Soslayan derechos de los procesados al resolver casos por la vía sumaria: César Esquinca

Instituto de defensoría cuestiona insensibilidad de algunos jueces

JESUS ARANDA

El director del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), César Esquinca, cuestionó la "insensibilidad de jueces, pocos por fortuna", quienes se preocupan por sus estadísticas y soslayan derechos de los procesados al pretender tramitar todos los juicios por la vía sumaria, "sin los obstáculos" que derivan de la defensa de los acusados.

Al rendir ante el pleno del Consejo de la Judicatura Federal su informe anual de labores, el también magistrado arremetió contra agentes investigadores del Ministerio Público Federal -dependientes de la Procuraduría General de la República-, quienes en algunos lugares utilizan diversas tácticas para evitar la intervención del defensor público, violentan disposiciones legales y constitucionales que garantizan el derecho a la defensa adecuada, convirtiendo así a la defensoría pública "en una inútil formalidad".

Al hablar ante el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Genaro Góngora Pimentel, consejeros, jueces y magistrados, Esquinca Muñoa advirtió que debido a la actitud de las agencias del Ministerio Público de impedir la intervención adecuada del defensor público, incluso nombrando a supuestas personas de confianza, "que muchas veces ni siquiera conocen al indiciado", o no permitiendo la comunicación del defensor con el detenido hasta el momento de la rendición de la declaración ministerial, emprenderá todas las acciones legales necesarias para garantizar el derecho constitucional a la defensa adecuada.

Confiamos, dijo, en superar la estrategia en que han incurrido algunas agencias del Ministerio Público y evitar "una confrontación institucional que a nadie beneficia, menos a los indiciados".

En relación con los jueces de distrito, el presidente del IFDP reveló: "hemos padecido actitudes intransigentes de algunos jueces que materialmente no quieren al defensor en el local del juzgado y hacen todo lo posible para que salga del mismo".

Esos actos demuestran el desconocimiento de la ley, que obliga a los juzgadores a proporcionar en sus locales un espacio físico apropiado, además de que no valoran la conveniencia de que el defensor esté ahí, para intervenir de inmediato si se requiere.

Ante esto, pidió a los defensores públicos fortaleza y no claudicar en su posición de tutela de los derechos de los procesados, "actuando con prudencia, pero haciendo valer siempre todo lo que sea en beneficio de sus defendidos".

Reconoció también que otro obstáculo para la defensoría pública lo constituye la falta de recursos de los defendidos cuando requieren pruebas periciales en su favor. El problema se agrava debido a que el instituto no cuenta con partidas presupuestales para esos gastos, ni los acusados pueden pagar a peritos particulares.

Los juzgadores tampoco apoyan con los peritos requeridos, lo que deriva en que por ese tipo de deficiencias sigan dictándose sentencias "legales, pero injustas".

Esquinca Muñoa indicó que durante el último año, los defensores públicos en los juzgados de distrito tuvieron a su cargo 25 mil 202 juicios en diversas etapas, promovieron 269 juicios de amparo y realizaron 62 mil 39 visitas carcelarias. Esto significó un incremento de mil 25 juicios, 269 amparos y 7 mil 316 visitas respecto al año anterior.

Mientras que los que actúan en tribunales colegiados conocieron 32 mil 88 asuntos, promovieron mil 542 juicios de amparo y realizaron 20 mil 974 visitas carcelarias, lo que significó un aumento de 29 mil 526 en defensas, mil 82 en amparos promovidos y 16 mil 496 en visitas en relación con el periodo 2000-2001. Respecto a las quejas atendidas en contra de defensores públicos, informó que durante el último año se iniciaron 25 investigaciones, más otros seis asuntos pendientes del año previo, de los cuales 19 se concluyeron y 12 están en trámite.

Por su parte, Genaro Góngora señaló que la justicia en México no estaría completa sin la participación de los defensores públicos y asesores jurídicos federales, ya que estos servicios tienen un alto reconocimiento social y son pilares fundamentales de la justicia.