El banco español no inyectó el
capital requerido ni se investigó el origen de sus recursos
Violó leyes mexicanas la fusión de Mercantil
Probursa con BBVA
El gobierno subsidió la operación, pues
Fobaproa le compró cartera por $4 mil 700 millones
ISRAEL RODRIGUEZ
El acuerdo de fusión entre Multibanco Mercantil-Probursa
y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria violó disposiciones contenidas
en el decreto por el que se modificaron disposiciones de las leyes para
Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito
y del Mercado de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 15 de febrero de 1995, aseguró Mario Di Costanzo, asesor del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de
la República.
Explicó
que el decreto señala en el artículo cuarto transitorio,
fracción primera, lo siguiente: las acciones que resulten del canje
deberán representar la misma participación del capital pagado
que las acciones canjeadas.
En otras palabras, en ese momento el Banco Bilbao Vizcaya
debió haber inyectado a la nueva sociedad recursos por el equivalente
a 70 por ciento del capital del banco; lo anterior no se realizó,
ya que Bilbao Vizcaya aportó sólo mil millones de pesos de
los 3 mil 500 millones anunciados, y el resto (2 mil 500 millones de pesos)
fue aportado a través de obligaciones subordinadas, convertibles
obligatoriamente en acciones en cinco años.
Las autoridades financieras han señalado que la
razón para abrir el mercado bancario mexicano fue la búsqueda
de capital fresco para el sistema; sin embargo, en esta operación
no entró capital fresco, tan es así que el Fobaproa le compró
cartera a la institución ya extranjerizada por 4 mil 700 millones
de pesos, cifra superior a lo que el grupo español aportó
en efectivo y en obligaciones subordinadas; es decir, pagaron en total
3 mil 500 millones de pesos y le compraron cartera por 4 mil 700 millones,
con lo cual el gobierno mexicano subsidió la compra de Multibanco
Mercantil-Probursa.
Di Costanzo, también ex secretario técnico
de la comisión para investigar al IPAB, aseveró que un elemento
adicional en esta operación irregular se encuentra en la compañía
creada en Puerto Rico para que el BBVA aprovechara además las ventajas
que ofrecía el Tratado de Libre Comercio, y mediante esta compañía
José Madariaga aprovechó para lavar dinero.
Desde ese entonces el artículo 17 bis de la Ley
de Instituciones de Crédito establece en su fracción primera
los requisitos que debe cumplir cualquier persona o grupo de personas que
pretendan adquirir el control de un banco, señalando entre otras
cosas que deberán explicar ''el origen de los recursos con los que
se realizará dicho pago''.
Di Costanzo Armenta indica que el artículo 17 bis
de la Ley de Instituciones de Crédito señala lo siguiente:
''Se requerirá autorización de la SHCP, quien oirá
la opinión de la CNBV y del Banco de México para que cualquier
grupo de personas adquiera directa o indirectamente, mediante una o varias
operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el
control de una institución de banca múltiple''.
Esto no fue respetado, ya que el propio gobernador del
Banco de México, Guillermo Ortiz, se oponía a esta fusión,
como reconoció Emilio Ybarra, ex vicepresidente del grupo español.
El mismo artículo 17 bis de la Ley de Instituciones
de Crédito señala lo siguiente: ''Para que cualquier grupo
de personas pretenda adquirir el control deberá acompañar
a su solicitud... el origen de los recursos con los que realizará
dicho pago''.
Entonces, señala el experto, las autoridades mexicanas
debieron haber sabido o investigado el origen de los recursos, y si aun
así aprobaron la operación fue un acto ilegal, y si no se
preocuparon por investigar es porque existieron ''manos amigas'' para comprar
acciones y aprobar la operación.