El ex presidente De la Madrid, involucrado en
un fraude en la construcción del poliducto
Aún no indemniza Pemex a sobrevivientes de las
explosiones de Guadalajara en 1992
La explosión en el Sector Reforma no fue la primera;
tres gobernadores priístas encubrieron otras
CAYETANO FRIAS CORRESPONSAL
Guadalajara, Jal., 21 de abril. A diez años
de la tragedia que causó el derrame de 18 mil barriles de gasolina
a los drenajes de esta ciudad, Petróleos Mexicanos (Pemex) aún
no indemniza a los damnificados que sobrevivieron a las explosiones ocurridas
en el Sector Reforma de esta capital, por donde pasa el poliducto Salamanca-Guadalajara.
De acuerdo con el balance oficial, en el siniestro fallecieron
212 personas, 69 desaparecieron, mil 470 resultaron lesionadas y se destruyeron
12.5 kilómetros de cloacas, así como 800 viviendas, 400 miniestablecimientos
y 40 microindustrias.
La explosión del 22 de abril de 1992 no fue la
primera que ocasionó Pemex en Guadalajara. Desde 1983, tres gobernadores
priístas encubrieron diversos siniestros, e incluso el ex presidente
Miguel de la Madrid Hurtado, que en agosto de 1971 era subdirector de Finanzas
de Pemex, apareció involucrado en un fraude millonario ligado a
la construcción del poliducto Salamanca-Guadalajara, según
documentos que aparecen en el expediente del caso.
En cuanto a los gobernadores panistas Alberto Cárdenas
Jiménez y Francisco Ramírez Acuña, principales beneficiarios
políticos de la tragedia, nunca han cumplido su promesa de otorgar
justicia a los afectados.
Luego de siete años de detentar Acción Nacional
la gubernatura de Jalisco, los mandatarios emanados de ese partido ni siquiera
han garantizado a los discapacitados por el siniestro atención médica
de calidad, mucho menos una pensión digna.
Volaron 800 metros en Sierra Morena
Al
amanecer del 25 de marzo de 1983, una explosión destrozó
800 metros de alcantarillas ubicadas en la calle Sierra Morena, lanzó
automóviles por los aires, dañó las fachadas de las
viviendas y provocó lesiones a por lo menos a 20 personas.
El primero de marzo de ese año rindió protesta
el gobernador priísta Enrique Alvarez del Castillo, quien anunció
que su administración pagaría los gastos de la reconstrucción.
A su vez, el alcalde tapatío Guillermo Vallarta Plata dijo desconocer
la causa del estallido, "pero para nadie es desconocido que las heces o
los productos fecales producen gases, y si éstos se acumulan y se
añaden a otras sustancias pueden ocasionarlas", manifestó
en su oportunidad.
Estaba muy lejano un escenario de ingobernabilidad y sólo
marginalmente se citó a Pemex como posible causante de la deflagración.
Hasta después de la tragedia de 1992 salió a relucir un peritaje
que señaló a la paraestatal como el responsable de un derrame
de gasolina en el drenaje que causó cinco explosiones, de las cuales
cuatro fueron de proporciones menores.
Eugenio Ruiz Orozco, entonces secretario general de Gobierno,
negoció con Pemex, que entregó al tesorero Gabriel Covarrubias
Ibarra un cheque por 252 millones de pesos, que ingresó como donativo
en la cuenta pública de 1983, en la cual se reportó un gasto
de 300 millones por la reconstrucción.
Ya en 1994, cuando Eugenio Ruiz Orozco buscó la
postulación priísta de candidato a gobernador, respondió
cuando se le cuestionó su silencio para encubrir a la paraestatal:
"Bueno, a nosotros Pemex nos pagó hasta la risa en 1983".
Habían pasado más de dos años de
las explosiones del 22 de abril, que según cifras no oficiales dejaron
centenares de muertos, y otro reportero le preguntó: "Oiga, licenciado,
¿no habrá resultado demasiado caro ese silencio?"
Segunda llamada
En octubre de 1991, una explosión de relativamente
pequeña magnitud hizo volar las tapas de las alcantarillas en dos
calles de la Colonia Valle del Alamo, y en un registro del desagüe
incluso hubo un incendio.
Fungía como gobernador Guillermo Cosío Vidaurri,
y al lugar acudió como principal responsable el mayor Trinidad López
Rivas, jefe del H. Cuerpo de Bomberos de Guadalajara ?hoy funge como director
de Protección Civil estatal?, quien prometió dar una explicación
a los vecinos, pero nunca volvió.
Este mismo funcionario se volvió célebre
porque, minutos antes de que iniciaran las explosiones del 22 de abril,
aseguró a un noticiero radiofónico local que no existía
riesgo en la zona de Gante.
Se derramaron mil barriles de combustible en un día
El 22 de abril se registró la explosión
inicial en el cruce de las calles Calzada Independencia y Aldama, donde
se formó un hoyo al cual cayó un autobús, cuyos pasajeros
fueron las primeras víctimas del día. Las explosiones se
sucedieron con rumbo a la planta de Pemex La Nogalera.
Empleados y funcionarios de la paraestatal, al mando de
Manuel Silva, y posiblemente con la anuencia del director general Francisco
Rojas, desde mucho antes colocaron ventonita en el alcantarillado de Guadalajara,
para aminorar las ondas expansivas de una explosión.
Sabían muy bien a lo que se enfrentaban, pero nunca
informaron a las autoridades locales, y hasta culparon a dos empresas aceiteras
de propiciar la tragedia de abril, al haber derramado hexano a los drenajes.
En un oficio firmado por el abogado de Pemex, Carlos Arce
Merce, fechado el 28 de abril de 1992, se aceptó que sólo
el 22 de ese mes se derramaron al desagüe tapatío mil barriles
de gasolina Nova??equivalentes a 159 mil litros de carburante?, pues al
suspender el bombeo se lograron recuperar 800 barriles de los mil 800 enviados
en esa jornada.
El 25 de abril, María Guadalupe Fernández
Romero y Francisco Fernández Aviña, peritos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), luego de cotejar los
reportes de bombeo de Salamanca a Guadalajara del primero al 23, encontraron
que casi 19 mil barriles no llegaron a La Nogalera, equivalentes a casi
3 millones de litros de gasolina, y cuyo destino habría sido el
subsuelo y los drenajes.
El 27 de abril, el procurador general de la república,
Ignacio Morales Lechuga, aseguró que el derrame de gasolina salió
de un agujero del poliducto "de un centímetro de diámetro".
Carlos Salinas de Gortari, entonces Presidente, optó
por encubrir a Pemex y a su director Carlos Rojas. Del otro lado, el gobernador
Cosío Vidaurri fue destituido y se encarceló al alcalde Enrique
Dau Flores.
Miguel de la Madrid Hurtado firmó en agosto de
1971, como subdirector de Finanzas de Pemex, el contrato GPC-70/71 para
que la empresa Mexicana de Construcciones construyera el poliducto Salamanca-Guadalajara,
de 235 kilómetros de longitud y 14 pulgadas de diámetro.
En un claro fraude, la empresa construyó un poliducto de 12 pulgadas
de diámetro.
El director general de Pemex era Antonio Dovalí
Jaime y el gerente de la constructora Alejandro Flores Muñoz, a
quien se le pagaron 35.5 millones de pesos.
De los millones de litros de gasolina que se derramaron,
a nadie le han pedido cuentas. Tampoco del fraude en la construcción
del poliducto, por lo menos públicamente.