Busca defenderse del cargo de portación de arma de uso exclusivo del Ejército
Presunto jefe del ERPI interpone demanda de amparo
MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL
Acapulco, Gro., 26 de abril. La defensa de Efrén Cortés Chávez, presunto jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, interpuso una demanda de amparo por el delito de portación de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, al no comprobársele su participación en el enfrentamiento ocurrido con el Ejército Mexicano el 7 de junio 1998 en la comunidad El Charco, municipio de Ayutla de los Libres.
José Manuel Reyes Camero, abogado de otros acusados de guerrilleros como Erika Zamora Pardo, Angel Guillermo Martínez y Virginia Montes González, indicó que presentó el amparo el miércoles pasado en el primer tribunal unitario con sede en Chilpancingo, con la finalidad de que se resuelva simultáneamente con otro juicio interpuesto contra los seis años y medio de prisión a los que fue sentenciado por los delitos de conspiración e invitación a la rebelión.
Dijo que la pena de un año y medio de prisión a su cliente "es injusta", por lo que exigió a los tribunales aplicar las penas mínimas al no comprobársele sendos delitos federales y vincularlo en un enfrentamiento armado con las fuerzas castrenses nacionales, donde perdieron la vida 11 indígenas mixtecos y un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, de Ayutla.
Sostuvo que se trata de contrarrestar las acciones del Ministerio Público Federal, que sigue integrando delitos contra sus defendidos, recluidos en los penales de Puente Grande, Jalisco, y de Chilpancingo.
Recordó que sus clientes llevan recluidos tres años y 10 meses. El 15 de marzo de 1999 un juez les agregó el delito de portación de armas de fuego. El 22 de julio siguiente fueron sentenciados a cinco años de prisión y 10 mil pesos de multa por conspiración e invitación a la rebelión, situación que fue apelada al no estar probado que hayan tratado de cambiar la forma de gobierno por medio de las armas.
Esta sentencia fue revocada el 23 de marzo de 2000 e impuso tres meses y 15 días de prisión a los mixtecos Adelaido García, Alfonso Oliva Morales, Anastasio Ramírez y Esteban Epitacio, quienes se encuentran en libertad absolutoria al ser beneficiados con una preliberación a mediados de 2001.