Jorge Carrillo Olea

El neofranquismo de Aznar

Se cumplieron el pasado sábado 25 años de las primeras elecciones democráticas en España después de la muerte de Franco, en noviembre de l975, que clausuró más de 40 años de tiranía y arcaísmo que sumieron a España en un letargo virtual. Entre ese momento y el actual presidieron el gobierno español grandes figura políticas de muy distintos signos; sin embargo, pareciera que en su conjunto privara su convicción histórica de recuperar el tiempo perdido. El más notable de ellos, sin el reconocimiento justo todavía, fue Adolfo Suárez, el primer presidente emergido de una votación popular en l979, después de promulgada la Constitución.

Pero esta trayectoria nacional no culmina lógicamente después de un cuarto de siglo y después de, posiblemente, declarar terminada la transición. Se celebran estos 25 años sin una conmemoración oficial a nivel de la monarquía o de la presidencia de gobierno; lo más conspicuo ha sido abrir las puertas del Congreso de los Diputados a una visita popular.

Sin embargo, en el ambiente político tienen presencia hechos que generan razonables preocupaciones para los españoles y sus amigos no nacionales. Pareciera que el presidente José María Aznar, hay que recordar su origen falangista, ha decidido marcar el último tramo de su gobierno con una serie de proyectos profundamente antidemocráticos, inspirados probablemente por sus convicciones juveniles franquistas.

Después de 27 años de muerto, Franco se mueve en su tumba. Su sucesor actual en el poder intenta desconocer el pasado inmediato de ya un cuarto de siglo de buen gobierno, por lo menos en lo general, que se acredita habiendo colocado a España en el primer lugar de crecimiento económico en la Comunidad Europea, dejando muy atrás porcentualmente a Alemania y a Francia; en un sostenimiento bajísimo de inflación y de tasas de interés, y lo que es sobre todo para nosotros los mexicanos sorprendente, una estructura de seguridad social superavitaria financieramente. No podría dejar de destacarse la impresionante infraestructura productiva y de servicios, así como el preponderante papel político que ejerce España en la comunidad internacional, particularmente en Europa. Todo ello no por los años de gobierno de Aznar, sino por un cuarto de siglo de trabajo imaginativo y productivo de todos los españoles.

El presidente del gobierno español ocupa sus desvelos en planear y ejecutar acciones tan contradictorias con las realidades universales y españolas como deslegalizar un partido político, revertir conquistas laborales y atacar los flujos de migración.

Hay que aceptar que el conflicto de ETA es desde hace décadas el problema central de la política interior, con proyecciones exteriores, no del gobierno español, sino del pueblo en su conjunto. No es sencillo abogar por Batasuna y por el PNV, dada su identidad con el brazo armado que tanta sangre ha derramado desde hace tantos años. Fue un dolor de cabeza en el franquismo, motivó el primer viaje oficial de Adolfo Suárez a México para buscar un negociado cobijo para alguno de sus miembros prominentes, y así siguió hasta el momento. Lo que no es posible aceptar tampoco es que en los albores del siglo XXI, en una España que ya es democrática, se quiera dar marcha atrás en un camino de intolerancia que México abandonó al legalizar el Partido Comunista. Simplemente España no lo merece.

El seguro de desempleo ha sido siempre una espada difícil de manejar, si no que lo diga Gran Bretaña. Es un instrumento de justicia social que al menor descuido por manejo funcional equivocado o por una errónea tolerancia puede convertirse en un problema de la economía nacional. Hoy existen en España 2 millones de desempleados; la autenticidad de éstos es tan incierta como lo es en todos los países que tienen ese sistema de seguridad social. Es una realidad con la que hay que aprender a convivir y a administrar, si lo tuviera, todo efecto negativo sobre las finanzas públicas y sobre todo sobre la probidad de la clase trabajadora a la que hay que preservar éticamente hablando. Lo que no se puede es militar contra un derecho conquistado hace décadas, eso abriría la puerta a otras violaciones laborales que acabarían por destruir el estado de derecho y la seguridad jurídica que ampara a los trabajadores. Pero hay que notar que en este último alarmante sentido, el gobierno del Partido Popular también está avanzando al intentar reducir mediante decreto los alcances de la ley laboral. Intenta el gobierno español reducir el derecho a huelga cuando ésta ha sido planteada, con alcances generales, para esta misma semana.

Como efecto de la globalización que el mundo desarrollado está resintiendo, se advierten las crecientes y masivas migraciones de pueblos depauperados hacia expectativas de condiciones de vida inalcanzables en sus países. Se registran en el continente americano y son imparables, por más que los esfuerzos del presidente Bush lo quieran evitar. En Europa son igualmente indetenibles, tanto las africanas procedentes no sólo del Magreb, sino de la propia Africa negra, como las de las antiguas repúblicas soviéticas, de la antigua Yugoslavia y de Turquía.

Los países más afectados por su posición geográfica son de sur a norte España e Italia, y de este a oeste Polonia y Alemania. A la posición geográfica habría que añadirle lo floreciente de sus economías.

Referido sólo a Europa el fenómeno es general para los países que integran la comunidad; sin embargo, en el caso de España es toda una nueva experiencia. Gran Bretaña tiene gran mestizaje por su pasado colonial, que sólo termina hace 50 años. Francia atiende iguales razones. Alemania conoce de las migraciones españolas, griegas, de los Balcanes y turcas desde siempre. España, con un pasado colonial mucho más remoto, propiamente desconoce los alcances de este fenómeno.

La sociedad española está impactada por la creciente presencia extranjera y por su competencia en el alcance de satisfactores, aunque se manifiesta la misma situación que en Estados Unidos: los inmigrantes ilegales ocupan puestos de trabajo que rechazan los naturales. Así, éstos compiten por otros satisfactores, mas no por el trabajo y sí aportan grandes elementos de enriquecimiento que los gobiernos locales se niegan a reconocer, salvo en los momentos electorales. Ante esta situación los gobiernos nacionales de la Comunidad Europea están reaccionando con cautela ejemplar. Hay un problema que exige solución, pero una solución justa para el país receptor y los núcleos inmigrantes.

Aznar no lo ve así, quiere convertir en ley su visión intransigente de esta realidad social, producto de la injusticia en el desarrollo de los países. El tiene una percepción étnica selectiva. Es excluyente y sus propósitos son persecutorios. A las pateras (balseros africanos) las quiere enfrentar con la armada; a los inmigrantes recién arribados, con la expulsión, y para los que ya tienen antecedentes en el territorio español, la cerrazón de oportunidades y la persecución. Por eso se entiende tan bien con Bush: comparten el mismo espíritu intolerante y mayestático.

Como se ve, el proyecto del presidente español para conmemorar un cuarto de siglo de democracia padece serios cuestionamientos. No sería por las formas monárquicas con que se conduce Aznar, sino por los efectos para malograr en buena medida la terminación histórica de la transición española, que es por muchos conceptos admirable.