La Procuraduría de Justicia de Puebla decidió cerrar el caso
La fiscalía para movimientos del pasado investigará la muerte de Joel Arriaga, dirigente de la UAP
Buscará indagar la posible participación del Ejército o de alguna autoridad federal
LA JORNADA DE ORIENTE Y ANDRES T. MORALES
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado investigará el asesinato del luchador social universitario Joel Arriaga Navarro, a pesar de que la Procuraduría de Justicia de Puebla cerró el caso en días pasados. Además, buscará indagar si en ese homicidio participó el Ejército Mexicano o alguna otra autoridad federal.
Joel Arriaga fue asesinado el 20 de julio de 1972, en el contexto de la represión contra miembros de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP). La semana pasada su viuda, Judith García Barrera, recibió una notificación de la procuraduría poblana donde se le informa que el caso ya prescribió por haber cumplido 30 años en que ocurrió el homicidio y porque no hay elementos para continuar con la investigación.
García Barrera calificó de injusta esa determinación, ya que la dependencia nunca investigó la muerte de su cónyuge. Dijo que pidió la intervención de la fiscalía especial para que no sé de carpetazo al caso, pero sobre todo porque su esposo fue víctima de la guerra sucia de los años 70, pues antes de ser acribillado en su vehículo lo desaparecieron -estuvo en la cárcel de Lecumberri y en el Campo Militar Número Uno-, pero por la presión que ejerció la UAP fue liberado.
Durante una charla que Judith García ofreció a la prensa estuvo presente Juan Carlos Sánchez Pontón, director de Investigaciones de la fiscalía, quien estableció que ''el hecho de que se haya dictado la ponencia del no ejercicio de la acción penal respecto al homicidio de Joel Arriaga, no es impedimento para que esta fiscalía especial continúe con su investigación respecto de los delitos relacionados con el fuero federal''.
Aclaró que se iniciaron las indagatorias para establecer en primera estancia si en ese asesinato hubo un delito del fuero federal -por la posible participación de una autoridad-, y sólo si es así la fiscalía especial atraerá el caso, de lo contrario no intervendrá, por tratarse de un asunto exclusivamente del fuero común.
Desde que ocurrió el asesinato de Arriaga se ha señalado, por parte de familiares y militantes de izquierda, que los responsables fueron el entonces gobernador Gonzalo Bautista OƀFarril y el gobierno de Luis Echeverría Alvarez.
Al respecto, Juan Carlos Sánchez Pontón se comprometió ante los familiares de Arriaga que si las líneas de investigación que se siguen apuntan a Echeverría o Bautista como probables responsables, entonces será citados por la fiscalía especial. Dijo que se buscará en los archivos de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, que este lunes abrió el Archivo General de la Nación, si existe información del caso.
Posible depuración de archivos
En Veracruz, en tanto, el ex guerrillero Camilo Valenzuela consideró que aun cuando debe considerarse un triunfo de la sociedad civil organizada la apertura de los archivos históricos de la guerra sucia, también debe mirarse con escepticismo, pues no se descarta que los documentos hayan sido depurados para proteger a los responsables de perseguir y asesinar a opositores al régimen gubernamental.
El ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y ahora dirigente provisional del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, se manifestó por crear una comisión de la verdad que investigue los casos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide el ''convenio'' hecho en el Senado de la República e impulsado por el gobierno foxista para quitar retroactividad en la aplicación de castigos a quienes encabezaron la represión.
''Hubo un convenio en el Senado, promovido desde el gobierno de Vicente Fox para proteger a altos mandos militares, a ex presidentes y a importantes personajes de la vida política que evidentemente tienen responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que han marcado al país y que hasta la fecha continúan impunes'', afirmó Valenzuela.
Recordó que diversas organizaciones civiles y el Gobierno del Distrito Federal interpusieron una controversia constitucional ante la SCJN para invalidar los candados impuestos por los legisladores para juzgar a los responsables de la guerra sucia y un fallo a favor sería la verdadera muestra de voluntad política para que se tenga acceso a la justicia.
