escalante, toda vez que pretenden obtener el pago de beneficios que ellos, como presidente y vicepresidente, se habían otorgado, entre ellos "prestaciones" como vales de despensa, fondo de ahorro, bonos, gastos rembolsables, bonificaciones, pago de autos junto con su seguro y mantenimiento, así como membresías en clubes. José Mendoza Fernández reclama el pago de 26 millones 709 mil 827.84 pesos, mientras su hijo, en la demanda correspondiente, demandó por 18 millones 193 mil 195.91 pesos.
De proceder la demanda y dado que el conglomerado de empresas se encuentra en juicio mercantil avanzado (ya próxima la definición de venta de parte de sus activos), las liquidaciones para los trabajadores se verían mermadas considerablemente. Las mismas fuentes ejemplificaron: si se logra una recuperación de 100 pesos por la venta de los activos, 30 por ciento se repartiría entre todos los trabajadores y en ese concepto estaría el pago demandado por Mendoza Fernández y Mendoza Escalante. "Esto, evidentemente, mermaría de una manera considerable los recursos que por ley deberían recibir los trabajadores y no los altos ejecutivos que llevaron a la empresa a la quiebra", comentaron. VICTOR CARDOSO
