Debe pedirse al Congreso trabajar en los cambios: FIDH

"A mediano plazo", resolución de la Corte sobre reforma indígena

El PPP significa despojo y desolación, dice el organismo

ALMA E. MUÑOZ

En encuentro privado, la representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Paulina Palacios, insistió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, en la necesidad de que se instruya al Congreso de la Unión a trabajar en las modificaciones a la ley sobre derechos y cultura indígenas para que ésta responda a las demandas de las comunidades nativas del país.

Sin embargo, el ministro se negó a hablar del rumbo que seguirá el máximo tribunal sobre el caso, y manifestó que la resolución se dará a mediano plazo, no en julio, como se esperaba. "El nos dijo que tienen muchos asuntos que resolver, y después del cierre de las audiencias cada uno de los ministros se abocará a un caso, para después, en conjunto, dar una definición".

No obstante haber escuchado la negativa de los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República para hacer cambios a la normatividad aprobada el 14 de agosto de 2001, Palacios pidió al gobierno mexicano ajustar la legislación al espíritu de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y a las disposiciones contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Según consta en el informe más reciente que sobre pueblos indígenas mexicanos realizó la FIDH, académicos, juristas, legisladores, funcionarios y comunidades en general comparten esta urgencia, porque la disposición "coarta la posibilidad de establecer reglas generales claras para la construcción de una nueva relación entre los pueblos, el Estado y la sociedad. No vemos razón alguna para que la Constitución no reconozca a los indígenas como sujetos de derecho, dejando dicha tarea a las entidades federativas".

Urgente, analizar los cambios

De acuerdo con el documento de 45 cuartillas, la constatación de la cantidad de reclamos por la inconstitucionalidad de la reforma ?que la SCJN evaluará? remite a los expertos a la urgencia de que se analicen los cambios conforme a los planteamientos económicos, sociales, culturales y políticos de las etnias y los convenios internacionales suscritos por el gobierno en la materia, y así se lo externó Paulina Palacios a Góngora Pimentel.

"Nos preocupa el malestar generalizado respecto a la reforma, porque deja insatisfechos a los indígenas y no contribuye al objetivo de pacificación y rencuentro que se perseguía con el reconocimiento constitucional de los pueblos nativos". Si no hay cambios, insistió, "se deja en riesgo la pervivencia de esas comunidades".

Después de tres días de encuentros con organizaciones no gubernamentales y diversas instancias oficiales ?Gobernación, cancillería, Desarrollo Social y asesores de la Presidencia de la República?, la representante de la FIDH recibió la negativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para entrevistarse con su presidente, José Luis Soberanes.

En la evaluación hecha por el organismo consultivo de la ONU, hay una preocupación expresa por el Plan Puebla-Panamá, debido a que el gobierno no toma en cuenta que su puesta en marcha representa para los indígenas "despojo y desolación", por ser un proyecto geopolítico prefabricado, que busca construir un área de servicios e infraestructura diseñada desde la lógica de las empresas trasnacionales, los grupos oligárquicos nacionales y los organismos financieros mundiales". Considera que en ningún momento responde a la "lógica social" de las comunidades del sur-sureste del país.

Finalmente, enfatiza en la situación que viven las indígenas mexicanas ?quienes representan 30.6 por ciento de los 12 millones de nativos oficialmente reconocidos. "Estas mujeres ocupan el último escalafón de precariedad, marginación y pobreza