Insta a revisar capacitación y condiciones laborales de agentes
Demanda el ombudsman al GDF acciones para impedir que policías cometan delitos
ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, pidió al gobierno capitalino que ante los recientes casos de personas detenidas que murieron bajo custodia de policías, traduzca su disposición por el respeto de los derechos humanos en políticas públicas que signifiquen un desempeño de las fuerzas de seguridad con pleno respeto a las garantías individuales.
Los casos del militar José Gabriel Martínez Romero y el adolescente Josué Ulises Banda Cruz, así como el de Guillermo Vélez Mendoza, detenido este último por agentes de la Procuraduría General de la República, por ningún motivo tienen que ser tolerados no sólo por la CDHDF, sino por toda la sociedad, pues resulta inadmisible que la autoridad, para combatir el delito, cometa delitos.
El ombudsman capitalino advirtió que el problema de fondo: la falta de capacitación y las malas condiciones laborales y económicas de los policías, no se va a resolver a corto plazo, pero instó al secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, a tomar medidas que impidan en lo inmediato que este tipo de situaciones se repitan.
Informó que el martes pasado habló con Ebrard, quien le ofreció todas las facilidades para la intervención de la CDHDF en el caso de Banda Cruz, y expresó su preocupación por el impacto público que ese hecho podría tener en la imagen de la policía.
Dijo que comentó con el titular de la SSP el resultado de investigaciones en el que se establece que cuando los policías combaten la criminalidad cometiendo delitos, se incrementa la percepción de inseguridad e indefensión de los ciudadanos.
Por esto, indicó, es necesario que las autoridades adopten medidas estructurales, que su voluntad por velar por el respeto de los derechos humanos se refleje en acciones de gobierno "y creo que el gran desafío iría para el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para Marcelo Ebrard y para el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, en fin, para la estructura de la administración pública de la ciudad.
"Nosotros -abundó- estamos esperando dos tipos de acciones, una en materia de políticas públicas, es decir, acciones de gobierno tendentes a una política de Estado en función del respeto a los derechos humanos. Y acciones concretas para que este tipo de circunstancias no se repitan."