Logra Bancomer la suspensión provisional de actos del gobierno

Niegan GDF y delegaciones que exista un programa para supervisar bancos

En GAM y Miguel Hidalgo se clausuraron seis sucursales por incumplir ley mercantil

JESUS ARANDA

Una vez aprobadas las reformas a la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y que la administración capitalina anunciara, el 16 de mayo pasado, la aplicación de un "programa de revisión, supervisión y auditoría" de dichos establecimientos, Bancomer ganó una suspensión provisional en contra de la aplicación de esa legislación y de cualquier acto similar. Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal y 11 delegaciones políticas negaron ante la justicia federal que esté en marcha un programa de ese tipo, pese a declaraciones públicas en las que diversos funcionarios capitalinos se refieren a dicho programa.

A partir de la fecha referida, las delegaciones Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo han clausurado en conjunto seis sucursales bancarias, pero no por cuestiones de seguridad, sino por razones diversas, como que una sucursal de Bancrecer que ocupa un inmueble en el que antes se vendían chiles secos.

Inicialmente, Bancomer interpuso ante el juzgado cuatro de distrito en materia administrativa un recurso de amparo en contra de dicha ley, y obtuvo la suspensión en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ante posibles "acuerdos, órdenes y resoluciones tendentes" al cumplimiento de la Ley de Establecimientos Mercantiles, y también en contra del programa de revisión, inspección, verificación y auditoría "a las sucursales bancarias, oficinas y cajeros automáticos" que dieran lugar a su clausura.

El argumento central de la institución bancaria fue que la legislación capitalina viola la Constitución, porque la Asamblea Legislativa del Distrito Federal "carece de facultad y competencia para emitir y expedir reformas legales que indebidamente consideran a las instituciones bancarias como sujetos de la legislación local" y que además, le imponen "de forma arbitraria e indebida obligaciones, cargas y posibles sanciones".

Argumentaron que la intención de revisar, sancionar y clausurar las sucursales "pone en peligro el secreto bancario, la reserva y la discreción que opera en estos casos, además de vulnerar las garantías de legalidad y seguridad jurídicas que tutela la Constitución mexicana".

En respuesta a la demanda, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, respondieron los días 29 y 30 de mayo:

"Se niegan los actos que se le reclaman (el programa de verificación de sucursales bancarias), el acto reclamado no es cierto, en razón de que los suscritos no hemos emitido ninguna orden o cualquier otra disposición tendente a vulnerar o restringir las garantías individuales del quejoso".

Respuesta similar fue la de los delegados políticos de Venustiano Carranza, Benito Juárez, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Tláhuac, Milpa Alta, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa e Iztacalco, quienes subrayaron que era "inexistente" dicho programa de verificación.

Cabe señalar que las otras delegaciones políticas (Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Azcapotzalco y Cuauhtémoc), también fueron emplazadas, pero en el expediente de la causa no constan sus respuestas. Aunque fuentes cercanas a Bancomer precisaron que también estas delegaciones negaron los hechos.

Sobre el particular, el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su oportunidad que mientras no exista una resolución del Poder Judicial, el gobierno capitalino "mantendrá los operativos para verificar las medidas de seguridad en las mil 300 sucursales bancarias de la ciudad".

Mientras que el titular de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, dijo días después que los banqueros tienen de plazo hasta el 2 de agosto próximo para cumplir con la Ley de Establecimientos Mercantiles o de lo contrario continuará el cierre de bancos. "La ley está aprobada y los señores de la banca no tienen de otra más que cumplir".

Días después, el gobierno capitalino respondió al juzgado cuarto administrativo que no había operativo alguno al respecto.

El 23 de mayo pasado, el juez cuarto dictaminó la suspensión provisional a favor de Bancomer con relación a la ley referida, y quedó pendiente lo relativo al programa de verificación.

Sin embargo, las autoridades capitalinas impugnaron la decisión ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual determinó que, aun cuando el programa de verificación no había tenido lugar -según las autoridades-, en caso de que no se hubiera otorgado la suspensión provisional solicitada, "podrían haberse causado daños y perjuicios de difícil reparación al permitir a las autoridades capitalinas la posibilidad de decretar clausuras de las sucursales, lo que impediría el funcionamiento del servicio público de banca y crédito, el uso de cajeros automáticos, la disposición de efectivo, documentos o la entrega de información o claves de acceso protegidas por el secreto bancario."

Respecto a la posible aplicación del programa de verificación, Bancomer presentó ante el Tribunal una orden de visita de verificación extraordinaria con fecha 21 de mayo del 2002, expedida por la directora general jurídica y de gobierno de la delegación Iztacalco, por lo que los magistrados determinaron que "la autoridad aplicó entre otros ordenamientos las normas cuya constitucionalidad se reclama en la demanda de garantías". Por esa razón, ratificó la suspensión provisional a favor de Bancomer en contra de la referida legislación y actos de aplicación, mientras se resuelve el amparo definitivo en la materia.