"Probaría" responsabilidad del Ejecutivo en actos violentos

Divulgan presunta conversación de Chávez con militares antes del golpe

El Plan Avila está para garantizar las instituciones, dice la Defensa

No se aplicó porque algunos oficiales "le retiraron" su apoyo

AFP, DPA Y REUTERS

Caracas, 24 de abril. Los medios de comunicación venezolanos divulgaron hoy una presunta conversación del presidente Hugo Chávez, en la que ordenaba activar un plan militar para enfrentar la intentona golpista, pero presentada como prueba de que con ello intentaba reprimir la manifestación previa a la asonada.

Muchos de los medios de televisión, radio y prensa que estuvieron detrás del golpe contra el gobierno constitucional difundieron la conversación del mandatario en la que ordenaba la salida a las calles de unidades de elite del ejército para restablecer el orden público, denominada Plan Avila.

Este hecho volvió a activar los enfrentamientos verbales entre el gobierno y los opositores, que buscan pruebas para incriminar al presidente y de esa forma diezmarlo.

El Ministerio de Defensa señaló que "el Plan Avila tiene como misión garantizar a las instituciones la paz, la tranquilidad social y restablecer, preservar y asegurar el orden público alterado". Se trataba de persuadir a la multitud de evitar enfrentamientos con otros manifestantes.

El general en jefe e inspector general de las fuerzas armadas, Lucas Rincón, explicó que el Plan Avila "es de control para enfrentar situaciones especiales y garantizar el orden, cuando las fuerzas policiales habían perdido el control de la situación".

Por lo demás, puntualizó, varios de los mandos militares habían retirado ya el apoyo al presidente, "lo que representaba un indicio fuerte de que presuntamente estábamos ante un golpe de Estado", y se conocía de enfrentamientos con saldo de muertos. Así, Rincón coincidió con otros sectores en que el Plan Avila ya no se pudo ejecutar al perder Chávez el mando de los comandos del ejército.

Sin embargo, en la conversación nunca se habla de reprimir, sino de apostar soldados y tanquetas para impedir el paso de los manifestantes, cuyo plan se ponía en marcha cuando la policía ya era rebasada, los enfrentamientos se desataban y francotiradores comenzaban a disparar.

En entrevista con TV-5, el mandatario expresó su esperanza de que "sea mentira" la posible implicación de Estados Unidos en el golpe de hace dos semanas. Con todo, dijo, las investigaciones arrojarán "verdades" sobre lo ocurrido y el papel de Washington.

Al recordar los momentos vividos entonces, subrayó que se negó en forma rotunda "a firmar" lo que le propusieron "varias veces", y que su estado emocional en aquella difícil situación lo llevó a pensar hasta en la muerte. De hecho, dijo, temía que lo fueran a matar, pero que "iba encomendado a Dios".

Tras reiterar que estuvo prácticamente secuestrado, descartó que el gobierno español del conservador José María Aznar haya dado el beneplácito al gobierno golpista cívico-militar. "Creo en lo que Aznar siempre ha dicho", comentó Chávez.

El presidente salió "fortalecido" después del caos político de la intentona golpista, de acuerdo con una encuesta de la organización Eugenio Escuela, divulgada por El Mundo; 55 por ciento de los entrevistados respondieron que el mandatario salió "fortalecido", mientras que 19 consideró que resultó más débil, y 18 por ciento dijo que permanece igual.

Un estudio de la firma Cirm Eurotop, previo al fallido golpe, señalaba que la confianza de los venezolanos en Chávez se había desplomado 21 por ciento en los dos trimestres anteriores, que 68 por ciento rechazaba su gestión y sólo 31.5 lo apoyaba, incluyendo 13 por ciento que expresaba un apoyo "radical".

El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, pidió "prudencia" ante las acusaciones de diputados oficialistas venezolanos de que "sectores" de Estados Unidos estarían implicados en la intentona golpista. "Llamo a la prudencia en el tratamiento de este tema de Estado y de alta seguridad nacional, que debe ser tratado únicamente por el presidente y la cancillería", expresó.

Mientras, el canciller venezolano Luis Alfonso Dávila, en entrevista con El Nacional, evitó cuestionar a Washington y dijo esperar una reactivación de las relaciones bilaterales.

Del mismo modo, en contactos con el secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Otto Reich, el canciller expresó la voluntad de Caracas de mantener un "diálogo franco, abierto, entre iguales con el gobierno de Estados Unidos". Aseguró que el funcionario estadunidense recibió bien ese planteamiento.

En cambio, Dávila criticó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, respecto a sus contactos en Caracas con el efímero "ex presidente" Pedro Carmona, cuando preparaba su informe para el organismo regional sobre los sucesos del 11 al 13 de abril pasado.

Tras señalar que no veía la necesidad de ese encuentro y que era del desagrado del gobierno constitucional, apuntó que en Venezuela se pudo haber aplicado la Carta Democrática de la OEA, que prevé sanciones para el país que rompa el orden constitucional. Cuestionó la ambigüedad aparente frente a la instalación de un régimen de facto e inconstitucional, siendo que la Carta Democrática se hizo para aplicarla en estos casos.

Finalmente, en el Congreso se llegó a un consenso para conformar una comisión de la verdad que aclare los sucesos de violencia durante la intentona golpista, que arrojó 57 muertos y cientos de heridos. No obstante, el visto bueno se dará hasta este jueves y quedará integrada por organizaciones nacionales de derechos humanos, un centro de estudios de la Universidad Católica, de la estatal Universidad Central de Venezuela y tres diputados de enlace.

Además, se discutió la conformación de otra comisión, integrada por 25 diputados, que indague qué pasó y las implicaciones del golpe de Estado para derrocar a un gobierno constitucional como el de Chávez.

El diputado del oficialista Movimiento V República, Luis Velásquez, condenó la difusión de conversaciones privadas relacionados con el golpe y propuso la aprobación de una ley que regule en la materia. Se refirió a pláticas telefónicas divulgadas la víspera por Juan Barreto y Pedro Careño, dos de sus compañeros de partido.

El ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez, denunció ante la Fiscalía General a los alcaldes opositores Henrique Capriles y Leopoldo López por excesos cometidos contra su persona cuando ordenaron detenerlo indebidamente el 12 de abril. Mientras la Conferencia Episcopal ofreció su apoyo a la comisión de la verdad, los opositores insistieron en la destitución del fiscal general y del defensor del pueblo; Fedecámaras dijo tener "reservas" sobre el diálogo.