Piden regularizar su situación por razones humanitarias

Inmigrantes atrincherados exclaman: "solamente queremos trabajar"

ARMANDO G. TEJEDA ENVIADO

sevilla, 19 de junio. "Sólo queremos trabajar para ver a nuestra familia", se lee en una enorme pancarta desplegada en las carpas de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, convertidas desde hace 10 días en el refugio de cerca de 500 migrantes "sin papeles" que apelan a "razones humanitarias" para regularizar su situación en España y poder ver de nuevo a sus familias.

Ante el silencio de las autoridades, el colectivo de jornaleros del campo extranjeros anunció para los próximos viernes y sábado una huelga de hambre, que coincidirá con la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) en Sevilla.

Con la mirada incrédula, la ropa derruida y el temor a que las fuerzas del orden público les desalojen en cualquier momento, los inmigrantes encerrados en la UPO viven pendientes de un gesto que permita abrir una negociación que les conduzca a dejar la marginalidad en la que muchos de ellos han trabajado los recientes años en España, y así poder laborar en las mismas condiciones que cualquier trabajador extranjero con los papeles en "regla".

La universidad sevillana, ubicada en las afueras de la ciudad, reservó un amplio espacio para los migrantes, procedentes en su mayoría del Magreb y el Africa subsahariana, entre los que además se encuentra sólo una joven rumana, que al igual que sus compañeros de destino suplica un "trato humanitario".

Las carpas de la UPO se han convertido en sus viviendas; duermen en colchones de hule espuma, tienden su ropa en las ventanas, comen en una cancha de baloncesto acondicionada como comedor y cocina, en la que ven la televisión y se llegan a emocionar con la emisión de los partidos del Mundial de futbol.

Una alegría que, sin embargo, no despeja su sino trágico, muchos de ellos salieron de Argelia, Marruecos, Mauritania y Sierra Leona hace varios meses o años; lo más difícil fue cruzar el estrecho de Gibraltar para poder pisar tierra europea y ofrecerse en los campos de cultivo del sureste español, una región próspera que abastece de frutas y legumbres a buena parte del continente.

Sin embargo, al llegar a España se encontraron sin trabajo, con sus puestos temporales para la recolección de fresa ocupados y con la amenaza permanente de su expulsión del territorio en cumplimiento de la Ley de Extranjería española.

Rachid, un joven marroquí que por temor se negó a dar su apellido, explicó a La Jornada que lo único que reclaman es "dignidad y un puesto de trabajo", que su protesta es pacífica y que no quieren "problemas con nadie". Por eso apeló al "apoyo de todas las sensibilidades y las buenas voluntades" que les permita conseguir la anhelada residencia, un documento que les permitiría volver a casa y ver de nuevo a sus familias.

Pero hasta ahora la respuesta de las autoridades ha sido firme: "que regresen a su país, que aquí no cabemos todos".