Existen otros mecanismos y la policía podría intervenir, responde Madrid

Advierten sindicatos que no darán los servicios mínimos fijados por Aznar

La postura del Ministerio de Fomento "atenta contra el derecho de huelga": trabajadores

Luego del paro "mantendré mi actitud de mano tendida", asegura el presidente del gobierno

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 17 de junio. Los sindicatos convocantes de la huelga general del próximo jueves, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) advirtieron que incumplirán los servicios mínimos fijados hoy por el gobierno español mediante un decreto, al considerar que son "abusivos" y pretenden "vulnerar el derecho de huelga".

El Ejecutivo español, encabezado por el conservador José María Aznar, replicó que si no se respetan los criterios fijados "existen otros mecanismos para garantizar el derecho al trabajo y, evidentemente, la policía tendría que actuar en algunos casos".

La tensión de cara al paro nacional convocado para el 20 de junio, el primero en los seis años de gobierno de Aznar, subió de tono después que el Ministerio de Fomento dio a conocer los servicios mínimos fijados para el transporte público, que contemplan 30 por ciento para los ferrocarriles; en el sector marítimo se estableció un servicio para todos los trayectos y en el aéreo se garantizó al menos un vuelo de ida y vuelta para todas las ciudades españolas y de todos los países de destino habituales, cuota sensiblemente superior a la acordada en la huelga general de enero de 1994.

Estas medidas fueron estudiadas el domingo por representantes del gobierno y sindicatos en una mesa de negociación que fracasó y propició que los servicios mínimos fueran decretados de forma unilateral por la administración pública.

Respuesta al decretazo

La huelga general, que se celebrará la víspera de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) en Sevilla, la última de Aznar como presidente de turno de Los Quince, es la respuesta de los trabajadores a la reforma a la ley de protección al desempleo, aprobada vía decreto a pesar de las reiteradas críticas de los sindicatos.

El paro nacional del jueves -en el País Vasco la protesta se llevará a cabo el miércoles- ha sido secundado por todos los sindicatos españoles y apoyado prácticamente por todas las formaciones políticas de oposición que coinciden en que las reformas de Aznar cercenan derechos laborales históricos y básicos para el sostenimiento del bienestar.

Los líderes de la UGT, Cándido Méndez, y de las CCOO, José María Fidalgo, consideraron que con estos criterios "el gobierno intenta impedir el ejercicio del derecho de huelga imponiendo servicios mínimos abusivos", por lo que advirtieron que sus organizaciones incumplirán estas medidas.

En respuesta, el vocero del gobierno español Pío Cabañas advirtió a los sindicatos que si incumplían los servicios mínimos "la policía tendría que actuar en algunos casos".

Durante una conferencia de prensa conjunta en Murcia, donde se reunieron con delegados de sus organizaciones, Méndez y Fidalgo enmarcaron en esa política de obstaculizar el derecho a la huelga los criterios fijados por el Ministerio de Fomento, por lo que consideraron que en realidad "quien contraviene los servicios mínimos es el gobierno, que no respeta las sentencias" dictadas por los tribunales Constitucional y Supremo, que fijaron la doctrina para protestas de este tipo.

Méndez añadió que los citados servicios mínimos "duplican los mínimos establecidos en 1994 y han sido fijados tras una sola reunión con los sindicatos". Reconoció que si bien en el sector del ferrocarril hubo un acercamiento entre gobierno y sindicatos, en el resto hubo "una ausencia total de acuerdos" ante la rigidez mostrada por los representantes del Ejecutivo.

El líder de las CCOO indicó que con relación al transporte aéreo se incumple en la cuota fijada por el gobierno el "criterio intermodal, que establece un único medio de transporte entre dos destinos en los casos de huelga general, por lo que ha quedado claro que en los servicios mínimos ha predominado el interés de las compañías al derecho constitucional de huelga".

No es igual que en 1994

El ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, quien rubricó el decreto de los servicios mínimos, justificó su decisión al reiterar que no hay razones para la convocatoria al paro nacional y que se "ha hecho un esfuerzo considerable de fijar servicios mínimos parecidos a los de 1994, pero de entonces a la fecha han cambiado dos cosas en España: ahora gobierna el Partido Popular (PP) y hay 3.5 millones de trabajadores más, a los cuales hay que facilitar servicios mínimos y garantizar su derecho" a acudir al trabajo el día de la huelga general.

En todo caso, Aznar dijo a los dirigentes del PP en una reunión interna que después del paro nacional el gobierno "mantendrá la misma actitud de mano tendida y diálogo" para restaurar el diálogo social, según informó Javier Arenas, secretario general del PP.

El vocero de política social y empleo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ramón Jáuregui, afirmó que "negar la precariedad en el mercado laboral español, aprovechando el debate en torno al decreto-ley de reforma de las prestaciones por desempleo, refleja mala fe o ignorancia". A su juicio, el gobierno se empeña en "negar la precariedad en la que uno de los datos más alarmantes, significativos y preocupantes son las altas tasas de siniestrabilidad laboral.

"El gobierno se ha dado cuenta que con sus declaraciones de los primeros días y, en particular, con actitudes bastante arrogantes, por no decir chulescas, del presidente del gobierno, José María Aznar, no ha hecho más que tensar los ánimos e irritar incluso a mucha gente que tenía dudas respecto de la huelga", comentó.

"Como en la guerra"

Mientras, Gaspar Llamazares, líder de Izquierda Unida (IU), señaló que Aznar "ha roto el pacto social de la transición porque está actuando como en una guerra" al sostener que "durante la transición los trabajadores aceptaron que la derecha conservadora controlara los medios de producción para que ésta reconociera el Estado social, un acuerdo Aznar ha violado, ya que pretende cambiar el modelo social actual por uno de empleo pobre y de escasas garantías sociales, como en Estados Unidos".

Para el dirigente de izquierda, Aznar "está sometiendo a España a una involución democrática, aunque celebre hipócritamente el 25 aniversario de las primeras elecciones democráticas".

También expresó su postura sobre la huelga general del Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno regional) que criticó también la "actitud prepotente e impositiva de Aznar, con un decreto que supone un recorte de derechos de los desempleados, a los que considera, en general, defraudadores del sistema, acomodados en el paso, y ciudadanos de poco fiar".