Demanda la PGR a la Corte invalidar reformas a la ley mercantil del Distrito Federal
Defiende la Federación a banqueros
Todo lo relacionado con la regulación bancaria es de competencia federal, alega Rafael Macedo
JESUS ARANDA
El gobierno federal decidió intervenir a favor de los bancos en la controversia que mantienen con el Gobierno Distrito Federal respecto de la seguridad en las sucursales bancarias, al haber sido incluidas éstas en el rubro de establecimientos mercantiles.
En este tenor, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de invalidez de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en abril pasado, con las que el gobierno capitalino apoyó legalmente su decisión de intervenir directamente en la seguridad de las sucursales crediticias.
Según fuentes consultadas, el gobierno federal "ya se había tardado" en intervenir en este asunto, dada la importancia económica que tienen los bancos y la incertidumbre que generó desde un inicio la pretensión del gobierno capitalino de intervenir en un tema que las autoridades y los banqueros están convencidos que es de competencia federal.
Cabe señalar que después de casi mes y medio de que entraron en vigor las reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles, los bancos han ganado en segunda instancia prácticamente todas las suspensiones provisionales -y en algunos casos definitivas- en contra de la aplicación de dicha ley.
El argumento jurídico que han planteado Bancomer, Banamex, Bital y Santander en sus alegatos se basa fundamentalmente en que la regulación del funcionamiento de los bancos, incluida la seguridad de sus sucursales, es competencia exclusiva de las autoridades federales y no de las autoridades locales, porque ello desembocaría en un caos en el funcionamiento de dichas instituciones.
De acuerdo con información obtenida en la Suprema Corte, el argumento central del procurador general de la República es el mismo que el de los banqueros, es decir, que ningún gobierno estatal, ni el del Distrito Federal ni la Asamblea Legislativa, tienen facultades para regular la actividad bancaria, incluida la seguridad de sus establecimientos.
Macedo respalda su demanda en un criterio establecido en su momento por el máximo tribunal, en el sentido de que todo lo referente a la regulación bancaria es exclusivamente competencia federal. Este criterio fue establecido por el máximo tribunal, precisamente cuando el ayuntamiento de Jalisco pretendió regular la seguridad de las sucursales bancarias de esa ciudad; el
entonces presidente Ernesto Zedillo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra esa reglamentación, en la que la Corte le dio la razón y definió su criterio al respecto.
La presente controversia im-pugna los artículos 9 fracción XIV, segundo párrafo; 67 bis, 75, 77 fracción XIV y 79 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, reformados en abril pasado y publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 14 de mayo pasado.
En términos generales, dichos artículos establecen que los jefes delegacionales tienen la obligación de aplicar la ley en sucursales bancarias en lo que respecta a las medidas de seguridad; también considera las medidas de seguridad que deberán observar las instituciones crediticias, como son la prohibición del uso de teléfonos celulares o aparatos de comunicación inalámbrica, el establecimientos de esclusas; así como sanciones por no cumplir con dichas medidas, que van de la multa al cierre temporal o definitivo.
Los jueces que han conocido de los casos en primera instancia han sostenido criterios diferentes, unos han negado las suspensiones y otros las han otorgado. Cuando los asuntos han pasado a revisión en los Tribunales Colegiados de Circuito se han concedido suspensiones provisionales e incluso algunas definitivas a Bancomer, Banamex, Bital, Serfin y Santander.
