Se prevé regaño de organismos crediticios: Rodríguez Padilla

Justo y a la altura de lo debido, el fallo de la SCJN, dice experto de la UNAM

ISRAEL RODRIGUEZ J.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de declarar inconstitucionales las reformas presidenciales que permitirían la apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada, cierra el paso a la creación de un mercado eléctrico restringido a los grandes usuarios que podría crearse, según el gobierno y el PAN, mediante cambios a la ley secundaria.

Lo anterior, consideró Víctor Rodríguez Padilla, investigador de la UNAM, y también asesor en materia energética en el Senado de la República, al destacar que el fallo fue justo y estuvo realmente a la altura de lo que correspondía.

Explicó que la reforma al reglamento efectuaba una apertura por la puerta de atrás. La meta, dijo, "era que si no la podemos hacer por la parte constitucional, la hacemos por parte del reglamento".

La intención ha sido abrir el sector eléctrico de una u otra manera. Era bastante evidente que la SCJN no iba a dejar pasar esto, porque era una franca y abierta violación a los principios constitucionales, dijo.

Con el rechazo del Senado y la SCJN se ha cerrado el paso a la apertura de la industria eléctrica, y obliga a todos los actores a plantear una reforma en materia de energía por reformas legales. Entonces el PRI, el PRD y el PVEM tienen la razón de impulsar una propuesta única de reforma.

De ahí la relevancia de los trabajos del próximo mes para tener una iniciativa única después de las tres que se presentaron .

Rodríguez Padilla mencionó que esa ley no debe violar la Carta Magna, por lo que tiene que ser muy cuidadosa. Los próximos reglamentos tienen que ser apegados a los principios constitucionales y respetar el Tratado de Libre Comercio, donde no se pueden afectar las figuras de autoabastecimiento y cogeneración.

Aclaró que no se le cierra el paso al sector privado. Quedará con un rol complementario pero se va a precisar cuál es su lugar, así como el del sector público.

Víctor Rodríguez advirtió que "como México rechaza -con la decisión del Senado y de la SCJN- ceder un negocio anual de 13 mil millones de dólares -que en manos privadas podría multiplicarse varias veces a costa de los consumidores finales-, se puede esperar el regaño y el jalón de orejas por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los centros financieros internacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otros organismos multilaterales".

El especialista alertó también que las calificadoras de riesgo amenazarán con retirar el grado de inversión; las trasnacionales eléctricas se manifestarán por replantear sus inversiones en el país.

Coincide con un reciente estudio de la Cepal en que el problema toral de la industria eléctrica mexicana se centra en la falta de transparencia de la estructura organizacional y la toma de decisiones, que se traduce en un alto grado de discrecionalidad.

Explicó que el gobierno federal ordena el funcionamiento de la industria eléctrica a partir de objetivos no siempre concordantes con los de continuidad y calidad del suministro; eficiencia y productividad, cuidado ambiental y compatibilidad social.

Dicha discrecionalidad se manifiesta notablemente en la fijación de tarifas, la emisión de licitaciones para la realización de las obras, el manejo del presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía.

Precisó que los ingresos del servicio público de electricidad en México alcanzarán cerca de 110 mil millones de pesos este año, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (107 mil 121 millones por parte de la CFE y dos mil 658 millones por parte de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro). Ese volumen de negocios despierta efectivamente el interés de las empresas privadas, básicamente extranjeras. Son las oportunidades existentes que justifican el interés de invertir, "pero no vemos en qué justifica la apertura".