Tal vez en el despacho y en el equipo de trabajo de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda y Crédito Público, las revistas semipornográficas resulten las lecturas predominantes, o acaso las únicas. Pero suponer que esa preferencia caracteriza a todo el país constituye una generalización ofensiva y calumniosa para la sociedad mexicana y revela una ignorancia irritante e inadmisible en un funcionario público de primer nivel.

Por lo visto, el secretario de Hacienda desconoce que México tiene una producción y un mercado editoriales cuya historia se remonta a Juan Pablos; que resultaron fundamentales en las gestas de Independencia, de Reforma y del periodo revolucionario, y que hoy cuentan, entre sus exponentes más nobles y enaltecedores, con la Biblioteca Enciclopédica Popular y las colecciones Sep Setentas y Lecturas Mexicanas -cuyos títulos fueron impresos y repartidos por millones por la Secretaría de Educación Pública-; con la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, con el Fondo de Cultura Económica y con miles de fondos editoriales de universidades y de gobiernos estatales. La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha elaborado algunas ediciones culturales memorables en el pasado reciente, y es una pena que nadie se haya tomado la molestia de informárselo al titular de la dependencia antes de que profiriera una tontería así de irritante y vergonzosa como la que soltó ayer ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En el ámbito de la industria privada, el sector editorial dispone de instituciones tan serias, respetadas y valiosas como las editoriales Porrúa y Siglo XXI, por mencionar sólo dos casos que son del conocimiento de todo el mundo a excepción, por supuesto, del señor Gil Díaz. Nuestro país edita, imprime, distribuye y lee millones de libros, revistas y periódicos; una fracción de esa vasta actividad está compuesta, efectivamente, por revistas "semipornográficas". Pero, sin ninguna intención de descalificación moral hacia esos materiales -cualquiera tiene derecho a producirlos y a consumirlos, incluido, por supuesto, el secretario de Hacienda-, resulta indispensable pedir al funcionario que, al reconocer sus preferencias en cuestión de lectura ("con excepción de algunas revistas que son semipornográficas [...] casi no leemos en nuestro país"), utilice la primera persona en singular, y no en plural.

Ciertamente, para los mexicanos mínimamente informados y bien intencionados, es deseable y necesario un incremento en la producción, el consumo y la calidad de los productos editoriales. No se trata de una superficialidad, sino de un proceso indispensable para el desarrollo político, económico, cívico, cultural y espiritual de la población. Fue precisamente, la necesidad de extender e incrementar la lectura, la que llevó a considerar el interés público de la industria editorial y a propiciar su desarrollo con exenciones fiscales. Pero, por lo que puede verse, el actual secretario de Hacienda no tiene la menor idea de estas consideraciones. Para él, los esfuerzos de producción editorial y de masificación de la lectura que la Nación viene desarrollando desde hace un par de siglos se reducen a la masiva circulación de revistas semipornográficas, y esa reducción le basta para fundamentar la necedad de imponer gravámenes absurdos a la factura y al consumo de libros, revistas y periódicos. De esa manera, su insulto a la cultura nacional se convierte en un agravio al sentido común: si lo que el funcionario externó fuera cierto, y si en México no se leyera más que revistas semipornográficas, tanto más pertinente resultaría preservar la exención fiscal a los productores y lectores de otras clases de materiales impresos.

El desatino de Gil Díaz deja mal parados a sus asesores, a sus profesores de primaria, secundaria, bachillerato y universidad, a los head hunters contratados por el presidente Vicente Fox -con resultados tan lamentables, a lo que puede verse- y a sus compañeros de gabinete, quienes, por lo visto, tienen que escucharle quién sabe cuáles otros despropósitos.