Las pesquisas que se llevan a cabo en España sobre las presuntas actividades delictivas del grupo financiero Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y sus ramificaciones en América Latina, particularmente en la adquisición de las instituciones financieras mexicanas Probursa y Bancomer, han dado la puntilla a lo que pudiera quedar de credibilidad a los banqueros nacionales, cuyo desempeño ha sumado numerosos y severos cuestionamientos profesionales, legales y éticos.

De entrada, es de todos conocido que los bancos privados mexicanos no se dedican a lo que debiera ser la función primordial de las empresas de su género --esto es: recibir dinero en depósito y concederlo en préstamo--, sino a vivir a expensas del generoso, sospechoso e inmoral "rescate" ideado por Ernesto Zedillo, José Angel Gurría, Guillermo Ortiz y demás responsables de una de las mayores catástrofes económicas del país. Privatizados por Carlos Salinas, los bancos fueron colocados por su sucesor en una situación de privilegio que les permitió socializar sus pérdidas y mantener sus ganancias en los bolsillos de sus socios.

Entre una y otra operaciones --la privatización y el rescate-- los banqueros perpetraron un cúmulo de tropelías, delitos y estafas que sólo excepcionalmente fueron investigados y castigados: Jorge Lankenau, Isidoro Rodríguez y Carlos Cabal Peniche, entre otros, son, de acuerdo con los indicios disponibles, la punta de un iceberg que, a pesar del cambio de rostros y siglas partidarias en la Presidencia de la República, sigue inexplicablemente oculto.

Como quiera, la sociedad mexicana padece unos bancos que no ponen los recursos de que son depositarios al servicio de la reactivación económica y del desarrollo, que prestan servicios bancarios carísimos y de calidad ínfima, y que ac- túan ante sus clientes con soberbia, prepotencia y despotismo, a sabiendas de que disfrutan --en virtud de razones que escapan al conocimiento de la población-- de protección gubernamental casi absoluta.

Por si fuera poco, el afán de los banqueros que operan en el país de apoderarse de todos los recursos ajenos ha quedado patente en la ofensiva y abusiva pretensión de las sucursales bancarias de la capital de monopolizar la seguridad pública general.

A los banqueros les parece natural exigir que sus establecimientos sean beneficiados con dispositivos policiacos especiales que, argumentan, tendrían que ser pagados con los impuestos de la sociedad. Satisfacer semejante exigencia daría pie a que todos y cada uno de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios de la ciudad de México pidieran la presencia en su puerta de uno o varios policías. Para colmo, el secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard, ha señalado indicios de que buena parte de los asaltos bancarios se gestan y planifican con complicidad de los propios empleados de los bancos.

Las instituciones bancarias privadas se han convertido, pues, en un factor que obstaculiza el desarrollo, desestabiliza las finanzas públicas, pervierte y corrompe el estado de derecho, lastra la reactivación económica y agudiza las desigualdades sociales. A las tradicionales voces contra los banqueros se han sumado, en los últimos tiempos, las del propio presidente Vicente Fox y del empresario Carlos Slim, quienes instaron a los propietarios de los bancos, en distintos tonos y en diversas ocasiones, a liberar los recursos que se necesitan para impulsar la recuperación económica y abatir la pobreza.

El clamor seguirá creciendo, y más temprano que tarde el gobierno se verá obligado a dejar de favorecer irracionalmente al sector financiero en detrimento de los otros componentes de la economía y la sociedad. Los banqueros deben entender que no pueden seguir comportándose como un grupo de presión y chantaje.