Causará competencia por fondos de por sí escasos, coinciden

Preocupante, que se pretenda dar recursos públicos a investigaciones privadas: rectores

El criterio de los particulares es generar ganancias, apuntan en reunión

MIREYA CUELLAR

Rectores de diversas instituciones del país demandaron ayer a los diputados "acotar" los montos de recursos público que se darían a empresas y universidades privadas para financiar proyectos de investigación científica, y especificar que únicamente se darán recursos a aquellos que ofrezcan "resultados concretos con valor social".

Al comentar ayer el contenido de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología -cuyo dictamen será votado hoy en la Cámara de Diputados-, los rectores expresaron su preocupación con la decisión de financiar proyectos privados con recursos públicos.

El titular de la Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Doger Guerrero, consideró que si la reforma implica mayor autonomía y respaldo a la actividad científica es favorable, dado que en los últimos 30 años el apoyo gubernamental a la ciencia ha sido mínimo.

Cuestionó el hecho de que las instituciones públicas tengan en el futuro que competir con las privadas, dado que las primeras "realizan 90 por ciento de la investigación científica que se hace en el país... los recursos de por sí sin insuficientes para las instituciones públicas y uno de los problemas estructurales del país es que la iniciativa privada poco se preocupa por invertir en ciencia, a diferencia de otros países, como Estados Unidos y Europa, donde 50 por ciento del financiamiento viene de organismos privados, mientras que en México no representa ni 10 por ciento".

También dijo estar preocupado porque la ley sigue concentrando toda su atención en el DF y hay instituciones en el resto de la República que realizan investigación de buen nivel, por lo que debería incluirse una representación de los estados en el nuevo consejo, que será el órgano de decisión.

Tanto Doger como los rectores de otras instituciones consideraron importante vincular la investigación científica y los sectores sociales, pero dijeron que no se debe perder de vista que las empresas quieren invertir en investigaciones que van a mejorar sus procesos para obtener mayores ganancias.

El secretario ejecutivo de la ANUIES, Jorge Luis Ibarra, consideró que la nueva ley "es buena en la medida que establece una mejor organización del sistema de ciencia y tecnología, una política de estado", pero reconoció que sólo conocen parcialmente el proyecto que hoy se discutirá.

Dolores Cabrera Muñoz, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, compartió las preocupaciones de sus homólogos: "en la distribución de los fondos deberá estar presente la comunidad científica; creemos que si este proceso está sujeto a una presencia muy importante de funcionarios del gobierno federal, y no de los miembros reconocidos de la comunidad científica, seguramente tendrá efectos negativos para el desarrollo de la ciencia".

Rogelio Cárdenas Hernández, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, explicó: "No es sólo la competencia. Para los rectores de las universidades públicas es claro que esto representa el traslado de muchos de los investigadores que nosotros formamos a las universidades privadas, y con la mano en la cintura éstas ahora tratarán de competir por las bolsas presupuestales, que además definirán los propios empresarios. Es una competencia desleal. Que participen -las universidades privadas-, pero con sus recursos humanos.

"Que los empresarios participen en la investigación no es malo, pero parece que quisieran desplazar el aparato natural de las universidades en el terreno de la investigación; estamos más por la idea de un diálogo que, si no se da, pues difícilmente algún sector va a confiar en otro."

Carlos Salazar Silva, rector de la Universidad de Colima, comentó: "desde el punto de vista académico los vemos muy bien, pero desde el financiero no tanto, creemos que si existiera el recurso suficiente para financiar los proyectos de investigación en las universidades públicas podría abrirse a las demás, pero el problema es económico. Como mexicanos no hay que olvidar la investigación en áreas básicas, en áreas sociales y de ciencias sociales, pero debemos estar conscientes del descuido que, el intento de desviar recursos públicos a las universidades privadas puede generar en las públicas.

Jaime Valle, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dijo: "Las instituciones privadas deben justificar que realmente pueden hacer investigaciones serias, pero estos trabajos implican mucho tiempo. šPrimero debe apoyarse a la universidad pública! Parte de la investigación se viene dando con apoyo de los recursos del gobierno y privado, se abrieron los fondos mixtos y concurrentes con la iniciativa privada. No es nuevo que la iniciativa privada participe en la toma de decisiones, pero que lo haga en proyectos que ellos financien, y así podrán decir qué es lo que se asigna".

Los rectores fueron entrevistados en el acto en el que entregaron a los diputados y al Organo Superior de Fiscalización de la Federación los estados financieros de sus instituciones, para mostrar su disposición a dar cuenta a la sociedad del uso de los recursos que anualmente se les entregan.