Pretende el gobierno ceder el control del sector de gas a las trasnacionales

La apertura a la inversión privada ocurre cuando EU tiene gran necesidad de energéticos

Los contratos de servicios, con dedicatoria a compañías foráneas, considera Rodríguez Padilla

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y EMILIO LOMAS M.

El proyecto del gobierno mexicano para conceder a empresas privadas la exploración, perforación y producción de yacimientos de gas en el norte del país representa en la práctica ceder su función de control sobre este sector estratégico, al tiempo que apunta al desplazamiento de los trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes quedarán al margen de participar en estos procesos.

La pretensión del gobierno federal de comenzar a permitir la participación privada en la explotación de gas, tiene una trascendencia mayor a la simple contratación de un servicio, consideran expertos. Las únicas empresas que en el mundo son capaces de realizar este tipo de trabajo son las grandes trasnacionales dedicadas a la explotación del gas y el petróleo, las que, en caso de prosperar la iniciativa en los términos planteados por el gobierno, tendrán un acceso privilegiado al conocimiento sobre los yacimientos de energéticos en el país.

"Hay que tomar en cuenta el contexto internacional. El mayor problema energético de Estados Unidos ahora es la necesidad de gas. Ese país ha llegado a tener en los meses recientes consumos diarios de 82 mil millones de pies cúbicos y simplemente ya no tiene de dónde obtenerlo. Por eso, está buscando gas en Canadá, Alaska y ahora México", considera José Antonio Rojas, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas energéticos.

Este jueves, La Jornada dio a conocer que el gobierno mexicano ya tiene lista la propuesta para que Pemex, por medio de su empresa subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), pueda contratar con firmas privadas proyectos de explotación de yacimientos de gas. Según el modelo de contrato, en poder de este diario, las compañías interesadas participarán en la explotación del energético por periodos de hasta 20 años, aunque el combustible extraído será propiedad de Pemex.

Los términos en que está redactado el contrato de servicios múltiples (CSM), "tienen una dedicatoria para favorecer a las empresas extranjeras", opina Víctor Rodríguez Padilla, asesor del Senado en materia energética. "Por los términos en que van a ser contratadas esas empresas, se trata de una violación a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo. Esto es porque esas empresas traerán el capital, asumirán el riesgo geológico y en contrapartida tendrán una parte importante de la renta económica asociada a la explotación", señaló.

Estableció que los CSM implican contratación de deuda. Esto significa que el gobierno mexicano va a llamar a trasnacionales a que resuelvan un problema de financiamiento, pero a un costo más alto.

Las empresas que participen en los CSM cobrarán 3.31 dólares por la extracción de cada millar de pies cúbicos de gas en la Cuenca de Burgos (al norte del país), mientras que si la misma extracción es realizada por Pemex el costo es inferior a 1.5 dólares por millar de pies cúbicos, declaró Rodríguez Padilla, también investigador universitario. Acotó que el cálculo consta en un documento elaborado por Luis Ramírez Corso, director general de PEP, en un documento enviado al Senado el 23 de abril pasado.

El especialista apuntó que para desarrollar la misma capacidad de producción unitaria en Burgos, Pemex requiere de alrededor de 12 mil dólares por mil pies cúbicos de gas natural al día. Bajo los CSM, las compañías extranjeras que participen en la explotación cobrarán 15 mil dólares.

Trabajadores desplazados

El texto del contrato establece que los trabajadores de Pemex, empresa en donde la capacidad y calidad del personal operativo es reconocida, quedarán al margen de participar en las obras, lo que en la práctica constituye el paso para la creación de una industria energética paralela.

Dice el documento: "El personal directivo, de supervisión y operativo relacionado con el presente contrato deberá ser proporcionado por el contratista a su elección, debiendo contar con la experiencia necesaria para garantizar la correcta ejecución de las obras objeto de este contrato".

Más adelante, señala que "ningún funcionario, empleado, mandatario o miembro del personal del contratista o de sus subcontratistas será considerado por ningún motivo como empleado de PEP. El contratista y sus subcontratistas serán los únicos responsables de todas las obligaciones laborales y de seguridad social a favor de sus funcionarios, empleados, agentes y demás miembros del personal del contratista o de sus subcontratistas, incluyendo el pago de salarios, beneficios por vacaciones, bonos, pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social, pagos al Infonavit, contribuciones al sistema de ahorro para el retiro, así como cualesquiera otras obligaciones o pagos".

Rojas Nieto consideró que la intención de que los trabajadores de Pemex queden al margen de participar en estas explotaciones de gas constituye un desplazamiento que "desmantela la fortaleza de la ingeniería y de construcción desarrollada por la paraestatal hasta ahora".

Para otorgar la explotación de yacimientos de gas, PEP establece como requisito que la empresa privada que obtenga el contrato tenga "suficiente experiencia y capacidad para cumplir y ejecutar las obras requeridas... incluyendo el hecho de haber cumplido en forma exitosa con obras similares a las que son objeto de este contrato y tiene la organización, elementos y capacidad jurídica, técnica y económica para ejecutar por sí mismas las obras".

Los términos planteados por el contrato son, a juicio del especialista, "ambiguos y manipulables". Explicó que la propuesta del gobierno plantea que serán empresas de servicios las que realizarán las obras. Y esto porque, de acuerdo con la legislación vigente, está prohibido a empresas petroleras o gaseras del exterior participar en la perforación y explotación.

El asunto, finalizó, es que las empresas que participen en estos contratos tendrán información de primera mano sobre yacimientos, reservas y explotación.