Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Lunes 22 de abril de 2002
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El ex presidente De la Madrid, involucrado en un fraude en la construcción del poliducto

Aún no indemniza Pemex a sobrevivientes de las explosiones de Guadalajara en 1992

La explosión en el Sector Reforma no fue la primera; tres gobernadores priístas encubrieron otras

CAYETANO FRIAS CORRESPONSAL

Guadalajara, Jal., 21 de abril. A diez años de la tragedia que causó el derrame de 18 mil barriles de gasolina a los drenajes de esta ciudad, Petróleos Mexicanos (Pemex) aún no indemniza a los damnificados que sobrevivieron a las explosiones ocurridas en el Sector Reforma de esta capital, por donde pasa el poliducto Salamanca-Guadalajara.

De acuerdo con el balance oficial, en el siniestro fallecieron 212 personas, 69 desaparecieron, mil 470 resultaron lesionadas y se destruyeron 12.5 kilómetros de cloacas, así como 800 viviendas, 400 miniestablecimientos y 40 microindustrias.

La explosión del 22 de abril de 1992 no fue la primera que ocasionó Pemex en Guadalajara. Desde 1983, tres gobernadores priístas encubrieron diversos siniestros, e incluso el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que en agosto de 1971 era subdirector de Finanzas de Pemex, apareció involucrado en un fraude millonario ligado a la construcción del poliducto Salamanca-Guadalajara, según documentos que aparecen en el expediente del caso.

En cuanto a los gobernadores panistas Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña, principales beneficiarios políticos de la tragedia, nunca han cumplido su promesa de otorgar justicia a los afectados.

Luego de siete años de detentar Acción Nacional la gubernatura de Jalisco, los mandatarios emanados de ese partido ni siquiera han garantizado a los discapacitados por el siniestro atención médica de calidad, mucho menos una pensión digna.

Volaron 800 metros en Sierra Morena

Al amanecer del 25 de marzo de 1983, una explosión destrozó 800 metros de alcantarillas ubicadas en la calle Sierra Morena, lanzó automóviles por los aires, dañó las fachadas de las viviendas y provocó lesiones a por lo menos a 20 personas.

El primero de marzo de ese año rindió protesta el gobernador priísta Enrique Alvarez del Castillo, quien anunció que su administración pagaría los gastos de la reconstrucción. A su vez, el alcalde tapatío Guillermo Vallarta Plata dijo desconocer la causa del estallido, "pero para nadie es desconocido que las heces o los productos fecales producen gases, y si éstos se acumulan y se añaden a otras sustancias pueden ocasionarlas", manifestó en su oportunidad.

Estaba muy lejano un escenario de ingobernabilidad y sólo marginalmente se citó a Pemex como posible causante de la deflagración. Hasta después de la tragedia de 1992 salió a relucir un peritaje que señaló a la paraestatal como el responsable de un derrame de gasolina en el drenaje que causó cinco explosiones, de las cuales cuatro fueron de proporciones menores.

Eugenio Ruiz Orozco, entonces secretario general de Gobierno, negoció con Pemex, que entregó al tesorero Gabriel Covarrubias Ibarra un cheque por 252 millones de pesos, que ingresó como donativo en la cuenta pública de 1983, en la cual se reportó un gasto de 300 millones por la reconstrucción.

Ya en 1994, cuando Eugenio Ruiz Orozco buscó la postulación priísta de candidato a gobernador, respondió cuando se le cuestionó su silencio para encubrir a la paraestatal: "Bueno, a nosotros Pemex nos pagó hasta la risa en 1983".

Habían pasado más de dos años de las explosiones del 22 de abril, que según cifras no oficiales dejaron centenares de muertos, y otro reportero le preguntó: "Oiga, licenciado, ¿no habrá resultado demasiado caro ese silencio?"

Segunda llamada

En octubre de 1991, una explosión de relativamente pequeña magnitud hizo volar las tapas de las alcantarillas en dos calles de la Colonia Valle del Alamo, y en un registro del desagüe incluso hubo un incendio.

Fungía como gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, y al lugar acudió como principal responsable el mayor Trinidad López Rivas, jefe del H. Cuerpo de Bomberos de Guadalajara ?hoy funge como director de Protección Civil estatal?, quien prometió dar una explicación a los vecinos, pero nunca volvió.

Este mismo funcionario se volvió célebre porque, minutos antes de que iniciaran las explosiones del 22 de abril, aseguró a un noticiero radiofónico local que no existía riesgo en la zona de Gante.

Se derramaron mil barriles de combustible en un día

El 22 de abril se registró la explosión inicial en el cruce de las calles Calzada Independencia y Aldama, donde se formó un hoyo al cual cayó un autobús, cuyos pasajeros fueron las primeras víctimas del día. Las explosiones se sucedieron con rumbo a la planta de Pemex La Nogalera.

Empleados y funcionarios de la paraestatal, al mando de Manuel Silva, y posiblemente con la anuencia del director general Francisco Rojas, desde mucho antes colocaron ventonita en el alcantarillado de Guadalajara, para aminorar las ondas expansivas de una explosión.

Sabían muy bien a lo que se enfrentaban, pero nunca informaron a las autoridades locales, y hasta culparon a dos empresas aceiteras de propiciar la tragedia de abril, al haber derramado hexano a los drenajes.

En un oficio firmado por el abogado de Pemex, Carlos Arce Merce, fechado el 28 de abril de 1992, se aceptó que sólo el 22 de ese mes se derramaron al desagüe tapatío mil barriles de gasolina Nova??equivalentes a 159 mil litros de carburante?, pues al suspender el bombeo se lograron recuperar 800 barriles de los mil 800 enviados en esa jornada.

El 25 de abril, María Guadalupe Fernández Romero y Francisco Fernández Aviña, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), luego de cotejar los reportes de bombeo de Salamanca a Guadalajara del primero al 23, encontraron que casi 19 mil barriles no llegaron a La Nogalera, equivalentes a casi 3 millones de litros de gasolina, y cuyo destino habría sido el subsuelo y los drenajes.

El 27 de abril, el procurador general de la república, Ignacio Morales Lechuga, aseguró que el derrame de gasolina salió de un agujero del poliducto "de un centímetro de diámetro".

Carlos Salinas de Gortari, entonces Presidente, optó por encubrir a Pemex y a su director Carlos Rojas. Del otro lado, el gobernador Cosío Vidaurri fue destituido y se encarceló al alcalde Enrique Dau Flores.

Miguel de la Madrid Hurtado firmó en agosto de 1971, como subdirector de Finanzas de Pemex, el contrato GPC-70/71 para que la empresa Mexicana de Construcciones construyera el poliducto Salamanca-Guadalajara, de 235 kilómetros de longitud y 14 pulgadas de diámetro. En un claro fraude, la empresa construyó un poliducto de 12 pulgadas de diámetro.

El director general de Pemex era Antonio Dovalí Jaime y el gerente de la constructora Alejandro Flores Muñoz, a quien se le pagaron 35.5 millones de pesos.

De los millones de litros de gasolina que se derramaron, a nadie le han pedido cuentas. Tampoco del fraude en la construcción del poliducto, por lo menos públicamente.

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