Telefónicas, obligadas a retener información de sus clientes

Partidos, ONG e IP censuran iniciativa antiterrorista del Parlamento Europeo

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 31 de mayo. Organizaciones de defensa de los consumidores europeos, partidos políticos minoritarios -como los Verdes e Izquierda Unida-, asociaciones de defensa de los derechos humanos y grupos industriales recibieron con severas críticas la iniciativa aprobada en la víspera en el Parlamento Europeo, que permite a los estados de la Unión Europea (UE) obligar a las empresas de telecomunicaciones a retener y rastrear información de sus clientes por "motivos de seguridad nacional".

Los atentados del pasado 11 de septiembre en Nueva York y Washington desataron un endurecimiento mundial de las medidas de vigilancia en prácticamente todos los sectores sociales, transformación liderada por el gobierno de George W. Bush y a la que se sumó la UE.

Entre las medidas aprobadas, de cara a estrechar la vigilancia ante futuros "ataques terroristas", la Comisión de Libertades de la Eurocámara aprobó una iniciativa que otorga plenos poderes a los diversos gobiernos para acceder a la información que requiera de los clientes de empresas de telefonía, celular y fija, y de Internet. Los diputados europeos que apoyaron la medida -únicamente los derechistas Partido Popular (PP) y Socialista Obrero Español (PSOE), los dos principales bloques de la Cámara- defendieron esta iniciativa, ante la "amenaza de la seguridad nacional" puesta de manifiesto tras las acciones terroristas y actos similares en territorio europeo.

Sin embargo, el documento tiene poco que ver con el texto inicial redactado por el europarlamentario del partido radical italiano Marco Cappato, quien ante las modificaciones aprobadas decidió retirar su nombre del documento, al considerar que esta medida significará una "restricción de las libertades individuales más elementales".

Esta iniciativa fue objeto de estudio de las autoridades comunitarias desde 1999, cuando el auge de Internet y de las telecomunicaciones obligaron a los legisladores a establecer medidas de regulación y vigilancia, pero entonces la principal preocupación era el envío no deseado de publicidad o la confidencialidad de algunos datos. Sin embargo, la medida dio un viraje tras las enmiendas defendidas por la eurodiputada del PP español Ana Palacio, quien destacó la pertinencia de que los Estados controlen la información que circula en la red y en la telefonía celular.

Ante el cambio radical del texto original, más de 50 organizaciones y miles de ciudadanos potencialmente afectados censuraron la medida y enviaron una carta de protesta que fue firmada por más de 20 mil personas. El propio Cappato mandó una misiva a los europarlamentarios para que votaran "en conciencia" y no apoyaran la iniciativa, ya que en su opinión implica un grave riesgo para la integridad de uno de los valores esenciales de la democracia: la libertad de información.