Querida Carmen: Envío estas líneas para el procurador Batiz. Maestro Bernardo Batiz: le agradezco atentamente la inusitada rapidez de su respuesta; la atención a un ciudadano por parte de una autoridad con el volumen de sus ocupaciones y responsabilidades es algo absolutamente extraño en este país. Gracias nuevamente. Vivo en la calle de Arenal 253, entre Cuautla y Fuentes Brotantes, en Tlalpan. Ojalá y el doctor Gilberto López y Rivas o quien corresponda haga pasar una patrulla de policía alguna vez en la calle donde vivo. Le envío un saludo cordial.

José Blanco

Señora directora: La presente es con la finalidad de dar a conocer las anomalías en el expediente de la causa penal 66/2001 de delito contra la salud, el cual dio origen para que mi hijo, Marco Antonio Lamadrid García, sin ser culpable fuera sentenciado a 10 años de prisión encontrándose recluido en el Cereso de Iguala, Guerrero, situación jurídica 3ª instancia, toca penal 090/2002.

Al momento de que fue detenido el camión en que viajaba mi hijo en el punto de revisión carretero de Teloloapan a Iguala, los agentes de la PGR, Fabricio Figueroa Vinales y David Gatica Torres, actuaron como si supieran que había droga en ese camión, ya que cuando declararon, dijeron que detectaron la droga personalmente. Al contradecirse, dijeron que los que la encontraron fueron unos cargadores del retén y que eran pagados por la corporación, de quienes no recordaron sus nombres. Un agente, sin embargo, acepta que detuvieron a mi hijo al subir al autobús, es decir, cuando ya le habían hecho el chequeo de rutina y haber mostrado su boleto de viajero. Lo llevaron al portaequipaje para que bajara su maleta, a lo cual accedió, pero al ver que no tomó la que querían, uno de ellos cogió otra maleta para decirle que también era de él. Lo raro es que en su informe dijeron que los boletos de viajero venían en la maleta con droga, siendo que lo sustrajeron de la cartera de mi hijo. En el trayecto a las instalaciones de la federal le decían que se podían arreglar económicamente si sus padres tenían dinero, de lo contrario le iba a salir más caro.

Ya se ha pedido la intervención del presidente Vicente Fox, a la Judicatura del Poder Judicial, de la PGR, CNDH, al gobernador de Guerrero y a la Secodam.

Ludovico Lamadrid Terán

Señora directora: El 12 de junio pasado, minutos después de las 4:00 horas, Sin Fronteras IAP, organización civil mexicana dedicada a la defensa de los derechos humanos de migrantes y refugiados sufrió un intento de allanamiento de sus instalaciones.

El 15 de junio de 2001, Sin Fronteras fue víctima del robo de un equipo de computo que contenía información interna de gran valor para la institución.

La denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no obtuvo respuesta y fue archivada.

Durante los meses de mayo y junio de 2002, en varias ocasiones colaboradores de Sin Fronteras notaron la presencia, al otro lado de la calle o a un lado de Sin Fronteras, de un hombres que observaban nuestras instalaciones, tomaban notas y fotografías y se retiraban.

La videograbación de los hechos demuestra que la persona que intentó allanar en esta ocasión nuestra oficina, conoce tanto las instalaciones como el movimiento habitual de la calle.

Los acontecimientos ocurridos y sus antecedentes dejan en situación de grave inseguridad tanto a la población que asistimos como a nuestros colaboradores.

Llamamos a las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría de Justicia capitalina para que se conduzca cabalmente la investigación en torno a la denuncia que Sin Fronteras IAP ha presentado ante el Ministerio Público.

Solicitamos a dichas instancias y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de Sin Fronteras IAP y sus colaboradores y usuarios, de conformidad con el compromiso adquirido por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al suscribir la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos (Declaración sobre los Derechos de los Defensores de los Derechos Humanos).

Fabienne Venet, directora general

Señora directora: Considerando la seriedad y el rigor que caracterizan a La Jornada, mucho le agradeceré la publicación de las siguientes líneas, como un mínimo derecho de réplica al artículo aparecido el sábado 8 de junio en la página 26a de la sección Cartelera, firmado por el señor Arturo Cruz Bárcenas, y que contiene numerosas falsedades e informaciones erróneas con respecto al circo Atayde.

El circo Atayde Hermanos, fundado en 1888, es una empresa mexicana que durante 56 años consecutivos ha presentado una temporada anual en la ciudad de México (en carpa o en inmuebles como la Arena México y el Palacio de los Deportes), y fue registrada como marca de servicios ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) desde 1982.

El circo Hermanos Atayde, aparentemente de reciente creación, nada tiene que ver con nuestra empresa, cuyo domicilio es Calzada de Tlalpan 855, colonia Postal, delegación Benito Juárez, y que está legalmente constituida desde hace 50 años.

Atayde es un apellido, como lo son Disney o Mc'Donalds, pero los tres son también marcas registradas. En ningún país del mundo en el que prevalezca el estado de derecho se otorgaría un nombre igual o similar ?casi idéntico? a una empresa que pretendiera operar con el mismo giro de prestación de servicios (espectáculos, entretenimiento o alimentación, en estos casos).

En la actualidad el problema de piratería de la marca registrada Atayde, o del uso indebido de la misma, se encuentra en manos del INPI, organismo que inexplicablemente no se ha pronunciado de manera definitiva sobre el asunto, cuando su función es precisamente la de proteger a las empresas, mexicanas o extranjeras, legalmente acreditadas y constituidas.

Creemos que este asunto rebasa con mucho el ámbito circense, ya que finalmente se trata de un caso de aplicación, o incumplimiento, de las leyes en vigor en nuestro país.

Aprovechamos esta importante tribuna para deslindar a la empresa Circo Atayde, S.A., y al circo Atayde Hermanos, ante la opinión pública y cualquier organismo público o privado, de las eventuales irregularidades que pueda cometer el circo Hermanos Atayde en contra de terceros, que pueden ir desde información o publicidad engañosa o falsa en cuanto al espectáculo que presentan -como es el caso por el momento-, hasta la firma de contratos y convenios, de los cuales nosotros no nos hacemos responsables.

Atentamente,

Licenciado Alfredo Atayde Guzmán, gerente general

Señora directora: Solicitamos la publicación de la siguiente carta, dirigida al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha.

Señor procurador, los firmantes le solicitamos que se consigne ante las autoridades correspondientes la averiguación 186/C/99, relacionada con las explosiones del 26 de septiembre de 1999 ocurridas en la ciudad de Celaya, Guanajuat. En esta averiguación, los mutilados y lesionados solicitan la reparación del daño, y todos pedimos castigo para los responsables.

Asimismo, solicitamos a usted que nos reciba en audiencia.

Celina Laguna Saldaña, representante de los deudos; licenciado Juan José Martínez Hernández, asesor legal; Leonardo Miguel Pérez Castañeda, representante de los lesionados; Florencio López Ojeda, vocero; Raúl Cañada Ramírez, Jorge A. Aguirre, Graciela López, Nancy Morales Arana, Rosalía Tamayo Guzmán, Gerardo Arellano Martínez, Raúl Domínguez Semet, Filiberto Heredia M. y 21 firmas más