Expone a las instituciones y mete a la Corte en un enredo, afirma el Ejecutivo local
Vergonzoso que el gobierno federal se subordine a bancos: López Obrador
Si la SCJN falla a su favor, que la Federación se encargue de la seguridad de sucursales; Ebrard
ELIA BALTAZAR Y SUSANA GONZALEZ
Es una "burla" y una "vergüenza" que todo el gobierno federal se subordine a los intereses de la banca y ahora sea la Procuraduría General de la República, por instrucción del presidente Vicente Fox, la que "se ponga por delante" en su defensa.
Así se expresó ayer el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ante la decisión de la PGR de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidación de las disposiciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa relacionadas con la seguridad en las sucursales bancarias.
Molesto, el jefe de Gobierno afirmó ayer, durante su conferencia de prensa matutina, que esta decisión del gobierno federal de defender a los banqueros no hace otra cosa que exponer a las instituciones al utilizar a la PGR y "meter" a la Corte "en un enredo en el que tendrá que definir con quién está".
Dijo el jefe de Gobierno: "Nunca imaginé que llegaran a tanto, que no tuvieran el menor recato en quitarse la máscara y salir a representar a un grupo, como si se tratara de un gobierno de facción".
López Obrador afirmó que esta decisión de recurrir a la SCJN para defender a los banqueros de las medidas de vigilancia que están obligados a ofrecer en sus sucursales sólo confirma que el gobierno federal "está convertido en un comité al servicio de una minoría", pues ni siquiera es capaz de exigirles que cumplan con dar seguridad a sus clientes.
Para López Obrador, éste no es sólo un asunto jurídico o político, pues demuestra cómo en México los poderes político y económico se alimentan mutuamente, y "cómo se entienden en las cúpulas y hacen sus enjuagues."
Dijo que los banqueros tuvieron que recurrir al "paternalismo" de "papá gobierno", cuando advirtieron que la vía del amparo no prosperaba para ellos, pues la mayoría de los juzgados se los negaron ante la revisión y clausura de sucursales que no cumplían con los ordenamientos emitidos por la Asamblea Legislativa.
A partir de este episodio, que involucra sólo un gasto de entre 100 y 200 millones de pesos para la seguridad, el jefe de Gobierno advirtió sobre lo que sucedería si realmente se abriera el caso Fobaproa, en el que están en juego 800 mil millones de pesos. "Entonces no sólo sería la PGR, sino el gabinete en pleno el que saldría a la defensa de los banqueros."
López Obrador expresó, sin embargo, su confianza en que la Suprema Corte resolverá conforme a derecho, aunque en la práctica prevalezca el "estado de cohecho".
Para Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública, el gobierno federal cometió "un grave error" en la acción de invalidez que interpuso la PGR, pero confió en que la Suprema Corte otorgue la razón al gobierno capitalino, toda vez que ha defendido el interés público de la ciudadanía.
No obstante, advirtió que si el fallo es favorable a la PGR entonces las autoridades federales "tendrán que hacerse cargo de la seguridad de todos los bancos a nivel nacional". Por lo pronto, manifestó que habrá "cierre de filas" en torno a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para emprender la defensa jurídica correspondiente, ya que, dijo, no se han invadido competencias federales al aplicar la Ley de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.
En cuanto a la inspección de las sucursales bancarias que se inició el pasado 16 de mayo, Ebrard aseguró que "las supervisiones y recomendaciones que estamos haciendo van a seguir. Nuestra política no va a cambiar, pero quiero señalar que vamos a estar atentos a lo que la Corte resuelva".
Por su parte, el procurador Bernardo Bátiz señaló que causa extrañeza que la PGR se ocupe de un tema de carácter secundario, como son cuestiones reglamentarias o de seguridad bancaria, en lugar de ocuparse de "asuntos mucho más importantes".
Subrayó que la regulación bancaria de carácter federal se refiere a cuestiones financieras, por lo que oponerse a las medidas locales impuestas por el gobierno capitalino sería "como si los banqueros quisieran que sus vehículos no estuvieran sujetos a las leyes de tránsito o que sus inmuebles no pagaran el impuesto predial".