Emilio Pradilla Cobos
Reforma política congelada
La reforma política para el Distrito Federal fue aprobada en la Asamblea Legislativa local y la Cámara de Diputados federal con el voto de los diferentes partidos, en particular del Revolucionario Institucional, el de la Revolución Democrática y Acción Nacional, pero hoy está congelada en el Senado debido a la posición dilatoria u opositora de los senadores del PRI, mayoritarios en ese órgano legislativo. Todo parece indicar que allí naufragará; el resultado sería posponer, sin fecha, el otorgamiento a los ciudadanos defeños de los derechos políticos plenos de que gozan los demás mexicanos, y negar a la capital la soberanía que concede la Constitución a las demás entidades federales.
Analicemos los antecedentes de esta maniobra de los senadores priístas. A lo largo del tortuoso proceso de reformas políticas parciales sucesivas, el PRI había mantenido una postura de oposición a los cambios sustantivos al anacrónico estatuto de excepción que rige aún a la capital. En la negociación entre el Gobierno del DF y las cúpulas partidarias y de las fracciones parlamentarias realizada en la ALDF durante 2001, la posición del PRI pareció cambiar; sin embargo, ese partido fue responsable de que la reforma acordada, y luego aprobada por la ALDF y la Cámara de Diputados, estuviera muy lejos de otorgar definitivamente a la capital la igualdad constitucional con los demás estados de la Federación. Lo pactado no convertía al DF en el estado 32, manteniendo su carácter de excepción; no aceptaba la aprobación de una Constitución local, sino de un curioso estatuto constitucional; sus delegaciones no se transformaban en municipios ni se les dotaba de un cabildo plural; no transformaba a la ALDF en un verdadero Congreso estatal; mantenía funciones legislativas para la capital en manos del Congreso federal; y no resolvía claramente la cuestión del control de la policía capitalina que, en definitiva, quedaba en manos del Presidente de la República. La reforma pactada estaba muy lejos de las demandas históricas de los partidos políticos y organizaciones sociales y ciudadanas que habían luchado una década por la eliminación del estatuto de excepción.
Ahora los senadores priístas quieren eliminar en parte las limitadas concesiones que su partido hizo en la negociación local: borrar la idea del estatuto constitucional, mantener el derecho del Senado a remover al jefe de Gobierno, y reintroducir formas de tutela del Congreso federal sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo locales; es decir, no conceder la soberanía a la entidad. En síntesis, retroceder sobre lo ya pactado. La única cuestión sustantiva que plantea un senador priísta es el análisis de la problemática de la coordinación metropolitana, que había sido abandonado en la negociación, por la razón, aparente o real, de la dificultad de llegar a acuerdos.
En estas circunstancias, la capital y los capitalinos pagan y pagarán los costos de la forma en que la actual reforma fue pactada. La negociación fue en la cúpula, no hubo participación directa de los ciudadanos mediante foros de consulta y discusión, como había ocurrido en otros momentos; y, a pesar de la importancia del tema para los capitalinos, ni la ALDF convocó a referéndum ni el mandatario capitalino a plebiscito, como lo permite la Ley de Participación Ciudadana. Llama la atención que el GDF haya convocado a consultas públicas para temas de mucho menor relevancia -horario de verano, reglamentación de marchas, tarifa del Metro, segundos pisos y ratificación del mandato del jefe de Gobierno-, y no haya usado estos instrumentos para la reforma política. El resultado es que hoy la ciudadanía no se siente involucrada en lo que ocurre con la reforma ni se moviliza para exigir al PRI que honre la palabra comprometida en la ALDF. En el mismo sentido desmovilizador actúa el hecho de que muy pocos capitalinos piensan que esta limitada reforma resuelve realmente los problemas político-administrativos de la capital.
Aun si esta reforma parcial fuera aprobada, el tema no estará resuelto. Para lograr avanzar hacia una reforma política definitiva para la capital, habrá que volver a los problemas de fondo: estado 32, Constitución y Congreso locales, municipios y cabildos, derechos políticos plenos para los ciudadanos, igualdad en el pacto federal, soberanía local plena, gobierno metropolitano, etcétera, en el marco de la reforma democrática del Estado mexicano. Esto exigirá que los capitalinos sean llamados a participar en foros de consulta y debate, y sean consultados mediante referéndum y plebiscito. Sólo así podría lograrse, quizá, una movilización ciudadana que frene las posibles maniobras dilatorias del gobierno federal, del Legislativo federal o de los partidos políticos opuestos. Se trata de cambiar de la negociación entre cúpulas gubernamentales, partidarias y legislativas, al método democrático real de la participación directa y libre, para poder avanzar en la democracia representativa formal.
