Irritación ante el posible conflicto de intereses por parte de Fernández de Cevallos

Piden legisladores investigar si en el caso SRA hubo tráfico de influencias

Advierten que no aprobarán recursos adicionales ni recortar programas en esa dependencia

ROBERTO GARDUÑO Y ANDREA BECERRIL

Las revelaciones sobre el posible conflicto de intereses en que ha incurrido de nueva cuenta el panista Diego Fernández de Cevallos provocaron irritación entre legisladores de todas las fuerzas de oposición. Hubo una exigencia general de que se investigue si hubo tráfico de influencias en el fallo por el que se obliga a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a pagar una indemnización millonaria a un particular, cliente del bufete jurídico del también presidente de la mesa directiva del Senado.

Legisladores de PRI, PRD y PT coincidieron asimismo en que no aprobarán recursos adicionales a la Reforma Agraria y menos la cancelación de sus programas, sobre todo para pagar indemnizaciones ''tramposas o truculentas'', que están en entredicho.

Las fracciones del PRD en ambas cámaras siguen la pista a otros legisladores que también han sido responsabilizados de conflicto de intereses, entre ellos el diputado priísta Salvador Rocha Díaz y el senador panista Fauzi Hamdan, quienes combinan su responsabilidad en el Congreso con los litigios que llevan en sus despachos de abogados. La discusión se llevará la próxima semana ante el pleno de la Comisión Permanente.

Yo ya me excusé...

Ayer, la atención se centró en Fernández de Cevallos, quien llegó muy temprano a presidir la sesión e insistió en que no tiene ningún conflicto de intereses, porque desde que el asunto llegó al Senado ''suscribí un oficio excusándome de conocer ese negocio''.

Desafiante, señaló que no va a modificar su conducta, pese a lo que digan sus detractores. ''Se trata de una sentencia judicial y punto. Yo no confundo mi trabajo profesional con mi desempeño político, de tal suerte que estoy acostumbrado a ganar los asuntos en los juzgados, no en la tribuna del Senado, ni en los medios de comunicación.''

-ƑCómo va a enfrentar el trámite en el Congreso, la solicitud de Hacienda para que se den recursos a la SRA y pueda pagar más de su presupuesto?

-Lo que he hecho siempre: inhibirme del conocimiento de ese asunto, porque tuve conocimiento del mismo desde antes de ser senador. Y quiero decir algo a mis detractores: yo someto mi comportamiento de abogado a lo que me dicta mi conciencia y a lo que marca la ley, no a lo que diga el resentimiento, el complejo o la mediocridad de mis adversarios, de tal suerte que no voy a modificar nada de mi conducta, y de ese asunto no tengo nada que comentar a nadie en el Senado.

-Como legislador, Ƒcómo responderá a Hacienda?

-Si he manifestado que tengo una participación en representación de una de las partes, y que me he excusado y me he inhibido de conocer del mismo, su pregunta no resulta procedente; lo único que tengo que hacer es no conocer del caso, precisamente para que no se dé el conflicto de intereses, la violación a la ley y la violación a la ética.

El vicecoordinador perredista en el Senado, Demetrio Sodi, consideró inaceptable que un legislador pueda simultáneamente dedicarse a negocios personales. ''Aquí en el Congreso hay compañeros que por la mañana defienden al Estado y por las tardes se van a sus despachos a cobrarle al Estado.'' Eso no puede continuar, dijo, porque no se puede servir a dos amos. O se dedican a la vida pública o a la privada.

Agregó que ello no está prohibido y Fernández de Cevallos no está incurriendo en ningún delito, pero no es ni ética ni moralmente aceptable. ''No se vale que por la mañana legisle y por la tarde, aprovechando lo que sé, mis abogados encuentren los hoyos de la legislación para demandar al propio Estado, al que teóricamente pertenezco.''

Igualmente, el diputado priísta Augusto Gómez Villanueva deploró que no exista un código de ética que señale las responsabilidades en que incurre un legislador que use su influencia política para llevar a cabo negocios personales. Advirtió, sin embargo, que en el Congreso se debe discutir a fondo ese asunto ''tan incómodo y escandaloso, porque tiene que ver con el despacho de un litigante, que es al mismo tiempo presidente de la mesa directiva del Senado y de la Comisión Permanente'' .

Un punto a investigar, insistió, es por qué la premura de Hacienda al instar al Congreso a aprobar que se cancelen programas a la SRA o una partida presupuestal extra por más de mil 274 millones de pesos, para que la dependencia pague.

Se tiene que investigar, dijo, por qué una indemnización tan alta a un particular, mientras hay cientos de resoluciones a favor de campesinos sin concretar.

Igualmente, el senador del PRI Oscar Cantón Zetina resaltó que no es casual ni la primera ocasión en que Fernández de Cevallos se ve involucrado en cuestiones que no quedan legalmente aclaradas, como aquel negocio en Punta Diamante o su reciente intervención en uno de los juicios más cuantiosos contra lo que fue Banco del Atlántico, que había ganado una viuda, pero la intervención del despacho del panista le dio una voltereta a la resolución inicial y se ha concedido la razón a la institución financiera.

El único legislador que ayer salió en defensa de Fernández de Cevallos fue el diputado del PAN Alejandro Zapata Perogordo, quien dijo que la resolución judicial data de 1992, ''y yo no sé si Diego tiene diez años trabajando en el asunto o le cayó ahora''.

Por su parte, el diputado del PT, Félix Castellanos, dijo que Hacienda ''debe explicar a los legisladores por qué avala un hecho tan nefasto como el pago de esa millonaria indemnización, cuando todos saben que el legislador queretano está incurriendo en conflicto de intereses y tráfico de influencias''.