El instituto ya no tendrá activos que vender; la banca debe asumir pérdidas: Di Costanzo

El Congreso está facultado para desconocer la deuda del IPAB

Al plantear que usará aportaciones del gobierno, Méndez busca que los contribuyentes carguen con una deuda impagable, dice Los pasivos del Fobaproa no fueron aprobados por el Legislativo

ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Frente al hecho de que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ya no tiene activos que vender para pagar su deuda de 788 mil 304 millones de pesos, el Congreso de la Unión debe desconocerla para que la asuma la banca, pues lo faculta la ley del propio instituto en sus artículos 45, quinto y sexto transitorios. Esos pasivos que todavía se encuentran a cargo del Fobaproa, nunca fueron aprobados por el Poder Legislativo.

Después de los 700 mil millones de pesos que se inyectaron a los bancos, es absurdo que no hayan abierto el crédito a pesar de las exigencias que les ha hecho hasta el gobierno federal, afirmó Mario Di Costanzo, ex secretario de la comisión de la Cámara de Diputados para investigar las operaciones del IPAB.

La posición fijada por el secretario ejecutivo del instituto, Julio César Méndez, es una nueva trampa para que los contribuyentes carguen con esa deuda prácticamente impagable, advirtió el especialista. El quinto transitorio dice que si las auditorías -que no aceptan los banqueros- demuestran que hay irregularidades, el IPAB deberá devolver esos créditos a los bancos, los cuales deberán asumir las pérdidas. Esas auditorías son requisito para hacer el cambio de pagarés del Fobaproa por títulos del instituto.

El artículo sexto transitorio señala que el IPAB asumirá todos los pasivos del rescate bancario, con excepción de aquellos derivados de los programas de compra de cartera a cargo del Fobaproa. Es decir, no asume los pasivos de este fondo que superan los 400 mil millones de pesos.

Y el 45 establece que si el IPAB no cuenta con los recursos para hacer frente a sus obligaciones, el Congreso dictará las medidas pertinentes para el pago de las mismas. En teoría esto quiere decir que si no se lleva a cabo el intercambio de pagarés, el Poder Legislativo puede desconocer los pagarés Fobaproa.

Los dos bancos más poderosos -BBVA-Bancomer y Banamex-Citigroup- viven de los intereses que les pagan por los pagarés Fobaproa que poseen. El primero recibe 25 millones de dólares mensuales y el segundo 20 millones. Si el Congreso de la Unión asume una posición en ese sentido no habría problema, porque actualmente la deuda la pagan los contribuyentes, recalcó Di Costanzo.

Recursos públicos, la principal fuente de ingresos de bancos

De acuerdo con Hacienda, durante 2001 los desembolsos del gobierno federal para cubrir el costo financiero (pago de intereses) de la deuda interna y las erogaciones para los programas de rescate bancario ascendieron a 131 mil 498.2 millones de pesos, de los que 39 mil 850.2 millones correspondieron a las operaciones de saneamiento de las instituciones financieras.

La inyección de recursos públicos se mantiene como la principal fuente de ingresos de los bancos que operan en México y el monto de los activos en poder del IPAB, cuya venta es empleada para bajar el costo del rescate financiero, se ha reducido a 75 mil millones de pesos, por lo que después de las ventas realizadas este año los únicos recursos de que dispondrá el organismo a partir de 2002 serán las aportaciones del gobierno, reconoció su secretario ejecutivo, Julio César Méndez.

Un negocio sin riesgos

Cuando grupos bancarios extranjeros, principalmente de Estados Unidos y España, comenzaron a adquirir participación en instituciones mexicanas, se hicieron de un negocio sin riesgo que les permite obtener crecientes ganancias por la inyección directa de recursos públicos y por financiar al gobierno mediante la adquisición de bonos de deuda interna.

Mientras el financiamiento a actividades productivas o a la compra de vivienda se mantuvo estancado, en el primer trimestre de este año el sistema financiero que opera en México, controlado en 85 por ciento por firmas extranjeras, obtuvo utilidades netas por 7 mil 788 millones de pesos, cantidad que implicó un incremento de 215 por ciento en comparación con las ganancias del último trimestre de 2001, que fueron de 2 mil 468 millones, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de las instituciones de crédito.

Sin embargo, sólo una quinta parte de sus ingresos (20.4 por ciento) provino de actividades de intermediación financiera, es decir, del otorgamiento de créditos, y el resto fue generado por el cobro de comisiones (22.2 por ciento) y los fondos aportados por el gobierno a través de los mecanismos derivados del rescate bancario, según las mismas fuentes.

Como los bancos que operan en el país han mantenido cancelada la asignación de créditos al sector productivo o vivienda, bajo el argumento de que no existe un marco legal que propicie la seguridad de que los préstamos van a ser recuperados, las dos fuentes principales de ganancias son los recursos transferidos por el gobierno a través de los mecanismos generados por el rescate bancario y el cobro de intereses por la adquisición de los bonos de deuda interna, que también son pagados a las instituciones financieras por el sector público.

Los mismos grupos bancarios favorecidos por el rescate emprendido por la anterior administración federal se han convertido ahora en los principales beneficiarios de las operaciones de venta de activos y cartera de crédito en poder del IPAB, a través de un mecanismo que les permite comprar bienes en menos de una décima parte de su valor y revenderlos en 80 por ciento de su precio.

Venta de activos, negocio para privilegiados

A lo largo de los últimos tres años el IPAB ha realizado un proceso de venta de activos a precios castigados, que en la práctica sólo ha beneficiado a un pequeño grupo de empresas extranjeras, la mayoría relacionadas con las mismas instituciones que se favorecieron del rescate bancario, expuso Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de El Barzón.

Los datos que ofrece, tomados de los informes del IPAB, señalan que a lo largo de los últimos tres años el instituto ha realizado ventas directas de cartera por 38 mil 927 millones de pesos de créditos hipotecarios, comerciales, industriales y de consumo. Pero por esos activos sólo recibió 8 mil 360 millones de pesos.

Ramírez Cuéllar señaló que los procesos de venta de cartera realizados por el IPAB entre 1999 y 2001 han estado determinados por la discrecionalidad absoluta y el beneficio a capitales estadunidenses, canadienses, españoles y algunos mexicanos, como el Grupo Financiero Banorte.

Las empresas que han comprado esos activos, dijo, han adquirido los paquetes de crédito con ofertas y pagos que van desde 9 centavos por cada peso hasta 21 centavos por peso del valor del capital que adquieren, mientras ellas los colocan o revenden hasta en 80 por ciento del valor de su capital, lo que genera un amplio margen de ganancia.

Indicó que las empresas beneficiadas son SLQ, cuyo socio mayoritario es Goldman Sachs, la firma estadunidense donde presta sus servicios el ex subsecretario de Hacienda Martín Werner, quien firmó los pagarés Fobaproa; Auritec, asociada con General Motors; Secorse, del Grupo Financiero Santander; y Sólida, del Grupo Financiero Banorte.

''Estas empresas, la mayoría extranjeras, están concentrando una cantidad impresionante de extensiones de tierra agrícola, pequeñas industrias y bienes inmobiliarios. Es decir, ese mercado secundario de deuda promovido por el IPAB está totalmente distorsionado y ha creado un grupo selecto de nuevos beneficiarios de la crisis bancaria, muchos de los cuales ya fueron rescatados en el pasado'', comentó Ramírez Cuéllar.