La ocupación sería tipificada como despojo específico

Veracruz: propondrán que tomadores de escuelas no alcancen libertad con fianza

GUADALUPE LOPEZ CORRESPONSAL

Jalapa, Ver., 26 de abril. El secretario de Educación y Cultura, Juan Maldonado Pereda, informó que el Ejecutivo estatal enviará al Congreso local una propuesta de reforma al Código Penal del estado para que la ocupación de escuelas sea tipificada como delito de despojo específico, sin derecho a libertad bajo fianza.

Con motivo de la toma realizada hoy de una escuela de bachilleres en la ciudad de Veracruz, el secretario advirtió que "tendré que mandar necesariamente al seno del Congreso la iniciativa que establezca el delito de despojo específico que se refiere a las escuelas que son tomadas sin ton ni son dizque para defender derechos, que suspendan las clases y que la secretaría quede como rehén en detrimento de los niños y de los jóvenes".

Se tiene -dijo- un calendario escolar de 200 días y no se puede justificar que se tomen las escuelas con cualquier pretexto.

Maldonado Preda explicó que su propuesta crea la figura de despojo específico, que establece que todo el que se apodere de una escuela, irá a la cárcel sin posibilidad de que salga bajo fianza; sanción que podrá ser de tres meses a tres años de prisión.

Agregó que la iniciativa en cuestión ya está en poder del gobierno del estado, la están revisando y analizando los abogados del Ejecutivo para después remitirla a la Legislatura.

Dijo que probablemente los padres de familia vean con simpatía el hecho de que estas cosas se acaben, "porque no podemos seguir en una situación fingiendo un principio de autoridad que se vulnera cuando las personas quieren, a la hora que quieren, y simplemente ser figuras decorativas".

Puntualizó que esto no significa ninguna actitud totalitaria o violadora del derecho de los trabajadores, sino una exhortación justa y un reclamo importante y de compromiso con la educación.

Maldonado dijo también que ha recibido 45 denuncias contra maestros por diversos motivos, entre las cuales figuran 10 o 12 casos de abuso sexual contra menores de edad y otras son por venta de plazas.

Añadió que en aquellos casos donde se ha demostrado que efectivamente existía la responsabilidad por abuso sexual, se ha procedido contra los maestros, primero con la sanción administrativa no pagándole salarios y después, cuando ya están sujetos a proceso penal, rompiendo la relación de trabajo con ellos.

El caso más sobresaliente, indicó, fue el de un profesor de Perote, acusado de abusar sexualmente de varias alumnas, por lo que se integró la averiguación previa, fue detenido, pero posteriormente "lo echaron fuera porque no estaba bien integrada la indagatoria".

Apuntó que esas conductas delictivas lastiman a la sociedad y no se pueden permitir, porque los padres de familia mandan a sus hijos a la escuela con el ánimo limpio y esperando que el maestro o maestra tenga el trato y cuidado más importante con los menores.