INFANCIA
Envía recomendación al gobernador Patrón
Laviada; exige cese de la violencia
Derechos Humanos documenta torturas en escuela yucateca
para menores infractores
"Qué tanto afecta a los niños si los hincamos
en el pasillo", pregunta sicólogo del plantel
VICTOR BALLINAS
En la Escuela de Educación Social para Menores
Infractores del Estado de Yucatán, ubicada en Mérida, los
internos ?niños y adolescentes? viven "situaciones aberrantes",
que van de "castigos inhumanos, consistentes en golpes y segregación",
a suministro "indiscriminado de sicotrópicos para mantenerlos dormidos",
así como "amenazas y abuso sexual", asegura la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 10/2002, dirigida
al gobierno de Patricio Patrón Laviada.
"A un niño con tendencias homosexuales se le vistió
de mujer y se le obligó a dormir en el área de niñas;
a otra menor se le castigó encerrándola dos días en
el criadero de cerdos, sin alimentos; tres niñas más fueron
sedadas (dormidas) durante tres días; a otros niños se les
obligó a comer alimento de cerdos y a beberse sus orines; niños
y niñas fueron molestados sexualmente (con) pellizcos en los senos,
apretones en testículos y penes y mano-seos", revela la CNDH.
Las violaciones a los derechos humanos de los menores
-malos tratos, humillaciones, golpes y amenazas- fueron cometidos por María
del Rocío Martel López, ex directora del plantel; por su
chofer, Martín Espíndola; por el sicólogo Víctor
Canché May; por los vigilantes Bernardo Marco Acevedo Pool, Armando
Gómez Yama y Eduardo Can Tun; por el coordinador Fernando Canché
Tec, y por profesores como Gerardo Guardián Pérez.
También tienen responsabilidad en el trato cruel
que aún padecen ?sostiene la comisión? el Consejo Tutelar
para Menores Infractores del Estado de Yucatán, porque no vigiló
el respeto a las garantías de los niños; la Procuraduría
de Defensa del Menor y la Familia, porque no los asistió en las
violaciones a sus derechos, y la Procuraduría de Justicia del Estado.
La CNDH destaca en la recomendación que se comprobaron
violaciones a los derechos humanos relativos al respeto a la integridad
física, a recibir trato digno, a la libertad, a la legalidad, a
la seguridad jurídica, a un debido proceso penal y a la protección
de la salud, en perjuicio de los menores internos en dicho plantel.
El presidente de la comisión, José Luis
Soberanes, solicitó al mandatario panista Patrón Laviada
"el cese de violaciones a los derechos humanos de las niñas y los
niños internos en esa escuela; que se dé vista al procurador
general de Justicia estatal para que inicie la investigación correspondiente
respecto a las conductas de servidores y ex servidores públicos,
porque tienen responsabilidades, así sea por omisión".
Asimismo, "que se inicie una investigación para
determinar la responsabilidad administrativa en la que pudiesen haber incurrido
los servidores actuales y ex servidores públicos de la mencionada
escuela, del Consejo Tutelar para Menores Infractores, de la Procuraduría
de Defensa del Menor y la Familia y de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), porque incumplieron las medidas cautelares
que se les ordenaron y aceptaron, ya que en la visita que personal de éste
órgano realizó los días 10, 11 y 12 de enero de este
año, aún se aplicaban castigos".
La comisión también pidió al gobernador
yucateco que se dote a la PGJE y el DIF de lugares adecuados para albergar
a menores víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y desamparados;
además, que se instruya a las autoridades de dicha escuela para
que se impida el ingreso de menores que no estén a disposición
del Consejo Tutelar; que se proporcione una adecuada atención médica
y se prohíba el uso indiscriminado de medicamentos para controlar
problemas de conducta, y que a la brevedad se expida el reglamento interno
y demás disposiciones aplicables.
La CNDH explica que realizó una investigación
in situ a raíz de una queja presentada por María Cristina
Muñoz Menéndez, del centro Indignación, Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos, en la que denuncia a la ex directora
y demás personal por violaciones a las garantías de los menores
recluidos.
La queja fue recibida por la comisión el 23 de
julio del año pasado, y el día 30 del mismo mes hubo una
ampliación. Los días 6 y 7 de agosto del mismo año,
personal de la CNDH realizó una investigación y recibió
informes del Consejo Tutelar, de la PGJE, de la escuela y del DIF.
En septiembre de 2001, Sylvia Zenteno Ruano, quien declaró
ser coordinadora del Programa de Salud Integral para Grupos Adolescentes,
de la jurisdicción número uno de la Secretaría de
Salud estatal, denunció la existencia de malos tratos en dicha escuela.
"En una ocasión observé, durante una visita
que realicé al plantel, en el campo de futbol, a cuatro menores,
sin saber quiénes eran, amarrados con una soga alrededor de un árbol,
del pecho hasta las piernas; al acercarme y preguntarles qué les
pasaba me dijeron que tenían dos días en esas condiciones
porque la directora, María del Rocío Martel López,
los había castigado", detalle la CNDH en un extracto de la queja
presentada por Zenteno.
Los visitadores de la comisión entrevistaron a
decenas de niñas y adolescentes; para proteger sus nombres, en la
recomendación los cita sólo por números.
Una de las víctimas denunció: "la directora
nos golpeaba con un zapato en la cabeza y nos daba cachetadas; nos encerraba
en un cuarto ?segregados? hasta por tres días y no nos daba alimentos;
nos hincaba en el piso de una cancha que tenía piedras pequeñas
en el piso, con un bloque de concreto en cada brazo y otro más amarrado
a la nuca con una soga.
"En ocasiones nos introducía una pastilla de jabón
de baño en la boca para obligarnos a decir quién había
cometido alguna falta, y estando ahí nos baja los pantalones y nos
apretaba los testículos y el pene; nos obligaba a desyerbar las
áreas verdes de la escuela y nos dejaba sin comer varios días.
Su chofer (de la directora), Martín Espíndola, nos pegaba
con un tubo de poliducto."
Dulce María Alavez Soberanes y Magdalena Pitzé,
ex trabajadoras de dicha escuela, localizadas por los visitadores de la
CNDH, declararon: "nos tocó ver que en una ocasión a la menor
(3) la mantuvo varios días sin comer y la obligó a lavar
la ropa de todos los niños; observamos también cómo
golpeó a una joven (20), quien salió de la oficina de la
directora con sangre en la ropa y llorando; muchas veces vimos cómo
la directora alzaba las blusas de las menores (20), (22), (23) y (24) para
apretar sus senos; suspendía las visitas a los internos con el pretexto
de que estaban castigados, pero en realidad era para que sus padres no
se dieran cuenta de que habían sido golpeados".
Lourdes Quijano Sánchez, coordinadora del área
de mujeres de la escuela ?quien durante la investigación de la CNDH
aún laboraba ahí?, manifestó a los investigadores
del órgano nacional: "son ciertos los hechos descritos por los niños".
Agregó que en varios ocasiones vio cuando las niñas
"regresaban llorando de la dirección, con su cabello tijereteado
(...) La menor (3) me dijo que la directora le metía la mano en
sus partes íntimas".
En la investigación el sicólogo Víctor
Canché May preguntó a los visitadores: "¿Qué
tanto podemos afectar los derechos humanos de los niños si los hincamos
en el pasillo?", y agregó: "los vigilantes están a la deriva
en cuestiones de disciplina, porque es muy difícil controlar a los
menores".
Como prueba de que esos castigos siguen imponiéndose
en esa escuela, la CNDH cita parte de la entrevista con Gerardo Guardián
Pérez, sicólogo, quien dijo: "a los menores se les tiene
que imponer límites, deben existir premios y castigos, y por esa
razón no hay nada de malo en imponer sanciones; el hecho de hincarlos
en los pasillos no les afecta en nada".
La comisión cita también parte del informe
del ex director Antonio Osorio Vázquez, quien el 23 de agosto de
2001 hizo llegar a ese órgano nacional un informe, en el que manifiesta:
"la menor (5) dijo que la directora las insultaba, que las golpeaba con
el tacón de su zapato y con la rodilla en el estómago; que
las amenazó con inyectarles sangre con VIH-sida".