La democracia de los pocos

El ejercicio del derecho al voto aún no nos hace pasar del todo al edificio democrático por la puerta del frente, cuando ya el escamoteo del derecho a ser votado nos saca a empellones por la puerta trasera.

Aún está fresca la memoria de algunos episodios en los que la democracia y la moral republicana se vieron lesionadas: la campaña ultramillonaria y el sospechoso resultado electoral que llevó a Ro-berto Madrazo al gobierno de Tabasco; el pase de charola por Salinas a los magnates más poderosos del país para financiar -supuestamente- la de su sucesor, y la colecta que hicieron los Amigos de Fox para costearle su precampaña que duró todo un sexenio.

En Nuevo León ha arrancado la precampaña de los aspirantes del PRI y del PAN al gobierno del estado. En plena recesión económica del país, unos y otros estiman, a más de un año de la elección, que éste es un plazo razonable para empezar a hacer proselitismo.

El panista Mauricio Fernández, que para el próximo año cumplirá tres de estar realizando actividades prelectorales, presionó los llamados tiempos políticos. Hasta donde se sabe, no ha requerido de ayuda económica de nadie. Esto es comprensible: hijo de un próspero industrial y miembro de la dinastía Garza Sada por vía materna, es un hombre rico. Puede pagarse su precampaña y su campaña sin tener que comprometer banqueros o funcionarios de paraestatales, hacer colectas ni requerir de amigos que se las hagan.

Antecedente de Fernández, en ese sentido, fue Fernando Canales Clariond, in-dustrial y banquero favorecido por el vo-to ciudadano en las elecciones de 1997, que anunciaron el cambio de 2000 (un cambio hasta ahora extrañamente nonato). Canales perdió 50 millones de pesos en el quebranto del grupo Abaco-Confía: un quebranto con sellos fraudulentos de los que el ahora gobernador se dijo sorprendido, a pesar de haber sido miembro prominente del consejo de administración de esa institución bancaria. La pérdida no fue impedimento para que los gastos de la campaña que encabezó salieran de su bolsillo.

Jorge Padilla, entonces miembro destacado del PAN, pero en pugna con Canales y su grupo, lo dijo con claridad: no participaba en el proceso de nominación a la gubernatura porque ello implicaba demasiado dinero del que él no disponía.

Las inercias del pasado se convierten en actos significativos del presente: Mauricio Fernández echó mano del acarreo, que antes les producía vómito a los panistas, al momento de registrarse para la competencia interna. El priísta Natividad González Parás, que intentará por segunda vez postularse para disputarle la gubernatura al candidato del PAN, celebró su aniversario con un desayuno en formato papal para promover su candidatura: 2 mil comensales. No forma parte de la dinastía regiomontana, pero sus re-cursos son superiores a los de los demás precandidatos del PRI.

Ni Fernández ni González Parás se han comprometido -tampoco ningún otro de los candidatos del PRI y del PAN- con alguna de las muy numerosas causas que defiende la ciudadanía de Nuevo León. Son expresión de la tendencia de los partidos en México: el autismo electoral que los aleja de los problemas reales de la sociedad.

El bipartidismo norteño es en Nuevo León más enfático y esto lo aproxima con mayor nitidez al modelo seudodemocrático (excluyente) de Estados Unidos. Fernández y González Parás son un ejemplo de ello: ambos, en diferente gra-do, están vinculados al mundo de los grandes negocios. Nada nuevo, en todo caso, si recordamos a los tribunos, defensores de la plebe, y a los patricios romanos: unos y otros pertenecían a la nobleza o se hallaban en su periferia. Pero sí contrario a la democracia participativa de la que tanto necesitan países como el nuestro debido a las brutales asimetrías socioeconómicas que padecemos y a la creciente dependencia económica, política y cultural de Estados Unidos.

Si sólo son los ricos quienes pueden ejercer plenamente el derecho a ser votados, la democracia a la que aspiramos será siempre un espejismo y se acentuará, como ya se ve en el gobierno foxista, la subordinación de México a las decisiones de Washington. El lenguaje operativo común de los ricos de América Latina es el inglés, su modelo espacial, económico y de vida el que ha florecido en Estados Unidos, sus vínculos políticos y hasta emotivos más estrechos los que logran hacer con los representantes del capital estadunidense.

En concreto: la actual legislación electoral ahonda la desigualdad entre los mexicanos. Y esto hay que remediarlo a la brevedad posible. Esta sí es en verdad una asignatura pendiente de la reforma del Estado y no otras cuya superficialidad resulta escalofriante.

De los fondos públicos, exclusivamente, debe salir el financiamiento de las precampañas y campañas. Drásticas tendrán que ser las limitaciones a los gastos de ambas y a la distribución del financiamiento a los partidos. De otra manera seguirá ocurriendo lo que hasta ahora: la labor de proselitismo partidario es sustituida por la nuda publicidad en los medios (sobre todo en radio y televisión). Quienes más dinero tienen para que les diseñen imagen (lenguaje, gestos, disfraz, lemas, escenas y estampas glamorosas) son los que tendrán mayores posibilidades de ganar.

Las elecciones son una inversión que se exige sea retribuida con bancos, industrias nacionales, rescates bancarios o carreteros, entrega de las riquezas del país al capital extranjero, concesiones obscenas. México es un país empobrecido, terriblemente desigual y con lacras del régimen priísta a las que hoy se suman las del gobierno panista. Unas y otras conspiran para hacer de la democracia un engendro en beneficio de una elite que no se hace cargo de las necesidades de su país, de su historia y su cultura.