Desacuerdo porque el Senado ratifique comisionados del instituto en la materia

Posponen diputados debate sobre la ley de acceso a la información y transparencia

La Constitución no establece designaciones de ese tipo, advierte Durán Reveles

CIRO PEREZ, ROBERTO GARDUÑO Y ALONSO URRUTIA

La falta de acuerdo en un punto del dictamen de la ley de acceso a la información y transparencia gubernamental obligó a los diputados a posponer la discusión para el próximo lunes, día en que el documento será aprobado en comisiones para presentarlo al pleno el martes 23 de abril.

El punto que detuvo las negociaciones es el que otorga al Senado la facultad para ratificar a los cinco comisionados que presidirán el instituto federal de acceso a la información pública, que se encargará de vigilar que el ordenamiento sea acatado por instituciones y organismos públicos.

El panista Armando Salinas Torre, presidente de la Comisión de Gobernación, sostuvo que constitucionalmente no se puede otorgar esta responsabilidad al Senado, y para salvar esta diferencia con los diputados de PRI, PRD, PT y PVEM propuso que los senadores puedan "objetar" el nombramiento de los comisionados con el voto de las dos terceras partes del pleno. Si en el plazo de un mes el Senado no se manifestara en contra, se daría como aceptado el nombramiento. El planteamiento fue rechazado.

Los grupos parlamentarios de PRI, PRD, PT y PVEM insistieron en que los cinco comisionados fuesen ratificados con mayoría simple (50 por ciento más uno) por el Senado, y advirtieron que en caso de no contar con el aval de los panistas este punto se pondrá a votación en la comisión.

Los perredistas, por conducto de Miguel Barbosa Huerta, plantearon que, además de este tema, insistirán en que la ley sea reconocida como reglamentaria del artículo sexto constitucional, en lo que toca al acceso a la información pública, demanda que quedó fuera del proyecto de dictamen.

La discusión de los 75 artículos del texto de trabajo tardó varias horas, en parte porque para algunos legisladores se trataba de una nueva redacción y porque los diputados fueron llamados al salón de plenos para emitir su voto en temas como la postura de México frente a Cuba en materia de derechos humanos.

Después hubo una serie de observaciones sobre la redacción del documento. Barbosa Huerta propuso un receso hasta el lunes para que luego de su estudio, los legisladores se aboquen a debatir a fondo el documento, presentando por escrito todos los comentarios.

Varios diputados que asistieron a la sesión de trabajo consideraron que es posible que el PAN se sume a la propuesta de facultar al Senado para la ratificación de los comisionados del instituto.

El secretario de la comisión, el priísta Víctor Manuel Ganadilla, aprobó el receso después de señalar que los avances alcanzados son "grandes" y que se trata de aprobar la ley por consenso.

Barbosa Huerta se pronunció por buscar una redacción clara, "que no provoque trampas legales en la participación del Legislativo" para la ratificación, y adelantó que en caso de no alcanzarse el consenso, la ley se aprobará con el voto de la mayoría.

El proyecto de dictamen considera que para fortalecer su autonomía, el instituto estará integrado por cinco comisionados, quienes serán propuestos por el Ejecutivo federal a la Cámara de Senadores, la cual podrá objetar dichos nombramientos con el voto de dos terceras partes de sus miembros, y cuando el Senado esté en receso, por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendría 30 días para resolver, vencido este plazo sin que se emita una resolución, se entenderá que el nombramiento del Ejecutivo federal fue ratificado.

Se adelantó que se modificará la redacción de este párrafo para que el Senado ratifique con mayoría simple.

Salinas Torre consideró que debe valorarse el esfuerzo por obtener un dictamen sobre un tema que por años sólo generó "debate", y que en sólo cuatro meses la comisión logró traducir en un documento que contiene "grandes avances" en materia de acceso a la información pública. Dijo que hay un amplio consenso y existen diferencias en algunos puntos, pero tienen voluntad de que los titulares del instituto sean nombrados con la participación del Congreso, pero enfrentan una realidad: no "lo permite la Constitución".

El gobierno federal no se opone a la autonomía del instituto

El gobierno federal no tiene objeción de que el instituto que surja de la aprobación de la ley de acceso a la información y transparencia gubernamental tenga un carácter autónomo y sus miembros sean ratificados por el Senado de la República, sostuvo el subsecretario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, José Luis Durán Reveles.

Sin embargo, advirtió que los legisladores deben poner especial cuidado en que este esquema no vaya a tener visos de inconstitucionalidad, toda vez que esa forma de designación no está prevista en la Constitución.

Entrevistado sobre los consensos y las divergencias en torno a una de las leyes que más le interesan al Ejecutivo federal en este periodo de sesiones, Durán Reveles dijo que, en esencia, las diferencias acerca de la ley no tienen un carácter político, son de orden jurídico y deben atenderse.

Consideró que la fracción del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados -donde se discute el dictamen- no se opone a la aprobación de la ley, sino que hace observaciones sobre la viabilidad jurídica del esquema de designación.

Cuestionado sobre los puntos que han detenido la aprobación de la ley, Durán Reveles manifestó que, "en esencia, no estamos en desacuerdo de que pueda haber una ratificación de los funcionarios (que dirigirán el instituto), porque ya existe esta ratificación para otros funcionarios de órganos autónomos. El problema aquí es que la Constitución no lo señala".

A su juicio, en la iniciativa del presidente Vicente Fox la autonomía está garantizada desde el perfil de las personas que van a integrar el instituto, quienes deben ser de probidad reconocida, capaces, experimentadas y honorables.

Para el subsecretario, el asunto no se remite al ámbito de la voluntad política, porque todos los actores involucrados están de acuerdo en la importancia que tendrá esta ley para el combate a la corrupción y para la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad.

Durán Reveles dijo que el punto de la autonomía del organismo es el aspecto nodal y "hay que recalcarlo, pues pareciera que el gobierno se opone a que el órgano sea autónomo. El gobierno impulsó esta ley y quiere garantizar a la sociedad que quienes van a tener en sus manos la decisión de determinar si la información se entrega o no", sean capaces de hacerlo.