El juez penal lo encontró culpable de uso y desvío de recursos del ayuntamiento
Penan con 6 años de prisión y decomiso de 5 residencias a ex edil de Chihuahua
Inhabilitan para ocupar cargos públicos a 4 ex presidentes municipales en San Luis Potosí
MIROSLAVA BREACH Y LA JORNADA SAN LUIS CORRESPONSALES
Un juez penal sentenció ayer al ex presidente municipal de Chihuahua, el priísta Gustavo Ramos Becerra, a una pena de seis años y 10 meses de prisión, lo inhabilitó por 20 meses para ocupar cargos públicos y ordenó el decomiso de cinco residencias construidas en un exclusivo club de golf durante el gobierno que encabezó entre 1995 y 1998, mismas que ocupan el ex edil y cuatro de sus hijas.
El fallo derivó de un proceso judicial iniciado contra el ex alcalde en noviembre de 1998, cuando un grupo de legisladores locales del Partido Acción Nacional presentó una denuncia en la procuraduría de Justicia del estado, luego que en los últimos meses de la administración municipal se hizo pública la edificación de un conjunto habitacional de su propiedad, con un costo de más de seis millones de pesos, para cuya construcción se presumió el uso y desvío de recursos del ayuntamiento.
La secretaria de acuerdos del juzgado séptimo penal, Florinda Caldera, informó que la sentencia dio cumplimiento a un amparo presentado por la defensa del ex alcalde, a fin de que lo antes posible se concluyera el proceso penal en su contra.
Dijo que al ser notificados de la resolución, los abogados del ex munícipe interpusieron un recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del estado, el que revisará el caso en segunda instancia antes de dar cumplimiento al fallo del juez, razón por la cual Gustavo Ramos Becerra no será aprehendido ni sus bienes incautados en tanto el contenido de la sentencia no quede firme.
Tras conocer el dictamen, Ramos Becerra aseguró que a lo largo de todo el proceso se produjeron irregularidades procesales que colocan bajo sospecha a la justicia chihuahuense, toda vez que el Poder Judicial está siendo utilizado para perpetrar una venganza en su contra por parte del grupo político "pertrechado" en el poder estatal.
Se negó a señalar a alguna persona o institución en particular, pero aseguró que el fallo del juez Bernardino Medina Sánchez "es una injusticia judicial que habrá de ser histórica", en vista de que su asunto "no resiste el menor estudio jurídico por no haberse dictado una sentencia absolutoria".
Entre las irregularidades, señaló, nunca se acreditó plenamente el cuerpo del delito de enriquecimiento ilícito ni se valoraron las pruebas objetivas, con valor judicial, con las que él demostró que nunca cometió la falta.
Detectan irregularidades en cuentas públicas de 4 ex alcaldes potosinos
La Comisión de Vigilancia del Congreso de San Luis Potosí inhabilitó para ejercer cargos públicos, al menos durante cuatro años una vez que concluyan su gobierno, a cuatro alcaldes cuyas cuentas públicas del año 2000 presentaron irregularidades.
El presidente de la comisión legislativa, el panista Andrés Hernández Hernández, mencionó que dos de los munícipes son los de Villa Juárez y Ciudad del Maíz.
Sin especificar los montos no aclarados, mencionó que van desde 400 mil pesos hasta dos millones de pesos, en algunos casos porque la obra no vale lo que dice en los números y otros casos en los que faltaron expedientes. Algunos funcionarios, dijo, inflaron los costos o pagaron lo doble, otros de plano desviaron recursos.
A estas cuatro inhabilitaciones se suman otras siete hechas desde que se inició el año respecto de las cuentas públicas de 2000. De ellos, sólo el ex alcalde de Ciudad Valles, Eligio Quintanilla, fue inhabilitado por 15 años para ocupar cualquier cargo de elección popular y fue encarcelado, pero salió mediante el pago de una fianza.
