La oposición mantiene su beligerancia y exige convocar a nuevas elecciones

Incuestionable, la legitimidad de Chávez: Legislativo

La única vía para remover al presidente sería un referéndum, que podría hacerse en 2004: William Lara

AFP, DPA Y REUTERS

Caracas, 17 de abril. La oposición política venezolana mantuvo hoy su beligerancia al declararse en "rebelión" el minúsculo partido Acción Democrática (AD), y el derechista Primero Justicia demandar la "renuncia" de todos los poderes públicos del país, ante lo que el Congreso, dominado por partidarios del presidente Hugo Chávez, rechazó de entrada toda propuesta de adelantar las elecciones por anticonstitucional.

En acalorada sesión de la Asamblea Nacional, el secretario general adeco, Rafael Marín, gritó: "šChávez no es el presidente legítimo de Venezuela!", al esgrimir "razones jurídicas y políticas". Además, los socialdemócratas se refirieron al presidente como "genocida", y dijeron que lo acusarán ante organismos nacionales e internacionales por los sucesos violentos del 11 de abril, cuando la oposición emprendió un fallido golpe de Estado.

El dirigente del que fuera el partido más popular antes de la llegada de Hugo Chávez -al que pertenece el ex presidente Carlos Andrés Pérez, inhabilitado por corrupción-, arremetió contra el mandatario con otras acusaciones como encargarse de "dividirlos, sembrar odio e instigar a delinquir".

Otro que se mostró cerrado a todo acercamiento con el gobierno constitucional fue el diputado Julio Borges, del partido derechista Primero Justicia, quien insistió en que deberían "renunciar todos los poderes y llamar inmediatamente a elecciones".

Diputados de esa fracción señalaron que impulsarán la iniciativa de nuevas elecciones por no creer que el presidente vaya a rectificar el rumbo, como prometió al remontar la intentona, reconocer errores y llamar a la paz y la reconciliación.

El presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, aseveró que "la legitimidad del gobierno es incuestionable. No hay ningún argumento sólido para cuestionar que el gobierno no marcha armónicamente dentro del marco del derecho".

Lara, cercano colaborador del presidente Chávez, afirmó que la mayoría de los legisladores se opondrán a cualquier propuesta de enmendar la Constitución para llamar a comicios antes de 2006, fecha en que concluye el mandato presidencial, ya que "la propuesta de adelantar las elecciones es anticonstitucional".

Indicó que la única vía para remover al presidente sería un referéndum revocatorio, como lo establece la Carta Magna. En ese caso, dijo, la oposición tendrá que esperar hasta enero de 2004, cuando se cumpla la mitad del periodo presidencial en curso, debido a que el Tribunal Supremo estableció que este gobierno comenzaba oficialmente en enero de 2001, tras su segunda elección.

Por lo demás, Lara asentó que Chávez cuenta con un amplio respaldo popular, como se demostró durante la movilización del sábado, cuando decenas de miles de personas salieron a las calles y rodearon el palacio presidencial y el Fuerte Tiuna, aunado al apoyo decisivo de las fuerzas militares leales, cuando se revirtió el golpe.

"El sábado hubo una especie de referéndum espontáneo, que ganó Hugo Chávez con el respaldo popular y militar que lo colocó de nuevo allí", en el poder, puntualizó el legislador.

Pero al mismo tiempo, Primero Justicia sufría su propia crisis, porque varios parlamentarios se inclinan por renunciar, mientras que otros sostienen que sólo lo harán cuando haya "nuevos comicios". Además fue expulsado el diputado Leopoldo Martínez por haber aceptado el cargo de "ministro" de Finanzas del efímero gobierno de Pedro Carmona.

Por su parte, el "canciller" del fugaz régimen golpista, el socialcristiano José Rodríguez Iturbe, atribuyó el fracaso de la asonada a las pugnas surgidas entre los militares, sobre todo del ejército y la armada, que se disputaban ya los puestos para dirigir el Ministerio de Defensa, la jerarquía castrense y los comandos de fuerza.

Señaló que habían pensado establecer un "triunvirato" con el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona; el líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, y el comandante del ejército, Efraín Vásquez, y admitió que durante la intentona recibieron la visita de los embajadores de Estados Unidos y España en el palacio de gobierno, a quienes dijeron que lo que estaban haciendo no era un golpe de Estado.

Mientras que el gobierno de Chávez continuó restructurando los mandos militares, se anunció la renuncia del secretario de la alcaldía metropolitana, Iván Simonovis, quien era el hombre de confianza del alcalde mayor y férreo opositor a Chávez, Alfredo Peña, uno de los acusados de disparar durante la manifestación del jueves. A su vez, Peña denunció hoy que partidarios del presidente quieren matarlo.

Al tiempo que Fedecámaras pidió la liberación del golpista Pedro Carmona, quien está bajo arresto domiciliario por considerar que no tuvo responsabilidad en los sucesos de violencia previos al golpe, la corte marcial venezolana resolvió que los cinco militares implicados en la insurrección obtienen la libertad condicional y esperarán en sus domicilios el juicio al que serán sometidos.

Sectores bolivarianos pidieron abrir causa penal contra el líder de la CTV, Carlos Ortega, por su participación en los sucesos de la semana pasada. También, sindicalistas de esa organización señalan a su líder como una de las cabezas del plan de desestabilización. En ese marco, Ortega optó por mantenerse oculto y su organización dijo responsabilizar al gobierno por su seguridad personal.