Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Martes 4 de junio de 2002
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Política

Ayer falleció uno de los heridos, con lo que el número de muertos llegó a 27

Murat culpa de la masacre a la marginación que prevalece en las comunidades indígenas

Fueron puestos a disposición del Consejo Tutelar dos menores que habrían participado en los hechos

VICTOR RUIZ ARRAZOLA Y ALONSO URRUTIA CORRESPONSAL Y ENVIADO

Oaxaca, Oax., 3 de junio. En medio de las críticas vertidas contra la supuesta ineficiencia del gobierno estatal para prevenir la masacre de los ya 27 campesinos asesinados el pasado viernes -este día falleció uno de los heridos- en el paraje de Aguafría, el gobernador José Murat dijo que existen todas las garantías de que se aplicará la ley con todo rigor a los responsables de las ejecuciones.

En su afán de explicar las razones de la masacre, Murat apeló a los rezagos históricos y la marginación que prevalece en las comunidades indígenas del estado. ''De los lamentables hechos ocurridos en Xochiltepec, la mayoría de los responsables se encuentran detenidos (...) Sin embargo, hay otros muchos responsables indirectos de lo que padecen los grupos indígenas del país. Aquellos que en su momento fueron encargados de las políticas sociales y que evadieron la responsabilidad de lo que se les encomendó.''

Las indagatorias de la masacre, y la seguridad que se pretende impere en la zona de conflicto, se pusieron hoy en riesgo con el paro indefinido de labores que realizaron los agentes de la policía ministerial, que acusan de corrupción y negligencia a algunos jefes policiacos.

En la protesta salieron a relucir algunos pormenores del operativo del sábado pasado, cuando se aprehendió a los 16 presuntos responsables. Los elementos de la policía ministerial encargados de detenerlos tuvieron que dar un rodeo de casi diez horas y media por buena parte de la sierra para evadir el riesgo de posibles emboscadas, toda vez que en la ruta de salida se habían detectado personas armadas.

A su vez, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sergio Segreste, sostuvo que iniciarán investigaciones, en el marco de sus facultades, para corroborar si en los hechos de Aguafría hubo omisión de autoridades responsables de la seguridad pública. Asimismo, se dio entrada a la queja que los familiares de los detenidos presentaron en contra de posibles violaciones a garantías en la aprehensión.

Sin embargo, subrayó que la causa real de la masacre es la enorme pobreza que existe en las comunidades indígenas de la región, lo que provoca que ''las comunidades se disputen la miseria. Son tan pobres que se matan por defender y conseguir algo, en este caso, una zona para poder explotar y vender la madera, aunque sea a precios ínfimos''.

Entre tanto, el procurador general de Justicia del estado, Sergio Santibáñez, dijo que están terminando de integrar la averiguación previa, puesto que aún están dentro del plazo previsto por la ley para consignar a los responsables al juzgado, situación que podría ocurrir en las próximas horas. En principio, la consignación de la Procuraduría estatal sería por los delitos de homicidio calificado, robo y lesiones. Sin embargo, la delegación de la Procuraduría General de la República también integra una averiguación previa por el delito de uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Por lo pronto, hoy fueron puestos a disposición del Consejo Tutelar de Menores Infractores los jóvenes Jaziel González Martínez, de 14 años de edad, y Uziel Cruz Gadetenidos_oax_01laz, de 15, por haber participado en la masacre del viernes.

Al dar a conocer un pronunciamiento sobre las ejecuciones en Aguafría, el gobernador José Murat dijo que los sucesos del pasado viernes ''tienen su origen en el racismo y la discriminación de la que han sido objeto desde las estructuras gubernamentales y algunos sectores de la sociedad nacional, los indígenas y campesinos de México''.

En su pronunciamiento ya no aludió a lo que dijera la víspera en una entrevista. En ella responsabilizaba a la Secretaría de Medio Ambiente de haber otorgado permisos de explotación de una zona boscosa en la zona en disputa, lo que habría alentado un mayor encono.

Su posicionamiento sobre la masacre equipara la ejecución de Aguafría con las perpetradas en El Charco, Aguas Blancas y Chenalhó (Acteal), ''pues en todos los casos los muertos son víctimas de la pobreza, del hambre, de la marginación, pero más que todo víctimas del silencio que las autoridades desde hace años han guardado cuando se trata de agresiones contra indígenas o campesinos''.

Dijo que ante los lamentables sucesos ''desafortunadamente corroboramos que existen dos México: el de primera y el de segunda. En el primero hay derechos y responsabilidades de vez en vez. En este México, no siempre la justicia es justa. En no pocas ocasiones la ley y la justicia pertenecen al mejor postor''.

El instrumento para que ''hablemos de dos México son las reformas indígenas aprobadas recientemente, con las cuales las etnias, fundamentalmente, no son sujetos de derecho público. Es decir, no pueden ser propietarios de las tierras que desde sus orígenes les pertenecen''.

Problemas en la policía ministerial

A pesar de la tensión que prevalece en Santiago Xochiltepec y municipios aledaños, la inconformidad de los elementos de la policía ministerial obligó a que la seguridad en la zona quedara prácticamente en manos del Ejército. El paro realizado en contra del jefe administrativo, Humberto Ríos, fue motivado por las irregularidades que existen en el pago de viáticos, situación que hizo crisis este sábado, cuando fueron enviados 66 de ellos a la comunidad Las Huertas sin dinero para gasolina ni alimentos.

En la manifestación también salió a relucir que ese mismo sábado, antes de ser enviados a Xochiltepec, a algunos de ellos se les obligó a firmar una renuncia por anticipado, situación que fue tomada por los agentes ministeriales como una agresión, particularmente por el riesgo que conllevaba el operativo.

Así, ante el repliegue de los policías ministeriales y prácticamente el de los elementos de la policía preventiva -el domingo del velorio únicamente había ocho-, la seguridad corre a cargo del Ejército.

La inconformidad también involucra el mal manejo de las unidades y la obligatoriedad de pagar parte de la gasolina. Se prevé que el paro continúe este martes, si no son destituidos tres mandos medios de la corporación.

En tanto, la procuraduría estatal dio a conocer la lista de los detenidos, entre los cuales se encuentran los dos jóvenes puestos a disposición del Tutelar de Menores y una mujer de 65 años, de nombre Inés García Cruz. El resto de los detenidos son: Marciano Cruz Luis, Gabriel González Martínez, Francisco Torres Castellanos, Isaías Silva Díaz, Anastasio Rojas Cruz, Bulfrano Hernández Cruz, Ezequiel Rodríguez González, Aureliano González Martínez, Lorenzo Galán López, Filiberto González Rojas, Francisco Gutiérrez Rodríguez, Pedro Ruiz Crisóstomo, Felícito Gutiérrez Gutiérrez y José Reyes Ruiz.

Por su parte, el ombudsman estatal, Sergio Segreste, dijo que dentro de las facultades que tienen indagarán si hubo negligencia u omisiones en la actuación de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, señaló que el encono que existe en esa región, como en la Sierra sur y otras de presencia indígena, obedece a la marginación ancestral de Oaxaca.

También adelantó en entrevista que revisarán si hubo responsabilidad de las autoridades federales en esta situación, tanto de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) como de la Semarnat, cuya ineficiencia haya podido generar mayor encono.

Dijo que la masacre de Aguafría sólo sacó a la luz lo que es conocido en toda la entidad: que ante tanta miseria los pueblos se pelean por lo mínimo, por ser menos miserables. Mientras eso no termine, los enfrentamientos continuarán.

Segreste comentó que el problema de la tierra está asociado a ello. Su pobreza hace que los pueblos indígenas vean en un pedazo de tierra una forma de ser menos miserables, por ello la disputan con tanto encono.

Apuntó que la incertidumbre jurídica que prevalece en cuanto a la posesión de tierras, en un estado donde 80 por ciento de la población es de ascendencia indígena, puede ser un factor de conflicto, pero no el único y quizá no el principal pues, aun con la mejor ley, si hay miseria continuarán las disputas.

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