Además "es inconstitucional", señalan autoridades

Cuestiona Medio Ambiente la falta de contenidos de iniciativa priísta

RAUL LLANOS SAMANIEGO

Las autoridades ambientales del Distrito Federal calificaron de "inconstitucional" y con "escasos contenidos" la propuesta de ley de la fracción del PRI para disminuir los niveles de contaminación en esta capital mediante el uso de combustibles alternativos como gas natural, LP y energía eléctrica, y de certificar los sistemas y equipos relacionadas con la verificación vehicular.

La iniciativa de ley relativa a los sistemas, equipos, dispositivos y servicios anticontaminantes para vehículos automotores de combustión interna fue presentada al pleno de la Asamblea Legislativa en diciembre pasado por la priísta Alicia Téllez Sánchez, y fue turnada a comisiones para su dictaminación.

Al conocer dicho proyecto de ley, la Dirección General de Gestión Ambiental del Aire, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capitalino, emitió una serie de observaciones al respecto: "la iniciativa de ley presenta muy escasos contenidos", tales como certificar los sistemas, equipos, dispositivos y servicios anticontaminantes y la autorización para su comercialización.

Además, añade el texto, la aplicación del esquema de autorregulación entre autoridades y "flotilleros" para regular sus niveles de emisión; la creación de un consejo intersectorial de fomento al mercado interno de sistemas y equipos anticontaminantes, y la posibilidad de suscripción de convenios en la materia, que corresponderían a un reglamento.

"Lo anterior conduciría a considerar que más bien debe pensarse en una modificación a la Ley Ambiental y no de una ley particular, además de que resultaría inconveniente generar un sistema normativo con leyes parciales relativas a cada una de las actividades de la sociedad", detalla el documento oficial entregado a los legisladores para determinar la factibilidad de incorporar las observaciones al mencionado proyecto legal.

Más adelante, la respuesta gubernamental detalla que la iniciativa "presenta tres obstáculos importantes: primero, que es inconstitucional prohibir la comercialización de bienes lícitos (como los sistemas, equipos, dispositivos y servicios anticontaminantes); segundo, que una parte importante de sus disposiciones está en la Ley Ambiental vigente, y, tercero, que una parte importante de las facultades que se pretende asignar a la Secretaría del Medio Ambiente son de competencia federal".

Una de las últimas observaciones de la Dirección General de Gestión Ambiental del Aire añade que el proyecto de ley en mención propone "una ley de contenidos orgánicos o programáticos, pues más allá de la prohibición de comercializar productos que no estén certificados, el resto de las disposiciones se refieren a las atribuciones o funciones de la Secretaría del Medio Ambiente o bien a propósito de la política ambiental, y ambos ya están considerados en la Ley Ambiental".